South Bulletin 97 (9 feb. 2017)

Las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump inquietan a los países en desarrollo

Aunque las primeras semanas de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos han sacudido al mundo entero, los más afectados serán los países en desarrollo.  El director ejecutivo del Centro del Sur examina en este artículo las repercusiones de las primeras políticas adoptadas por el presidente estadounidense como las restricciones a la entrada de refugiados, la amenaza de recortar la financiación a organizaciones como las Naciones Unidas, el cambio radical en cuestiones relacionadas con el medioambiente y el cambio climático y la nueva orientación hacia el proteccionismo en áreas como el comercio y las inversiones.

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Las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump inquietan a los países en desarrollo

Aunque las primeras semanas de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos han sacudido al mundo entero, los más afectados serán los países en desarrollo. El director ejecutivo del Centro del Sur examina en este artículo las repercusiones de las primeras políticas adoptadas por el presidente estadounidense como las restricciones a la entrada de refugiados, la amenaza de recortar la financiación a organizaciones como las Naciones Unidas, el cambio radical en cuestiones relacionadas con el medioambiente y el cambio climático y la nueva orientación hacia el proteccionismo en áreas como el comercio y las inversiones.


Por Martin Khor

Los primeros días de la presidencia de Donald Trump indican que piensa poner en práctica sus promesas, lo cual tiene consecuencias graves para el futuro de las Naciones Unidas, el comercio, el medioambiente y la cooperación internacional y afecta sobre todo a los países en desarrollo.

Las ilusiones de quienes pensaban que después de la toma de posesión de Trump su estilo sería el de un estadista y sus políticas moderadas, se esfumaron cuando el nuevo presidente de los Estados Unidos tomó las primeras medidas para cumplir sus promesas de campaña.

El mundo y el orden mundial deben estar preparados para las graves conmociones que se avecinan,  pues todo será muy diferente.  Mientras que otros países poderosos podrán tomar represalias y contraatacar cuando el presidente Trump aseste un golpe, los países en desarrollo no tendrán los medios para hacerlo y quizás sean los más perjudicados.

Ni los amigos cercanos de los Estados Unidos saldrán indemnes. Trump ha ordenado la pronta construcción de un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. Por si esto fuera poco, le ha pedido a México que pague el muro y ha amenazado con gravar con un 20 % los productos mexicanos para financiarlo. Además, ha puesto trabas a la deslocalización de empresas estadounidenses en México.

Como es de esperar, los mexicanos están indignados y el presidente mexicano, que tenía previsto viajar a Washington, canceló su viaje.  Si México, que ha sido uno de los principales aliados de los Estados Unidos, ha sido tratado de este modo, ¿podrán otros países evitar ser blanco de sus ataques?

El decreto firmado por Trump para prohibir la entrada de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, incluso a aquellos titulares de un permiso de residencia (green card) o que trabajen en los Estados Unidos, con el argumento de que podrían suponer una amenaza para la seguridad nacional, ha provocado no solo la ira de los países afectados sino que ha generado incertidumbre entre nacionales de otros países en desarrollo que temen que estas medidas puedan aplicarse a ellos en el futuro.

El decreto también suspende la entrada de refugiados en los Estados Unidos. De convertirse en una medida permanente, esta medida supondría el fin de una larga tradición de los Estados Unidos (y de otros países occidentales) de acoger un número limitado de personas que huyen de países en conflicto.  En algunos de estos países, los problemas que obligaron a los refugiados a emigrar son el resultado de la intervención y la injerencia de los Estados Unidos y sus aliados occidentales.

También son preocupantes las señales de que los Estados Unidos están planteando una nueva visión de la cooperación internacional. Según un informe del New York Times se están preparando dos decretos para minimizar el papel de los Estados Unidos en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Uno de los proyectos de decreto prevé un recorte de al menos un 40 % de la financiación para las organizaciones internacionales y dejar de financiar los organismos internacionales que reúnan determinados criterios.

El otro proyecto de decreto prevé un examen de todos los acuerdos, vigentes y pendientes, y recomendaciones sobre las negociaciones y tratados que los Estados Unidos deberían abandonar.

Según The New York Times, los recortes que traería consigo la firma de estos decretos minarían considerablemente la labor de los organismos de las Naciones Unidas que dependen de los miles de millones de dólares de las contribuciones de este país. El artículo de The New York Times señala que la firma de ambos decretos da a entender que Trump pretende cumplir sus promesas de campaña de retirar a los Estados Unidos de las organizaciones internacionales. Ya antes ha manifestado un gran escepticismo sobre acuerdos multilaterales como el Acuerdo de París de las Naciones Unidas.

Los Estados Unidos han sido los principales impulsores del sistema de relaciones internacionales posterior a la Segunda Guerra Mundial organizado en torno a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han sido fundamentales como foro universal de discusión y cooperación internacional, en particular en cuanto al mantenimiento de la paz y a cuestiones económicas y sociales.

Las Naciones Unidas reúnen a los dirigentes y representantes de casi todos los países en reuniones y conferencias que dan lugar a resoluciones y declaraciones sobre una gran variedad de asuntos de actualidad.  Sus organismos apoyan la formulación de políticas y la adopción de medidas nacionales e internacionales en materia de desarrollo económico, salud, alimentación, medioambiente, derechos humanos, cultura y educación, desastres naturales y refugiados.

Las Naciones Unidas vienen desempeñando un papel decisivo al crear un espacio para que los países en desarrollo expresen sus opiniones y participen en la toma de decisiones sobre asuntos internacionales. Los organismos de las Naciones Unidas han brindado recursos y apoyo a los países en desarrollo a fin de fomentar la capacidad nacional para el logro del desarrollo económico y social, así como para la prevención y la gestión de conflictos políticos.

No cabe duda de que las Naciones Unidas necesitan mejorar, en particular, democratizando el Consejo de Seguridad y otorgándoles mayor voz a los países en desarrollo, en especial en cuestiones económicas y financieras sobre las cuales las decisiones suelen ser tomadas por unos cuantos países poderosos y fuera del ámbito de las Naciones Unidas.

Sin embargo, denigrar el papel de las Naciones Unidas y reducir la financiación de sus actividades debilitaría significativamente  el espíritu y la sustancia de la cooperación internacional en detrimento, especialmente, de los países en desarrollo.

Otro problema que podría avecinarse es que el presidente Trump parece dispuesto a dar un vuelco total a las políticas ambientales actuales de los Estados Unidos. Esto tendría graves efectos para el mundo, no solo en lo que respecta al medioambiente en sí, sino también a un retroceso en los esfuerzos mundiales por hacer frente a numerosos problemas ambientales.

Un día después de la toma de posesión del presidente Trump, desaparecieron del sitio web de la Casa Blanca las páginas y referencias al cambio climático. Al parecer, el presidente ordenó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos quitar de su sitio web la sección sobre cambio climático, aunque la orden no se ha cumplido. Se ha prohibido a los funcionarios de la EPA publicar comunicados de prensa o nuevos estudios científicos y se han suspendido las subvenciones a la investigación.

Se han resucitado dos proyectos de envergadura, los oleoductos de Keystone XL y Dakota Access,  frenados durante la presidencia de Barack Obama por razones medioambientales y sociales. También ha sido criticada la Ley para la energía limpia (Clean Power Act), una de las medidas clave de Obama para hacer frente al cambio climático.

Todo esto ha tenido lugar incluso antes de que se posesione el nuevo director de la EPA elegido por Trump, el fiscal general del estado de Oklahoma, Scott Pruitt, conocido por haber demandado a la EPA 14 veces.  Según The New York Times, la elección de Pruitt refleja la determinación de Trump a echar por tierra los esfuerzos del presidente Obama de combatir el cambio climático y prácticamente a acabar con la misma EPA.

Este vuelco en materia de políticas va en detrimento de las iniciativas internacionales para combatir la crisis medioambiental mundial.  En particular, harán mella en los largos años de trabajo colectivo para concertar medidas contra el cambio climático ya que se espera que los Estados Unidos muestren el ejemplo de que los países desarrollados toman en serio las medias nacionales sobre el clima y que están comprometidos a proporcionarles a los países en desarrollo asistencia financiera relacionada con el cambio climático.

Aún no se sabe si los Estados Unidos seguirán formando parte del Acuerdo de París o incluso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), pero su salida de cualquiera de los dos sería desastrosa.

En cambio, es de esperar que bajo el Gobierno de Trump los Estados Unidos dejen de contribuir a la financiación del Fondo Verde para el Clima (FVC), al que Obama prometió inicialmente 3 000 millones, de los cuales entregó 1 000.  Tampoco se sabe si, en caso de que los Estados Unidos lleguen a retirarse de los acuerdos, los demás países aumentarán su financiación para compensar las pérdidas ocasionadas por los Estados Unidos o si por el contrario, disminuirán su parte y dejen sumido al FVC en un mar de incertidumbre.

Otra medida importantes que ha tomado Trump es sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Había prometido hacerlo, pero cuando lo hizo en su primer día como presidente, la medida no dejó de causar sorpresa.

En un principio Australia y Nueva Zelanda intentaron lograr que los otros 11 países signatarios prometieran seguir haciendo que el TPP entrara en vigor,  pero no contaron con el apoyo suficiente: el Japón y el Canadá afirmaron sin rodeos que sin los Estados Unidos el TPP no tiene sentido ni puede seguir adelante.

Puede decirse entonces que el TPP ha muerto. Incluso aunque en el futuro Trump o su sucesor cambien de opinión, la percepción general sobre el TPP es tan negativa que es poco probable que el Congreso llegue a aprobarlo.

Más importante que la medida misma, es su significado como símbolo de un nuevo planteamiento de los Estados Unidos en materia comercial. El TPP favorecía los intereses de los Estados Unidos de muchas maneras. Desde el punto de vista de los aspectos comerciales, los Estados Unidos tienen aranceles más bajos que sus interlocutores de países en desarrollo con los que no tenían entonces un acuerdo comercial, por lo que saldrían beneficiados en lo que respecta a la balanza comercial.

Desde el punto de vista de los aspectos no comerciales, con el TPP, defendido por los Estados Unidos bajo el Gobierno de Obama, las empresas estadounidenses se habrían beneficiado en las áreas de la propiedad intelectual, la inversión, la contratación pública y las empresas estatales.

