South Bulletin 92, (4 ago. 2016)

Alerta sobre las principales amenazas sanitarias para el mundo

El mundo hace frente actualmente a graves problemas de salud pública: desde el surgimiento y resurgimiento de enfermedades infecciosas y el costo exorbitante de los nuevos medicamentos hasta la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos.  Estas y otras