Sin embargo, el TPP era impopular en el país porque se consideraba que cualesquiera fueran los beneficios para los Estados Unidos, estos irían a parar a manos de las empresas y de las élites y la clase media afrontaría problemas como la posible pérdida de empleos por las importaciones baratas y la deslocalización de las fábricas en el extranjero.

Para los países en desarrollo miembros del TPP la muerte del tratado supone la pérdida de la oportunidad de obtener un mayor acceso al mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, también supone la oportunidad de evitar asumir obligaciones excesivas en materia de inversiones, propiedad intelectual, empresas estatales, entre otros.

La medida de Trump en lo que respecta al TPP es el preludio de otras políticas comerciales que desplegará pronto para poner en práctica su estrategia de «los Estados Unidos primero», acompañada de eslóganes para comprar productos estadounidenses y contratar empleados estadounidenses.

Entre las medidas propuestas en este sentido está la imposición de aranceles más altos o de «impuestos ajustados en la frontera» sobre productos provenientes de países con los que los Estados Unidos tienen déficit comercial comenzando por China y México; incentivos fiscales para las empresas exportadoras; impuestos para castigar a las empresas estadounidenses en el extranjero que exportan sus productos a los Estados Unidos y exigir que las empresas que obtengan contratos gubernamentales de infraestructura, entre otros, deban usar productos fabricados en los Estados Unidos.

Muchos países en desarrollo cuyas exportaciones dependen de los Estados Unidos y que actualmente acogen empresas estadounidenses o esperan atraer inversiones de este país, se verán perjudicados por estas políticas, que en su conjunto indican el inicio de una nueva era de proteccionismo comercial. Con esta nueva era vendrá el fin de las políticas de liberalización del comercio y de las inversiones defendidas por los Estados Unidos.

Trump anunció igualmente que planea entablar la negociación de acuerdos bilaterales directamente con cada país en lugar de negociar acuerdos comerciales regionales o plurilaterales. Si su objetivo es promover los intereses de las empresas estadounidenses incluso más de lo que se conseguía con los anteriores acuerdos de libre comercio, quizás su posición en las negociaciones sea la de maximizar las exportaciones de los Estados Unidos hacia sus países socios y a la vez minimizar las importaciones de estos países y presionarlos para que acepten disposiciones sobre inversiones, servicios, propiedad intelectual, adquisiciones, empresas estatales y otras cuestiones incluso más estrictas de las previstas por el TPP.

Otros países desarrollados como el Japón y el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea (UE), podrían estar interesados en entablar negociaciones con los Estados Unidos bajo este nuevo modelo con el fin de obtener beneficios mutuos. Aún está por verse si habrá países en desarrollo dispuestos a suscribir unos acuerdos bilaterales que posiblemente solo beneficien a la otra parte.

Cabe preguntarse asimismo si las reglas del sistema comercial multilateral lograrán detener a la nueva Administración de los Estados Unidos. Probablemente muchas de las nuevas políticas anunciadas por Trump o su equipo (como el aumento de los impuestos y aranceles sobre los productos chinos y mexicanos o los impuestos a las empresas estadounidenses que exporten a los Estados Unidos) son contrarias a uno u otro de los acuerdos suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Incluso aunque la Administración de Trump haga algunos ajustes a las medidas para que estén en conformidad con las reglas de la OMC, seguramente serán impugnadas por otros miembros de la OMC.  Si los grupos especiales de la OMC se pronuncian en contra de los Estados Unidos, ¿acatará este país las decisiones o por el contrario, desatará su ira contra la OMC y su sistema?

Entretanto los Miembros de la OMC están a la expectativa de conocer la posición del nuevo equipo comercial de los Estados Unidos en las negociaciones en curso de la OMC en Ginebra (Suiza).

Dado que su promesa de campaña fue acabar con el poder establecido, y que pretende cumplirla, los dirigentes y pueblos de todo el mundo, y en particular de los países en desarrollo por ser los más vulnerables, deben estar preparados para las nuevas y fuertes perturbaciones que se avecinan.

 

 

Martin Khor is the Executive Director of the South Centre.

Contact: director(at)southcentre.int

 

La política comercial y el proteccionismo en la era de Trump

Es casi seguro que con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos aumentará considerablemente el proteccionismo comercial y se optará por un planteamiento diferente de los acuerdos de libre comercio, probablemente aún peor que los acuerdos vigentes. Por consiguiente, los países en desarrollo deberían replantearse sus propias políticas sobre el comercio y sobre los acuerdos comerciales.


Por Martin Khor

¿Qué política comercial adoptará Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump? Se trata de una cuestión candente, ya que Trump ha hecho heterodoxas declaraciones en lo que se refiere a cuestiones comerciales durante y después de la campaña electoral. Si actúa de acuerdo con siquiera algunas de las posturas que manifestó, la política comercial de los Estados Unidos y, probablemente, del resto del mundo dará, un giro de 180º.

Unas cuantas semanas después de asumir la presidencia, Trump ya ha tomado algunas medidas comerciales. Por ejemplo, ha cumplido su promesa de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y se prepara para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdos a los que tachó de desastrosos para su país. Probablemente, se hacía eco de la queja de que, en los últimos años, la destrucción masiva de empleo en el sector secundario en los Estados Unidos se debía a los acuerdos de libre comercio y a la deslocalización de empresas estadounidenses en el extranjero. También achaca el enorme déficit comercial estadounidense a los acuerdos comerciales.

Sin embargo, la mayoría de los economistas no comparten este punto de vista  pues consideran que la pérdida de puestos de trabajo en los Estados Unidos se debe, principalmente, a la evolución tecnológica.  Sin embargo, el notorio cierre de fábricas en algunos sectores y áreas debido a la competencia frente a los productos importados avivó la campaña contra los acuerdos de libre comercio.

Existen miedos fundados de que el eslogan de Trump «los Estados Unidos primero» (Put America First), en lo que respecta al comercio, conducirá a un auge del proteccionismo comercial.

Trump ha amenazado con aumentar los aranceles o imponer un «ajuste fiscal en la frontera» sobre los productos importados de China (un 45 %) y México (un 20 %). En la campaña electoral, acusó a China de ser una nación «manipuladora de divisas». Si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos califica así a un país, podría haber motivos fundados, en virtud de la legislación estadounidense, para la imposición de nuevos aranceles a sus productos.

El presidente Barack Obama sufrió presiones de numerosos miembros del Congreso y de economistas justamente para llevarla a cabo; no obstante, tuvo la perspicacia de no hacerlo al darse cuenta de que ello desencadenaría una cruenta guerra comercial con China.

Cabe la posibilidad de que Trump se retracte de su postura populista durante su mandato. Para empezar, la divisa china no se ha devaluado y, hoy en día, el Gobierno chino está tratando de evitar (y no fomentar) que la divisa se siga devaluando.

En segundo lugar, tomar medidas en materia de comercio contra China por razones monetarias contravendría las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que China estaría en disposición de iniciar un proceso judicial contra los Estados Unidos ante dicha organización por tales medidas.

Por último, China ha advertido de que habría represalias si los Estados Unidos llegasen a adoptar medidas proteccionistas. En un artículo que publicó el Global Times de Beijing, se puntualizó que, en tal caso, China cancelaría su pedido de aviones Boeing, restringiría la venta de automóviles e iPhones estadounidenses en su mercado y pondría fin a las importaciones de soja y maíz, de modo que varios sectores de la industria estadounidense se verían perjudicados.

En lugar de aranceles, Trump podría imponer un ajuste fiscal en la frontera como parte de las reformas propuestas al impuesto sobre las sociedades.  Esta medida tendía un efecto similar a la imposición de un arancel (se estima que será de un 20 %) sobre los productos importados por las empresas. En cambio, prevé otorgar exenciones arancelarias equivalentes a un subsidio sobre los bienes exportados por las empresas. Es decir, la medida equivaldría a imponer aranceles sobre las importaciones y a otorgar subvenciones a las exportaciones, lo cual generaría oposición e impulsaría a otros países a entablar procesos judiciales contra los Estados Unidos.

La Administración de Trump parece dispuesta a tomar más medidas comerciales correctivas aplicables a una serie de productos importados de China y otros países, al argumentar que son objeto de competencia desleal (dumping) o que reciben subvenciones desleales.

Existen lagunas en la normativa de la OMC en materia de medidas comerciales correctivas que se han aprovechado para crear una armadura proteccionista tras la que escudarse con frecuencia. Un país puede imponer elevados aranceles a una mercancía procedente de otro país argumentando que se su precio es artificialmente bajo y que dicha mercancía ha sido objeto de dumping (se ha exportado a un precio inferior al precio nacional) o se ha beneficiado de subvenciones estatales desleales.

Sin embargo, si el país exportador presenta una demanda y el grupo especial de la OMC determina que las medidas eran improcedentes, no se impondrán sanciones al país infractor, al que solo se le pedirá que elimine el arancel en cuestión. En cambio, para la parte perjudicada, esto supone la pérdida, durante muchos años, de ingresos provenientes de la exportación. Además, pueden adoptarse esas mismas medidas contra el mismo país y perpetuarse así la protección.

Durante la presidencia de Trump, puede que se recurra con mayor frecuencia a estas medidas comerciales correctivas, sobre todo si se le ha desaconsejado que opte por levantar abiertamente un muro arancelario infranqueable.

No obstante, esto puede traer consigo medidas del mismo estilo, que busquen la revancha del ojo por ojo, diente por diente, por parte de los países afectados, lo que daría lugar a un círculo vicioso proteccionista a escala mundial,  algo que no convendría a nadie.

También se prevé que la presidencia de Trump marque un antes y un después en la concepción estadounidense (y posiblemente en la de otros países) de los acuerdos de libre comercio.  La objeción de Trump al TPP y al TLCAN parece nacer de la cuestión del comercio de mercancías, puesto que el modelo de estos acuerdos parece beneficiar a las exportaciones de los países asociados en detrimento de los Estados Unidos.

Así pues, Trump declaró que «negociaría acuerdos bilaterales justos que permitiesen recuperar puestos de trabajo y trajeran a las empresas de vuelta», algo que tiene visos de neomercantilismo y va en contra del principio de libre comercio, pero que sigue la línea de ese populismo de «los Estados Unidos primero» que lo ayudó a alcanzar el poder.

Si la política estadounidense sigue este rumbo, ¿cómo impedir que otros países actúen del mismo modo?  El «libre comercio» o el «comercio justo» se interpretarán de la forma que más les convenga y muchas de las normas actuales tendrán que dejar de aplicarse.

Con todo, los acuerdos de libre comercio abarcan otras esferas además del comercio y se han ganado una mala reputación en la sociedad estadounidense, además de en otros países, no solo debido a la amenaza de las importaciones a precios bajos que acaban copando el mercado de los productores locales, sino también por cuestiones no relacionadas con el comercio que se incluyen en los acuerdos más recientes, tanto en los concluidos entre países desarrollados, como en los celebrados entre países desarrollados y países en desarrollo. Muchas de estas cuestiones favorecen a las grandes empresas en detrimento de los Estados y de los consumidores.

Una de estas cuestiones es la de las normas de inversión encaminadas a liberalizar las inversiones extranjeras y los flujos financieros, en las que se contempla una sección especialmente polémica: el derecho de los inversores extranjeros a recurrir a la vía judicial e interponer demandas contra el Gobierno del país receptor ante un tribunal internacional (conocido como sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE)).

Otra cuestión es la consolidación de la normativa en materia de propiedad intelectual, que favorece a las empresas multinacionales en detrimento de los consumidores locales.  Una de las consecuencias más impopulares es el incremento desorbitado del coste de ciertos medicamentos patentados, dado que la competencia que les hacían los medicamentos genéricos, más baratos, ha decrecido.

También cabe mencionar la apertura de la contratación pública a empresas extranjeras en lo que se refiere al trato nacional, que supone una reducción de la participación de las empresas locales en este vasto sector; la liberalización del sector de los servicios, que, en el caso de varios países, puede influir en el coste de los servicios básicos que normalmente presta el Estado; y, en virtud de los acuerdos de libre comercio más recientes, la aplicación de nuevas normas que imponen restricciones a las operaciones de las empresas estatales.

La estructura de este tipo de acuerdos de libre comercio Norte-Sur es desfavorable, sobre todo, para los países en desarrollo.  Si bien un país en desarrollo logra obtener algunos beneficios de los acuerdos de libre comercio desde una perspectiva comercial por medio de un mejor acceso al mercado del país desarrollado, sus empresas y granjas pueden verse perjudicadas por las importaciones más baratas. Generalmente, las cuestiones no relacionadas con el comercio van en contra de sus intereses puesto que los países desarrollados (y sus empresas) tienen una economía más sólida y juegan con ventaja en ámbitos como la inversión, la propiedad intelectual, los servicios y la contratación.

A pesar de todo, los grupos de la sociedad civil de los países desarrollados también consideran que las cuestiones no relacionadas con el comercio con contrarias al interés público.  Por ejemplo, el SCIE socava la capacidad de estos países para establecer su propia política medioambiental y de salud; asimismo, las normas en materia de propiedad intelectual, cada vez más restrictivas, dificultan el acceso de los consumidores a los medicamentos y al conocimiento en estos países avanzados.  En  cuanto a las cuestiones relacionadas con el comercio, los grupos de la sociedad civil también culpan a los acuerdos de libre comercio del flujo de importaciones baratas que llevan al cierre de fábricas y provocan la pérdida de empleos.  Por consiguiente, estos acuerdos de libre comercio modernos se han  vuelto muy impopulares en los Estados Unidos, Europa y otros países desarrollados.

En virtud de los acuerdos de libre comercio más recientes, las cuestiones y ámbitos delicados, que solían ser competencia de los Gobiernos nacionales, están sujetos ahora a nuevas e intrusivas normas que restringen el margen de maniobra del que los países (tanto en el Norte como en el Sur) disponen para establecer sus propias políticas.

Tanto las cuestiones comerciales como las no relacionadas con el comercio han convertido a los «acuerdos comerciales» en instrumentos de lo más polémicos. Los grupos de la sociedad civil de los países en desarrollo han manifestado, no sin preocupación, que tanto el interés público como la soberanía nacional se están viendo socavados.

A su vez, en países desarrollados como los Estados Unidos, el Canadá, Australia, Nueva Zelandia, el Japón y los países europeos, los ciudadanos se han sentido decepcionados o incluso indignados por los efectos de estos acuerdos de libre comercio que sus Gobiernos han firmado o promovido.

El movimiento anti acuerdos de libre comercio tuvo tal repercusión en los Estados Unidos que ayudó a Bernie Sanders a obtener un excelente —e insólito— resultado en las elecciones demócratas primarias, presionó a Hillary Clinton para que manifestase su oposición al TPP y permitió que Donald Trump se montase en este tren y se sumase a ese sentimiento «anticomercio» en la campaña electoral.

El énfasis puesto en la política comercial durante y después de las elecciones estadounidenses es un buen punto de partida para determinar qué es conforme al interés público en el ámbito de dichos acuerdos comerciales y qué no.

No cabe duda de que los acuerdos comerciales han acabado abarcando demasiadas esferas que no les competen, puesto que, en un principio, dichos acuerdos se diseñaron para regular el comercio de mercancías.

Por ejemplo, hay una explicación y una lógica detrás de los principios de «no discriminación» y de «trato nacional», que se aplican en el comercio de mercancías entre países, pero, aun así, se ha suscitado un debate sobre si las condiciones a las que se encuentra sometida la aplicación de estos principios aporta beneficios comerciales mutuos.

A menudo, estos mismos principios y el modelo de los acuerdos son inadecuados cuando se trata de cuestiones no comerciales para las que no fueron concebidos. Elaborar normas sustentadas en estos principios e integrarlas en los acuerdos comerciales puede generar desequilibrios y provocar resultados dispares entre los países asociados o, incluso, consecuencias adversas para todos ellos.

Sin embargo, en los últimos años, el alcance de los acuerdos comerciales se ha extendido abarcando cada vez más esferas —a las que se venían aplicando los principios comerciales originarios— lo que ha provocado cada vez mayor discordia y desaprobación.

El ambicioso contenido de los acuerdos de libre comercio es culpable de la mala fama del comercio y de la confusión general que existe entre comercio, política comercial y acuerdos comerciales.  Mucha gente descontenta con los acuerdos comerciales encuentra en el comercio propiamente dicho una fuente de insatisfacción, de modo que los beneficios que aporta acaban confundiéndose y siendo engullidos por las polémicas cuestiones no comerciales, por lo que también se acaba condenando al comercio.

Ahora que la presidencia de Trump es un hecho, es fundamental dejar clara la diferencia entre comercio y acuerdos comerciales, además de pasar revista a todo lo relativo a políticas comerciales.

De este modo, podría lograrse la elaboración de acuerdos que ofrezcan beneficios mutuos en lo relativo al comercio para todos los asociados, si bien para ello hay que eliminar las cuestiones no comerciales del programa, algo que podría integrarse en una agenda del comercio favorable al desarrollo de mayor envergadura.

Aun así, no parece que estos acuerdos sean los que tiene en mente el gabinete de Trump. El peligro reside en que los acuerdos que se celebren bajo la Administración de Trump pueden ser incluso peores que los acuerdos vigentes.

Corremos el riesgo de entrar en una nueva era en la que los Estados Unidos, y quizá otros países desarrollados, estén tentados de promover un proteccionismo comercial extremo y o bien mantengan o desarrollen las polémicas cuestiones no comerciales en la agenda del comercio, puesto que redundan en beneficio de sus empresas.

Quizá esto resulte en un nuevo tipo de acuerdos de «los Estados Unidos primero» mediante los cuales la Administración de Trump logre restringir las importaciones e impulsar las exportaciones de los Estados Unidos, lo que reduciría los beneficios comerciales de sus asociados a la vez que se consolidan las normas sobre cuestiones no comerciales tales como la propiedad intelectual y se liberalizan los servicios financieros en beneficio de las empresas estadounidenses y en detrimento de los intereses de los países asociados.

Esta sería la peor opción, al menos para los países en desarrollo.

Por ende, es de crucial importancia que los responsables de elaborar políticas y los intelectuales de los países en desarrollo se replanteen qué modelo de política comercial sería conveniente para un desempeño positivo de su balanza comercial y qué tipo de acuerdos cabría celebrar y cuáles convendría evitar.

Es hora de replantearse el papel que desempeña la OMC y recalcar que urge establecer un sistema de comercio multilateral equilibrado favorable al desarrollo.  Si la OMC lograse conformar un sistema tan idóneo —lo que es extremadamente complicado— no habría necesidad, o al menos no tanta, de recurrir a acuerdos comerciales bilaterales.

 

Las repercusiones de las medidas legislativas y de los acuerdos de comercio e inversión en la reestructuración de la deuda soberana

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) organizó una reunión paralela en el marco de la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 26 de octubre de 2016 sobre la reestructuración de la deuda soberana y las conclusiones extraídas de las medidas legislativas que han adoptado algunos países y otras iniciativas oportunas para reducir la vulnerabilidad de los Estados soberanos frente a los acreedores inflexibles o holdouts.

La asesora especial en materia de economía y financiación para el desarrollo del Centro del Sur, Yuefen Li, participó en calidad de panelista y advirtió a los Estados miembros de las Naciones Unidas de los problemas legislativos actuales a los que se enfrentan en lo que respecta tanto a la reestructuración de la deuda soberana como a la repercusión de los acuerdos de comercio y de inversión bilaterales y plurilaterales. A continuación reproducimos su presentación.


Por Yuefen Li

Medidas nacionales e internacionales: conclusiones

Si bien la principal causa de la reciente crisis financiera fue el endeudamiento excesivo, hasta ahora la solución a la crisis ha consistido fundamentalmente en la creación de más deuda. Debido al escaso dinamismo de la demanda, la disminución del comercio internacional y el fin del super ciclo de las materias primas, las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos de inversión, entre otros, han lanzado numerosas advertencias sobre la creciente vulnerabilidad a la que se exponen países con diferentes niveles de ingresos para mantener la sostenibilidad de la deuda. En el contexto actual, se considera cada vez más que el eslabón que falta en la cadena financiera internacional es un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana. Sin embargo, la adopción de medidas legislativas para materializarlo ha demostrado ser extremadamente difícil. En este sentido, se avanza un paso adelante y se retroceden dos; es decir, ha habido escasos progresos y más bien, grandes dificultades.

A continuación, se exponen un resumen y un análisis breve, que no pretende ser exhaustivo, de algunos de los principales avances recientes en materia de medidas legislativas regionales, nacionales, plurilaterales y multilaterales:

A nivel multilateral, la adopción de medidas legislativas para reestructurar la deuda soberana ha tardado mucho y se ha conseguido muy poco.  Dado que algunos países con peso internacional aparcaron la iniciativa que el FMI impulsó en 2003 sobre un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana, el mayor avance ha sido la resolución de septiembre de 2015 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los «Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana».  La resolución de la ONU, que se fundamenta en años de investigación y en el consenso que ha forjado la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), debería considerarse todo un hito. Sus principios sientan las bases y establecen las premisas de la concesión y la solicitud de préstamos soberanos. No obstante, la reticencia política ha supuesto una traba para que la ONU logre que esta iniciativa sea más inclusiva y se acabe de materializar; una situación que debe revertirse. En comunicados recientes del Grupo de los 20 (G-20) y en las cumbres del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se aprecia que el interés internacional por este asunto ha despertado de nuevo. Aunque los principios generales de la Asamblea General de las Naciones Unidas no sean vinculantes, son muy relevantes puesto que emanan de dicha organización internacional y cuentan con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros de la ONU.

Tal y como ocurrió después del debate acerca del mecanismo de reestructuración de la deuda soberana, a raíz de la crisis financiera mundial la atención se ha desviado hacia la mejora de las condiciones contractuales de los bonos, algo importante y oportuno, pero que no resuelve cuestiones sistémicas. Por ejemplo, la nueva cláusula de acción colectiva (CAC) puede llegar a ser prácticamente ineficaz en casos en los que la emisión de un bono es muy reducida pues los acreedores inflexibles no tienen problema en comprar bonos hasta alcanzar el umbral del 75 % ―aunque exista una cláusula de agregación―; cuando el obligacionista es titular del 100 % del bono o la nota, y con mayor motivo, cuando los bonos en circulación no tienen cláusulas de acción colectiva. Así pues, el problema del volumen de deuda pendiente en bonos plantea serias dificultades,  a las que se suma que las cuestiones sistémicas y los problemas de coordinación respecto a los distintos tipos de bonos no se aborden.  Por consiguiente, la necesidad de un mecanismo de reestructuración se hace imperiosa.

A nivel plurilateral, ha habido una oleada de tratados y acuerdos de comercio e inversión; los más conocidos son el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) ―que ya se ha firmado, aunque aún no se ha ratificado― y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), que está en la fase de negociación.  El TPP contiene un capítulo de inversiones en el que se incluye la solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE), que, de manera compleja, somete la reestructuración de la deuda soberana a la SCIE. El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) contiene disposiciones similares.  En el TTIP, los bonos se consideran un tipo de inversión, de modo que la SCIE también prevalecerá.  Entretanto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ya ha aceptado su jurisdicción en materia de controversias relativas a la deuda soberana. Estas circunstancias pueden suponer un duro revés en lo que se refiere a la legislación a fin de que la reestructuración la deuda, se lleve a cabo de manera justa, eficaz y ordenada. Es bien sabido que los obligacionistas no son inversores tradicionales, por lo que también se sabe que, bajo los auspicios de tratados bilaterales de comercio e inversión, los acreedores inflexibles han recurrido repetidas veces al arbitraje del CIADI para obtener el mayor rendimiento posible de los bonos adquiridos. También es bien sabido que los árbitros del CIADI no son designados del mismo modo que los jueces del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  De igual modo, se han formulado quejas que no pueden pasarse por alto sobre su competencia para desempeñar el cargo.  Según estas quejas, algunos árbitros, que están o han estado vinculados económicamente al sector privado, pueden defender a inversores privados en un litigio y presidir un tribunal nacional en otro proceso judicial.  La cuestión de que en ello subyace un conflicto de intereses se ha planteado en repetidas ocasiones. Cabe dudar de que el sistema actual del CIADI permita resolver de manera justa los conflictos relativos a la reestructuración de la deuda soberana.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) excluye completamente la deuda soberana de la definición de inversión. Sería de vital importancia desvincular la deuda en bonos de los acuerdos internacionales de inversión (AII), que tienen fuerza vinculante y fuerza ejecutiva.  Las filtraciones sobre el contenido del Tratado de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) han dado a conocer que los bonos, incluidos los bonos emitidos por el Estado, disfrutan de protección al considerarse inversiones. En caso de que el tratado se consensúe y se aplique en el futuro, la fragmentación jurídica en la reestructuración de la deuda sería mucho más problemática.

¿Qué sentido tiene que la ONU y el FMI debatan acerca de un mecanismo de renegociación de la deuda soberana cuando el marco (que aún debe elaborarse) ya ha sido planteado en el ámbito de los AII y el CIADI ya ha dictado sentencias sobre conflictos relativos a la deuda soberana?

Medidas legislativas tomadas a nivel regional: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ha permitido cimentar avances legislativos. Lo bueno de este mecanismo no es solo que impone la inclusión de CAC, sino que plantea una estrategia comparada a una jaula para tiburones, que amplía la inmunidad soberana a los activos destinados a resolver la crisis. El tiburón hace referencia a los acreedores inflexibles y la jaula, a la indisponibilidad de los activos. El tiburón no puede apoderarse de estos activos, por lo que se reducen los incentivos que atraen a los acreedores inflexibles. Las medidas legislativas del Reino Unido y Bélgica van en esta misma dirección. En principio, cuantos más activos tengan inmunidad mejor, puesto que así se reducen los incentivos que atraen a los acreedores inflexibles. Con todo, se está analizando la cuestión de si el TTIP pude invalidar o no al MEDE.

Medidas legislativas tomadas a nivel nacional: tanto la legislación belga como la del Reino Unido resultan eficaces en la reducción de los incentivos que atraen a los acreedores inflexibles. La Ley del Reino Unido está circunscrita estrictamente a la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME).  La legislación belga de 2015 es más general. Admiro y felicito a Bélgica que aprobó dos leyes, en 2008 y 2015, contra los fondos buitre.  La última es muy significativa,  dado que pretende limitar el rendimiento de los bonos que adquieren los fondos buitre en el mercado secundario. Esta ley establece que los acreedores inflexibles que insisten en que se les reintegre el 100 % del valor nominal de los bonos que compraron a precios regalados disfrutan de «ventajas ilegítimas». Cabe destacar que el 100 % de los parlamentarios belgas votaron a favor de la aprobación de dicha ley. En un artículo que he publicado, ofrezco un ejemplo: si una persona compra algo en las rebajas de Navidad con mucho descuento y vuelve a la tienda para pedir que le reembolsen el precio original de lo que compró, la gente pensará que no está en su sano juicio y que no actúa de forma ética. Sin embargo, para los acreedores inflexibles ―que adquirieron los bonos cuando los demás acreedores se enfrentaban a dificultades económicas― reclamar su valor nominal es un derecho incuestionable. Si se llega a un consenso internacional sobre lo que es una «ventaja ilegítima» para estos acreedores inflexibles, se conseguirá reducir drásticamente los incentivos que los atraen. No obstante, resulta muy complicado dado que ya algunos fondos de alto riesgo han impugnado jurídicamente la ley.

Algunos analistas consideran que la legislación del Reino Unido es muy restrictiva ya que solo contempla la deuda de los PPME en su jurisdicción territorial. A pesar de todo, es valiosa,  puesto que reduce los incentivos que atraen a los acreedores inflexibles y pone freno a una situación inmoral que va en detrimento de los países de renta baja.

Aun así, también topamos con dificultades a nivel nacional.  Entre las más destacadas, cabe referirse a las pérdidas que han causado los acuerdos bilaterales de comercio e inversión.  A falta de un régimen claro y coherente, algunos inversores han presentado demandas ante el CIADI. La comunidad internacional debería dejar muy claro que los acuerdos bilaterales de comercio e inversión no son instrumentos para regular cuestiones financieras internacionales cuando se trata de la reestructuración de la deuda soberana.

A nivel nacional, se observan más dificultades. La filial NML Capital Limited obtuvo una victoria apabullante en la pugna contra la Argentina, un revés en lo que respecta a la reestructuración de la deuda soberana, pese a que para esta nación sea imperioso volver a acceder al mercado internacional de capitales. El caso de Grecia es distinto y existen otros ejemplos.

En conclusión, las Naciones Unidas deben seguir trabajando sobre esta cuestión sobre la base de la resolución de la Asamblea General de 2015. Además, resulta ser de importancia capital para garantizar que el TPP, el TTIP y otros acuerdos, tanto bilaterales como plurilaterales, de comercio e inversión no establezcan el marco de regulación para la reestructuración de la deuda soberana y la dejen en manos de los Gobiernos y los organismos multilaterales como la ONU y el FMI.

 

Yuefen Li, asesora especial en materia de economía y financiación para el desarrollo del Centro del Sur.

 

Libre comercio y cambio de paradigma

Los Estados Unidos, promotores del paradigma del libre comercio, son quienes ahora lo critican y el presidente Donald Trump está llevando al país por el camino del proteccionismo.

Este artículo, escrito por un prominente economista peruano, pone de relieve las deficiencias del paradigma ortodoxo que ha causado dificultades a los países en desarrollo y el cambio en las políticas en los Estados Unidos podría traer más problemas.


Por Humberto Campodónico

Uno de los pilares de la teoría económica ortodoxa explica que la liberalización del comercio y la rebaja de aranceles beneficia a todos los países, ricos o pobres. Esta ha sido la matriz teórica de los Acuerdos de Bretton Woods en 1944, que diseñaron el «orden económico y comercial» internacional durante 70 años.

Esta matriz acaba de sufrir un golpe traumático por parte de Donald Trump. La consigna de «América primero» significa que ello se consigue a costa de los demás, y no con ellos. Por eso, plantea un arancel de 45 % a los productos chinos y de 35% a los mexicanos.

La magnitud de dicha alza es enorme. Dice la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el arancel promedio ponderado de los Estados Unidos en el 2015 fue de solo 1, 69 %. Por tanto, estamos hablando de subirlo de 18 a 25 veces. Insólito.

¿Por qué lo hace? Porque dice que el libre comercio no le ha traído beneficios. Que el NAFTA (TLC con México y Canadá) ha hecho perder millones de empleos en EEUU. Y que lo mismo iba a hacer el TPP de Obama (que ya Trump no aprobará).

Lo mismo decía Bernie Sanders: el libre comercio trae perdedores y ganadores. No es como nos decía David Ricardo en el Siglo XIX: que todos ganan con el libre comercio. Por tanto, cada cual debe especializarse en sus ventajas comparativas, en la dotación de factores  que posee (recursos naturales, capitales, fuerza de trabajo).

Si cada país hace eso, tendrá un lugar en la división internacional del trabajo. Si lo hace como proveedor de materias primas o de bienes de capital, no interesa. Al final, todos van a ganar pues los precios internacionales se van a igualar y también, los propios precios de los factores.

Un momentito. Eso dice la teoría ortodoxa. Pero la realidad nos dice otra cosa. En el Perú también tenemos ganadores y perdedores, como en todo lado, ya que, resaltamos nuevamente, no es cierto que todos ganan con el libre comercio. Por ejemplo, en el comercio con China son claramente ganadores los exportadores no tradicionales de productos agrícolas, entre ellos las uvas, potas y calamares, fresas maca y, recientemente, los arándanos. Y también ganan los que adquieren bienes de consumo más baratos (desde celulares a motocicletas) así como bienes de capital para la industria.

Entre los perdedores tenemos a las industrias productoras de calzado (medianas y pequeñas), así como las industrias textiles (ver caso de Gamarra) ya que las importaciones de terceros países (principalmente China) han mellado fuertemente la producción local.

Pero la teoría ortodoxa no es la única que existe. Hay otras teorías económicas que nos señalan las falencias ortodoxas. Hace poco, el economista Dani Rodrik demostró claramente que la teoría ricardiana está sobrevendida. Agrega, contra toda la ortodoxia, que existen casos donde “menos comercio puede ser mejor que más comercio” (1). Y así.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) nos dice que «en los últimos años la mayor integración al comercio y a los flujos financieros y de inversión mundiales estuvo asociada al debilitamiento de los sistemas redistributivos, especialmente en varios países avanzados» (2).

Y agrega que al analizar la distribución mundial del ingreso, surge una paradoja: en las últimas tres décadas, la desigualdad global disminuyó, mientras que la desigualdad interna de la mayoría de los países aumentó, sobre todo en los países industrializados. ¿Qué cosa? Veamos esto más de cerca.

La desigualdad global disminuyó sobre todo en los «países emergentes», como China, India y, también, en América Latina, lo que incluye al Perú. Pero en los países de la OCDE, ojo, la relación entre la participación en el ingreso del 10 % más rico de la población y la del 10 % más pobre ha aumentado sostenidamente en las últimas cuatro décadas, pasando de 7.0 veces en la década de 1980 a 9.6 veces en 2014 (CEPAL, pág. 75).

Esta agravación se explica por la sustitución de trabajadores manufactureros de los países ricos por trabajadores en ese mismo sector en los países en desarrollo. Entre 2000 y 2010, solo en los Estados Unidos y Europa se perdieron casi 10 millones de empleos manufactureros, más de un cuarto del total. En el mismo período, China creó más de 45 millones de empleos en este mismo sector, mientras América Latina generó 4 millones (CEPAL, p. 76).

Interesante, ¿no? Alguien diría: por fin los países ricos recibieron de su propia medicina. Con el libre comercio en una economía global, ellos pierden y los países emergentes ganan. Qué importa si la teoría se equivoca, si es a mi favor.

Eso es lo que Trump va a tratar de «voltear». No creemos que lo logre porque, a pesar de su retórica, el anuncio de bajar el impuesto a la renta del 30 al 15% va a concentrar aún más la riqueza en el 1% de la población.

No solo eso. Según Paul Krugman, el carácter de sus anuncios es más efectista que otra cosa porque el verdadero problema de la economía de los Estados Unidos es que el alza de la productividad no está creando más empleos en el sector manufacturero debido a varios factores, entre ellos, el auge del sector servicios y la creciente automatización. Por tanto, el problema no está en que los empleos se hayan ido a otros países. Trump está equivocado (3). Ayayay.

Volvamos a América Latina. Dice la CEPAL que el aumento de los recursos fiscales debido al super ciclo de precios de las materias primas generó mayores empleos y un ciclo positivo de políticas redistributivas que «marcó un quiebre con el pasado y que, probablemente, mejoró la percepción de la población sobre el proceso de globalización».

Con las «vacas flacas» eso ya terminó y va a provocar un aumento de las tensiones sociales y políticas. A lo que se agrega que la región, Perú incluido, no aprovechó este super ciclo para transformar su matriz productiva hacia un mayor valor agregado y continúa dependiendo de las materias primas.

Y estamos en pañales en la economía del futuro, que se apoya cada vez más en la revolución de la economía digital (economía de Internet). Lo que sí hicieron los países asiáticos, comenzando por China, debido a que no se creyeron el cuento de las ventajas comparativas estáticas ricardianas. Pero aquí seguimos tropezando con la misma piedra.

Estamos entonces frente a un enorme cambio de paradigma que ya no admite las tesis de libre comercio de hace 200 años ni los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Ese es el quid de la cuestión.

 

(1) Dani Rodrik, The Globalization Paradox, 2011.

http://www.rci.rutgers.edu/~triner/UFFseminar/RodrikParadox.pdf

See Chapter 3: Why doesn´t everyone get the case for free trade?

(2) CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2015.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39010/4/S1501143_es.pdf

(3)http://www.businessinsider.com.au/krugman-tweets-on-manufacturing-labor-market-jobs-donald-trump-2016-11

 

Humberto Campódonico, asesor regional en materia de economía y desarrollo del Centro del Sur y profesor principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

 Artículo publicado en La República, Lima, Perú, el 16 de enero 2017.

 

El año 2017 será un año de perturbaciones económicas y políticas

El 2017 será un año turbulento: se sentirán los efectos de la presidencia de Donald Trump y las perturbaciones de una posible inestabilidad de las monedas y las corrientes de capital. Este análisis prospectivo fue escrito el 2 de enero de 2017.  


Por Martin Khor

Este año que comienza no será un año cualquiera.

Será un año de conmociones políticas y económicas en todo el mundo. El mundo será una montaña rusa y habrá que estar preparados para subirse en ella y afrontar los retos por delante para no ser simples espectadores.

Con sus ideas extremistas y su estilo arrogante, Donald Trump está resuelto a revolucionar a los Estados Unidos y al mundo entero.

Ha nombrado como secretario de Estado al director ejecutivo de una empresa petrolera, ha colocado a altos ejecutivos de bancos de inversión en puestos financieros clave, a escépticos del cambio climático en organismos de energía y medioambiente y su jefe de estrategia es un magnate de los medios digitales ultraderechista.

Las relaciones entre los Estados Unidos y China, pilar de la estabilidad mundial, podrían pasar de la coexistencia de dos grandes potencias, fruto de una cuidadosa combinación de competencia y cooperación, a una crisis manifiesta.

Tras una conversación telefónica con la presidenta de Taiwán y por algunos comentarios posteriores, Trump dio a entender que podría abandonar el respaldo de larga data de los Estados Unidos a la política de «una China, un Taiwán» y usar a Taiwán como una baza en las negociaciones de las políticas económicas con China.  Para los chinos esto constituye una enorme provocación.

Además, Trump ha colocado a la cabeza del nuevo Consejo Nacional de Comercio a un economista conocido por libros como Death by China: Confronting the Dragon, en los que demoniza a este país.

El presidente Trump parece dispuesto a darles un vuelco total a las políticas estadounidenses de comercio e inversión, empezando por retirarse del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

También ha considerado adoptar medidas como aplicar un impuesto de un 45 % sobre los productos chinos, gravar con más aranceles e impuestos los productos de las empresas estadounidenses con sede en el extranjero e incluso con imponer  aranceles de un 10 % sobre todos los productos importados.

Por lo tanto, en 2017 se verá un aumento del proteccionismo en los Estados Unidos cuya magnitud aún no se conoce. Para los países en desarrollo que dependen considerablemente de las exportaciones y de la inversión internacional estas son malas noticias.

Europa, por su parte, también estará inmersa en 2017 en sus propios problemas regionales. El golpe de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en 2016 seguirá teniendo repercusiones y los partidos xenófobos y nacionalistas pondrán en jaque los valores tradicionales y el orden establecido en varios países europeos que celebrarán elecciones.

Considerando que las sociedades occidentales se encierran cada vez más en sí mismas, los países en desarrollo deberían examinar sus estrategias de desarrollo y apoyarse más en la demanda y en las inversiones nacionales y regionales.

Asimismo, teniendo en cuenta que las relaciones económicas Norte-Sur se deterioran, es oportuno ampliar la cooperación Sur-Sur tanto por necesidad como por una cuestión de principios.

El 2017 puede ser el año en el que China, país rico en recursos y con su importante estrategia «un cinturón, una ruta» y su enorme capacidad financiera, logre llenar el vacío económico creado por el proteccionismo occidental del comercio y las inversiones.

Sin embargo, tal vez esto no sea suficiente para evitar una crisis financiera en muchos países en desarrollo que ya empiezan a ver una inversión de las corrientes de capital hacia los Estados Unidos atraídas por la perspectiva de unas tasas de interés más elevadas y de crecimiento económico.

Muchas economías emergentes, que en conjunto recibieron cientos de miles de millones de dólares de dinero especulativo en los últimos años, son ahora vulnerables a la fase de desaceleración del ciclo de auge y caída de las corrientes de capital.

Algunos de estos países abrieron sus mercados de capitales a fondos extranjeros que ahora son titulares de gran parte de los bonos del Estado emitidos en la moneda del país, así como de participaciones en el mercado de acciones.

Se prevé que con el cambio de situación los inversores extranjeros vendan y transfieran gran parte de los bonos y participaciones comprados y esta nueva vulnerabilidad se suma a la deuda externa existente contraída por los países desarrollados en moneda extranjera.

Algunos países se verán afectados por una terrible combinación de salidas de capital, disminución de los ingresos de exportación, depreciación de la moneda y un aumento de la carga del servicio de la deuda, causados por el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos.

Con la depreciación progresiva de la moneda local, las empresas de los países afectados tendrán que pagar más por el servicio de préstamos contraídos en monedas extranjeras y por la maquinaria y partes importadas, mientras que los consumidores deberán afrontar el rápido aumento de los precios de los productos importados.

El aspecto positivo es que la depreciación de la moneda hará más competitivos a los países exportadores y atraerá el turismo, pero para muchos países esto no será suficiente para compensar los efectos negativos.

Así pues, 2017 no será un año favorable para la economía, las empresas ni los bolsillos de los ciudadanos e  incluso podría ser el año de una nueva crisis financiera mundial.

El año pasado terminó con altibajos para el pueblo palestino. Por una parte, obtuvieron una victoria significativa cuando el presidente saliente, Barack Obama, permitió la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se condenaban los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados al no ejercer su derecho al veto.

La resolución impulsará la adopción de medidas internacionales contra la expansión de los asentamientos, que se han convertido en un gran obstáculo para las negociaciones de paz.

Por otra parte, el Gobierno israelí, que protestó enérgicamente y amenazó con la anexión de más asentamientos, encontrará en Trump un presidente más receptivo que  ha nombrado embajador de los Estados Unidos en Israel a un defensor de los asentamientos cercano a la derecha israelí.

Considerando que Trump también ha dicho que romperá el pacto nuclear con Irán, 2017 será particularmente agitado para el Oriente Medio.

En el ámbito de la salud, continuará la lucha por el acceso a medicamentos a precios asequibles a medida que aumenta el rechazo público al precio elevado y muchas veces astronómico, de los medicamentos patentados, en particular, para el tratamiento del virus de la inmuno deficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), la hepatitis C, la tuberculosis y los diferentes tipos de cáncer.

Se instará con más firmeza a los Gobiernos a contener los excesos de los laboratorios farmacéuticos, así como al uso más generalizado de las flexibilidades previstas por la legislación sobre patentes para contrarrestar el elevado precio de los medicamentos.

Asimismo, se redoblarán los esfuerzos en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, reconocida en 2016 por los líderes mundiales en las Naciones Unidas como una de las principales amenazas para la salud mundial.

Si bien todos los países prometieron crear planes de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos para mayo de 2017, el reto está en examinar la idoneidad de estos planes, en financiarlos y en implementarlos.

Este nuevo año también habrá que lidiar con uno que otro desastre natural y con el deterioro progresivo del estado del medio ambiente. Ambos seguirán siendo uno de los principales problemas de 2017, así como el empeoramiento de la contaminación atmosférica y los múltiples terremotos, tormentas y olas de calor que ya han azotado al planeta en años anteriores.

Desafortunadamente, el medio ambiente no es una prioridad.  Se destinan cientos de miles de millones de dólares para construir autopistas, carreteras y edificios en las ciudades y tan solo unas migajas para la conservación y la rehabilitación de sierras, cuencas hidrográficas, bosques, manglares, zonas costeras y para la biodiversidad o para la adopción de medidas firmes contra el cambio climático.

2017 debería ser el año en que cambien las prioridades, en el que las medidas para proteger y promover la conservación del medio ambiente sean primordiales para la asignación de recursos cuando se hable de infraestructura y de desarrollo.

Este será un año decisivo en lo que respecta al cambio climático. El impulso a favor que con tanto esfuerzo se ha conseguido en lo últimos años chocará con las barreras que levantarán los Estados Unidos cuando el nuevo presidente eche por tierra las medidas y las políticas que inició el presidente Obama.

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 y que entró en vigor en un tiempo récord en octubre de 2016, lo que demostró la preocupación internacional por el cambio climático, pasará por una dura prueba o incluso afrontará un problema existencial en 2017 si Trump cumple su promesa de campaña de sacar a los Estados Unidos.

Aun así, en el plano nacional, Trump y su equipo enfrentarán la resistencia de los Gobiernos de estados y distritos que ya cuentan con planes sobre el clima y en el plano internacional, de otros países determinados a seguir adelante sin los Estados Unidos.

En efecto, si 2017 traerá cambios provocados por la nueva Administración de los Estados Unidos, también habrá respuestas para llenar el vacío que dejen los Estados Unidos o para contrarrestar sus medidas desestabilizadoras.

Mucha gente en todo el mundo, desde políticos y responsables de la formulación de políticas hasta asociaciones ciudadanas y organizadores comunitarios, se prepara ya para responder con medidas y acciones.

Así, si en 2017 se sentirán los efectos de la presidencia de Trump, también se hará sentir la respuesta para contrarrestarlos.

Habrá que analizar oportunidades, proponer alternativas y ejecutar reformas económicas, ambientales y geopolíticas nacionales y mundiales, que de todos modos son necesarias.

Muchos de los mandos del poder y la toma de decisiones siguen en manos de unos cuantos países y personas, pero también han emergido muchos focos de capacidades económicas, ambientales e intelectuales y de organización comunitaria.

El año 2017 será pues un año turbulento en el que habrá un fuerte choque de ideas y cuestiones económicas y políticas y hay que prepararse para responder y no quedarse como simples espectadores

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Declaración del Centro del Sur durante la ceremonia de traspaso de poderes del Grupo de los 77 y China

El 10 de enero de 2017 el Grupo de los 77 y China (capítulo de Ginebra) celebró una ceremonia de traspaso en el Palacio de las Naciones en Ginebra (Suiza) para la entrega de mando del embajador de Jamaica, Wayne McCook, al embajador de la República Unida de Tanzanía, Modesto Mero, a la que el Centro del Sur fue invitado a hacer uso de la palabra. A continuación presentamos la declaración de Vicente Paolo Yu, director ejecutivo adjunto del Centro del Sur.


Excelentísimo Señor embajador Héctor Marcelo Cima, Excelentísimo Señor embajador Wayne McCook, Excelentísimo Señor embajador Modesto Mero, Señor secretario general Mukhisa Kituyi, distinguidos invitados: es un placer para mí estar aquí en nombre del Centro del Sur para ser testigo de esta transición de la dirección en el Grupo de los 77 y China en Ginebra.

Ante todo, permítanme transmitirles las disculpas y los saludos de Martin Khor, director ejecutivo del Centro del Sur, quien no puede estar presente hoy.

El año 2016 fue un año de mucha actividad y grandes logros para el Grupo de los 77 y China en Ginebra, bajo la competente y destacada dirección del embajador McCook de Jamaica y el embajador Cima de la Argentina; en particular, en lo relativo a las negociaciones previas y posteriores al 14º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (XIV UNCTAD) en relación con la aplicación del documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (documento final de Nairobi).

Para el Centro del Sur es motivo de orgullo destacar la colaboración estrecha que ha mantenido con los negociadores del Grupo de los 77 y sus Estados miembros antes y durante la XIV UNCTAD y que de esta manera contribuyó al éxito de la XIV UNCTAD. La credibilidad y la relevancia del trabajo del Centro del Sur reposan en el valor y el uso que le den a este trabajo los países en desarrollo, en especial, los países del Grupo de los 77 y China.

El Centro del Sur también trabajó de cerca en 2016 con los otros capítulos del Grupo de los 77 en Nueva York, París, Viena y Nairobi, sobre cuestiones importantes aquí en Ginebra y en la UNCTAD como el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, la financiación para el desarrollo, la gobernanza ambiental, la ciencia y la educación, el desarrollo o la transferencia de tecnología.

El Centro del Sur desea continuar esta relación con el Grupo de los 77 en Ginebra ahora que la aplicación del documento final de Nairobi adquiere mayor relevancia como parte de la aplicación de los resultados de las diversas conferencias multilaterales que tuvieron lugar entre 2015 y 2016 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD3), el cambio climático y la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Nairobi.

El año 2017 será probablemente un año muy interesante para la política, la economía y el medio ambiente mundiales ya que en la segunda mitad de 2016 tuvieron lugar acontecimientos políticos muy relevantes en importantes países desarrollados, que podrían redefinir las relaciones políticas y económicas establecidas desde hace mucho tiempo. Se prevén un aumento del proteccionismo, la xenofobia y el nacionalismo a ultranza en los países desarrollados y sus correspondientes repercusiones en la agenda política mundial de estos países. Con ello aumentarían a su vez la incertidumbre económica y las perturbaciones financieras que ya se sienten en muchos países en desarrollo dependientes de los mercados de los países desarrollados. A medida que aumentan los efectos perjudiciales del cambio climático, en especial en los países en desarrollo, debe mantenerse el impulso generado por el Acuerdo de París para adoptar las medidas necesarias al respecto, pese a los retrocesos en las políticas que podrían tener lugar en algunos países desarrollados.

Si bien en 2017 han surgido nuevas incertidumbres, también se presentan nuevas oportunidades que los países en desarrollo pueden aprovechar para influir en las alternativas y las reformas que, de todos modos, son necesarias en las economías nacionales y mundiales, en el medio ambiente y en la geopolítica. Aunque los países desarrollados siguen controlando las riendas del poder y de la toma de decisiones mundiales, los países en desarrollo tienen cada vez más oportunidades de organizarse mejor mediante la acción colectiva guiada por sus propias investigaciones y análisis, a fin de ser quienes influencien e impulsen las políticas mundiales.

Asimismo, habrá muchas ocasiones de colaboración entre los países del Grupo de los 77 y China y el Centro del Sur sobre numerosas cuestiones además de las abordadas en la UNCTAD. Por mencionar solo algunas: la situación económica mundial, que sigue siendo muy frágil y perjudica cada vez más a los países en desarrollo; las discusiones en el marco de OMC, que podrían reavivarse con las preparaciones para la undécima Conferencia Ministerial; las negociaciones en curso sobre el clima y las normas de aplicación del Acuerdo de París; las relevantes discusiones sobre políticas que seguirán teniendo lugar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y las cuestiones relacionadas con la salud, en particular, la resistencia a los antibióticos. El Centro del Sur está preparado para trabajar sobre estas y otras cuestiones con el Grupo de los 77 y China a fin de promover y proteger los derechos y los intereses de los países en desarrollo.

El Centro del Sur es la institución de investigación propia del Sur cuyo cometido es promover la visión del Sur sobre varias cuestiones de desarrollo. El Centro se toma en serio este mandato y cuenta con el apoyo del Grupo de los 77 y sus países para ayudarle a cumplirlo de manera eficaz. El Centro del Sur cooperará estrechamente con el Grupo y sus misiones mediante reuniones como esta, actividades conjuntas o visitas y debates individuales, a fin de fomentar su capacidad para cumplir su misión y responder a las necesidades e intereses del Grupo.

El Centro del Sur desea agradecer a Miguel Bautista y a su equipo, con el que ha trabajado de cerca, por ser el punto focal del apoyo de la UNCTAD al Grupo de los 77 y China y espera empezar a trabajar pronto con el secretario general Kituyi y con su equipo en la promoción de los intereses de los países en desarrollo por medio de la UNCTAD.

Muchas gracias.

Declaración del Centro del Sur sobre la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC para facilitar el acceso a los medicamentos asequibles

Reproducimos a continuación la declaración que el Centro del Sur presentó el 27 de enero de 2017 sobre la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC para abordar la cuestión del «párrafo 6» que tiene por objeto mejorar el acceso a los medicamentos para los países que carecen de capacidades de fabricación en el sector farmacéutico.  


Tras ser aprobada por un tercio de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha entrado en vigor una enmienda del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) cuyo objetivo es facilitar el acceso a medicamentos asequibles. La enmienda supone el reconocimiento de los miembros de la OMC de la necesidad de seguir reforzando las normas mundiales sobre la propiedad intelectual a fin de poder adoptar sistemáticamente medidas para proteger la salud pública.

La enmienda es el resultado de una solución negociada entre los miembros de la OMC, conocida como el sistema del párrafo 6. Esta enmienda modifica elementos de las normas de propiedad intelectual en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC que limitaban la capacidad de los miembros de ofrecer medicamentos asequibles. El uso de licencias obligatorias (que facilitan la producción o la importación de un medicamento patentado sin el acuerdo del titular de la patente) debía dirigirse principalmente al mercado interno según la disposición existente. La enmienda prevé nuevas normas que autorizan a los miembros a exportar y a importar una cantidad limitada de medicamentos patentados en determinadas circunstancias.

Durante las negociaciones del sistema del párrafo 6, en el contexto de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (Declaración de Doha) se aspiraba a desarrollar un sistema para hacer más accesibles los medicamentos patentados a precios asequibles. Dicha aspiración no se ha materializado hasta el momento. A la fecha, solo se ha registrado un caso del uso del sistema (la exportación de un medicamento para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) del Canadá a Rwanda). Los motivos de la falta de uso del sistema no se han evaluado aún en el marco de la OMC.

Sin embargo, el interés en el uso del sistema del párrafo 6 como un medio para proporcionarles medicamentos asequibles a los países en desarrollo podría aumentar. Teniendo en cuenta que se prevé un aumento del número de medicamentos esenciales patentados, entre ellos los medicamentos biológicos, los países que carecen de capacidades manufactureras deberían explorar todos los medios disponibles para mejorar el acceso a medicamentos asequibles para sus poblaciones. Con la enmienda en vigor, los países exportadores e importadores que cumplen las condiciones podrán recurrir cada vez más al sistema. Para ello será necesaria la adopción por parte de los posibles países exportadores o importadores de normas y procedimientos nacionales y regionales simplificados y de fácil cumplimiento que garanticen la seguridad jurídica y la operación efectiva del sistema.

El Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamentos promovido por el secretario general de las Naciones Unidas ha puesto de relieve la importancia de formular leyes que permitan la concesión de licencias obligatorias de manera rápida, justa, predecible y aplicable para satisfacer necesidades legítimas de salud pública y recomendó a los miembros de la OMC revisar el sistema del párrafo 6 con el fin de encontrar una solución que permita la exportación rápida y oportuna de productos farmacéuticos fabricados con arreglo a licencias obligatorias.

El Centro del Sur destaca la importancia que sigue teniendo para los países menos adelantados (PMA) hacer pleno uso de la situación especial que los exime de adoptar normas sobre protección de patentes y muchas de las otras normas del Acuerdo sobre los ADPIC a fin de fomentar sus capacidades tecnológicas y reducir las trabas para tener acceso a medicamentos asequibles. En este caso, los PMA no necesitarían hacer uso del sistema.

Será necesario reforzar las medidas, la preparación, la colaboración y la asistencia entre Gobiernos, organizaciones internacionales y entidades del sector público y privado tanto para poner a prueba la efectividad del sistema del párrafo 6 como para apoyar la construcción de una base tecnológica adecuada en los PMA.

Los Gobiernos y la OMC en colaboración con otras organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), deben procurar alentar a las entidades públicas o privadas a sumarse de buena voluntad a estos esfuerzos para ayudar a hacer operativo el sistema. Deberá prestarse especial atención a la concepción de legislaciones nacionales de aplicación del sistema y a la información que proporcionen los posibles usuarios del sistema con relación a los obstáculos a los que puedan hacer frente y que disminuyan el interés en su utilización. La evaluación del sistema debe continuar en el Consejo de los ADPIC.

El Centro del Sur se ofrece a prestar asistencia a los países en la revisión de las legislaciones nacionales de aplicación y a proporcionar información a las posibles partes interesadas. También puede proporcionar modelos para facilitar la aplicación y el cumplimiento de las condiciones necesarias con arreglo al sistema. Los países que ya soportan una pesada carga debido a la falta de acceso a los medicamentos no deberían soportar una carga técnica y financiera adicional para hacer uso del sistema.

A fin de contribuir a progresar en el análisis del sistema del párrafo 6, el Centro del Sur organizó una reunión paralela en el marco del Consejo de los ADPIC el 8 de noviembre de 2016. (https://www.southcentre.int/sc-side-event-paragraph-6-of-the-doha-declaration-on-trips-and-public-health-an-effective-solution-8-november-2016/.)

El Centro del Sur se ha comprometido a seguir ayudando a sus Estados miembros y a otros países en desarrollo a participar en la evolución del sistema multilateral de comercio y propiedad intelectual que favorece el margen de maniobra en materia de políticas para promover la salud pública.

 

El Centro del Sur apoya el refuerzo de la cooperación Sur-Sur en relación con el cambio climático y los ODS

El Centro del Sur participó en el foro de alto nivel sobre la cooperación Sur-Sur en materia de cambio climático celebrado en el marco del 22 período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) o COP 22, el 14 de noviembre de 2016 en Marrakech (Marruecos) organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). A continuación reproducimos el discurso pronunciado durante el foro por el director ejecutivo adjunto del Centro del Sur, Vicente Paolo Yu.


Por Vicente Paolo Yu

Deseo agradecer a los organizadores por invitar a este foro al Centro del Sur, el centro de reflexión e investigación intergubernamental de los países en desarrollo.

Para el Centro del Sur, la cooperación Sur-Sur ha sido desde hace mucho tiempo una realidad para el Sur como lo demuestra la larga historia de cooperación económica, social y de desarrollo entre numerosos países en desarrollo.

La cooperación Sur-Sur refleja los ideales de los países en desarrollo que trabajan unidos, con un espíritu de igualdad y respeto por la soberanía y la independencia del otro, a fin de promover su desarrollo mutuo dentro del contexto de sus diferentes circunstancias nacionales. Estos principios fueron expresados por vez primera en la Conferencia Asiático-Africana de Bandung de 1955, que dio lugar a la creación del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL), y en la Carta de Argel, que estableció la creación del Grupo de los 77 en 1964. Desde entonces, estos ideales fundamentales de cooperación mutua y de asistencia y respeto de la soberanía nacional también se han reflejado en los diversos instrumentos regionales de integración creados por los países en desarrollo en África, Asia, el Pacífico, América Latina y el Caribe, y son reiterados continuamente en las numerosas cumbres multilaterales y declaraciones ministeriales formuladas por el MNOAL y el Grupo de los 77. A fin de fomentar estos ideales, así como de ayudar a los países en desarrollo a promoverlos, fue creado el Centro del Sur en 1994 por recomendación de la Comisión del Sur.

La expresión más reciente de estos principios de cooperación Sur-Sur son los principios contenidos en el Consenso de Yamoussoukro sobre la Cooperación, aprobados en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 en 2008.

Teniendo esto en cuenta, permítanme responder a las preguntas del moderador:

¿Cuáles son las capacidades que hay que desarrollar en prioridad? En cuanto a las prioridades de la cooperación Sur-Sur en relación con el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es fundamental desarrollar las siguientes capacidades:

  • La capacidad institucional para la entrega y la absorción de financiación, tecnología y conocimientos especializados obtenidos mediante la cooperación Sur-Sur entre países en desarrollo, en el ámbito nacional, regional y multilateral.
  • La capacidad de integración de políticas a fin de lograr que los países en desarrollo integren adecuadamente el apoyo obtenido mediante la cooperación Sur-Sur en la planeación y la aplicación de políticas de desarrollo sostenible y cambio climático a largo plazo.
  • La capacidad en materia de recursos, que debe generarse tanto en el ámbito interno y externo como entre los países en desarrollo, a fin de facilitar el flujo de niveles más elevados de apoyo proveniente de la cooperación Sur-Sur entre los países en desarrollo.

¿Qué modalidades ofrecen el mayor potencial para la cooperación Sur-Sur y de qué manera pueden beneficiarse de ellas las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN)? Las modalidades de cooperación Sur-Sur que ofrecen el mayor potencial son las que se centran en mejorar y aprovechar la capacidad de los países en desarrollo para definir por sí mismos sus prioridades, programas y proyectos y mejorar la cooperación directa entre estos países mediante sus instituciones nacionales, regionales o multilaterales. Dada la naturaleza de la cooperación Sur-Sur a la que deben responder dichas modalidades, estas deben ser diversas.

Sin embargo, teniendo esto presente, las modalidades de cooperación Sur-Sur deben centrarse en fomentar un proceso de cooperación entre los países en desarrollo, es decir, en un intercambio entre PARES que se resume muy bien en este acrónimo:

Promover el intercambio de conocimientos creando una comunidad de expertos y especialistas entre los países en desarrollo y sus instituciones centrándose en mejorar y reforzar juntos las iniciativas de cooperación Sur-Sur.

Aunar recursos pues estos son indispensables para convertir la cooperación Sur-Sur en el motor principal del apoyo a las medidas relacionadas con el cambio climático y los ODS.

Reflexionar estratégicamente para formular políticas y directrices del Sur, lo cual es fundamental para generar implicación y compromiso a largo plazo.

Establecer instituciones y procesos de cooperación Sur-Sur en el ámbito nacional, regional y multilateral, en particular en las instituciones del Sur y entre los socios multilaterales como las Naciones Unidas.

Servir los intereses de los pueblos del Sur mediante el intercambio de conocimientos técnicos y especializados sobre cooperación Sur-Sur entre países en desarrollo.<0}

Una modalidad de intercambio entre PARES aplicada en la práctica a las CPDN haría hincapié, por ejemplo, en la creación de una comunidad más grande de especialistas en el ámbito nacional en los países en desarrollo mediante intercambios entre estos países con relación a la preparación de las CPDN y su aplicación. Ello comprendería analizar la manera de apoyar la creación o el fortalecimiento de las instituciones nacionales y regionales que puedan respaldar la integración estratégica orientada al desarrollo sostenible de las CPDN (en particular, sus componentes de mitigación y adaptación) en los planes y programas nacionales de desarrollo a largo plazo. Dicha modalidad permitiría desarrollar y aplicar las CPDN de manera que se conviertan en contribuciones propias de los países, apropiadas para cada país y determinadas por estos y que sean compatibles y coherentes con el desarrollo, la erradicación de la pobreza  y las políticas y estrategias de industrialización de los países.

Las partes interesadas de la comunidad internacional como las organizaciones intergubernamentales, las Naciones Unidas y el sector público pueden contribuir significativamente a facilitar y apoyar las actividades pragmáticas de cooperación Sur-Sur de la siguiente manera:

  • Centrándose en la expansión de la comunidad de expertos y especialistas en cooperación Sur-Sur de países en desarrollo en relación con el cambio climático y los ODS y haciendo de ello una prioridad.
  • Trabajando con los países en desarrollo y sus instituciones para desarrollar su capacidad institucional, por ejemplo, a través de sus ministerios, para emprender actividades de cooperación Sur-Sur en relación con las CPDN y los ODM que les ayuden a los países en desarrollo a integrar las medidas y políticas sobre las CPDN y los ODN en sus planes y programas de desarrollo nacional.
  • Facilitando y ayudando a facilitar el flujo de recursos relacionados con la cooperación Sur-Sur entre los países, en particular, recursos financieros y tecnológicos, trabajando con los Gobiernos de los países en desarrollo y sus instituciones regionales y multilaterales para garantizar que estos flujos de recursos apoyen tanto las prioridades en materia de políticas de los países participantes en relación con las CPDN y los ODS como sus prioridades nacionales de desarrollo

 

Vicente Paolo Yu, director ejecutivo adjunto del Centro del Sur.

 

Carta del presidente del Centro del Sur en homenaje a Fidel Castro

El presidente de la Junta del Centro del Sur, Excmo. Sr. Benjamin William Mkapa de la República Unida de Tanzanía, envió una carta al presidente de Cuba, Excmo. Sr. Raul Castro, para expresarle sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del presidente Fidel Castro, amigo y colaborador del Centro del Sur y de la Comisión del Sur. Reproducimos la carta a continuación.


28 de noviembre de 2016

Excelentísimo Señor:

Con profunda tristeza y dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento de su querido hermano, el presidente Fidel Castro, uno de los líderes más visionarios de nuestra historia contemporánea, gran pensador y luchador infatigable contra la injusticia social y por un orden mundial más justo y equitativo.

El presidente Fidel Castro cambió una vida acomomodada por la lucha por un mundo mejor para los pobres. Cuando asumió el poder, puso en marcha políticas innovadoras y beneficiosas en los ámbitos social y económico y en particular, en materia de salud y educación, que se han convertido en un modelo para muchos países. Gracias a la visión del presidente Castro, Cuba se ha convertido en uno de los ejemplos más valiosos de la solidaridad internacional ya que mediante numerosas acciones ha demostrado ser un actor fiel y destacado de la solidaridad con los pueblos del mundo y en especial, de los países en desarrollo.

El presidente Fidel Castro fue uno de los amigos más cercanos del Centro del Sur. Su contribución a nuestra organización y a nuestro trabajo se remonta a los tiempos de la Comisión del Sur presidida por el difunto presidente Julius Nyerere con quien el presidente Castro mantuvo una gran amistad y compartió momentos inolvidables. Ambos presidentes juntaron sus manos para hablar y trabajar contra las muchas injusticias y desigualdades en el mundo y lucharon por un mundo más igualitario y justo para todos.

El Centro del Sur tiene una deuda con el presidente Fidel Castro por su apoyo y su amistad y por el ejemplo que dio con su trabajo y con su vida.

En nombre de la Junta del Centro del Sur y de la Secretaría, quiero expresar nuestras más profundas condolencias al Gobierno y al pueblo de Cuba y nos sumamos al luto por la pérdida de uno de los líderes más grandes del Sur.

El Presidente, la Junta y la Secretaría del Centro del Sur, del que la República de Cuba es un miembro destacado, le hacen llegar, Vuestra Exelencia, las más sentidas condolencias. Nuestros pesamientos están con su familia y el pueblo cubano.

Benjamin William Mkapa

Presidente de la Junta del Centro del Sur

 

 

El Centro del Sur y la FAO firman un acuerdo para promover la seguridad alimentaria y la cooperación Sur-Sur

El Centro del Sur y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han firmado un nuevo acuerdo para aunar sus esfuerzos por promover la cooperación Sur-Sur, mejorar la seguridad  alimentaria, impulsar el desarrollo rural y hacer frente al cambio climático en los países del Sur.


Tras varios años cimentando las bases du su colaboración, el Centro del Sur, la organización intergubernamental de reflexión e investigación de los países en desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron un nuevo marco de cooperación el 11 de noviembre de 2016.

Con la firma del Memorando de Entendimiento, estas dos importantes organizaciones han acordado reforzar los lazos y crear un marco de cooperación basado en sus experiencias acumuladas en la investigación y el análisis en materia de políticas, la cooperación técnica y las actividades de creación de capacidades, para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo por eliminar el hambre y la malnutrición, reducir la pobreza, hacer frente al cambio climático y lograr un desarrollo rural sostenible en el marco de la cooperación Sur-Sur, y contribuir así a los esfuerzos mundiales para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas Para el Desarrollo Sostenible.

Maria Helena Semedo, directora general adjunta de la FAO para Clima y Recursos Naturales y Vicente Paolo Yu, director ejecutivo adjunto del Centro del Sur, firmaron el acuerdo de cooperación quinquenal en paralelo al 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22) celebrado en Marrakech (Marruecos) del 7 al 18 de noviembre de 2016.

La FAO y el Centro del Sur comparten un interés común en apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo por superar los principales desafíos en materia de desarrollo como la erradicación de la pobreza, la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, la lucha contra el cambio climático y la consecución de un desarrollo sostenible.

Esta oportuna alianza se da en un momento que la cooperación entre los países en desarrollo está cobrando fuerza y se avecina la conmemoración del 40º aniversario de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo celebrada en Buenos Aires en 1978 y que representó un hito para la cooperación Sur-Sur y para el papel de los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales como impulsores de esta forma de cooperación. En 2018 tendrán lugar diversas actividades de celebración.

«Esperamos poner en marcha cuanto antes este acuerdo de cooperación a fin de ayudarles a los países en desarrollo a fomentar la cooperación Sur-Sur en aras del desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y del refuerzo de las medidas de lucha contra el cambio climático», afirmó el director ejecutivo adjunto del Centro del Sur durante la ceremonia de la firma del acuerdo en Marrakech.

El acuerdo marca un hito en el fomento de la cooperación institucional entre la FAO y el Centro del Sur para hacer frente a los problemas de desarrollo derivados de situaciones agudas y crónicas de inseguridad alimentaria y malnutrición, de la degradación de los recursos naturales y del cambio climático, que afectan especialmente a los países en desarrollo. Esta cooperación facilitará la adopción de medidas que contribuirían a mejorar el acceso y el intercambio de información y conocimientos especializados en el ámbito de la seguridad alimentaria y la producción agrícola en el contexto de los acuerdos de comercio e inversión; a la promoción de la agricultura sostenible y en particular, de la agricultura orgánica y la agroecología; a la participación en los beneficios derivados de los recursos genéticos y de la diversidad biológica para los países en desarrollo, y en el contexto del cambio climático y la agricultura.

El acuerdo conviene asimismo la puesta en marcha de programas de cooperación para el desarrollo de capacidades mediante el intercambio de conocimientos técnicos y especializados y tecnología; por ejemplo, a través de una amplia gama de modalidades como el intercambio a corto, medio y largo plazo de conocimientos especializados; del diálogo sobre políticas, rutas de aprendizaje, viajes de estudio y capacitación y el intercambio de soluciones técnicas y en especie. Ambas organizaciones también acordaron desarrollar e implementar actividades conjuntas de fomento de capacidades para los responsables de la formulación de políticas en los países en desarrollo y ayudar a estos países en la aplicación de las medidas que han de adoptarse de conformidad con los documentos finales de las principales conferencias internacionales con el auspicio de las Naciones Unidas.

El Centro del Sur es una organización intergubernamental de países en desarrollo creada en 1995. Cuenta actualmente con 53 Estados Miembros y su objetivo principal es promover la cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible mediante investigaciones y análisis sobre políticas, asesoramiento y fomento de las capacidades en los países en desarrollo.

La FAO es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas creado en 1945 con el fin de mejorar los niveles de nutrición y de vida de todas las personas en los países miembros de la FAO; mejorar la eficacia de la producción y la distribución de todos los productos alimenticios y agrícolas; contribuir a la expansión de la economía mundial y a liberar a la humanidad del hambre y la malnutrición de forma sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Fuente: Secretarías de la FAO y del Centro del Sur.

Información relacionada con el tema:

El Centro del Sur y la FAO refuerzan la cooperación para aumentar las actividades Sur-Sur: http://www.fao.org/news/story/es/item/451976/icode/

Sitio web del Centro del Sur: https://www.southcentre.int

Sitio web de la FAO:  http://www.fao.org

 

 

 

 


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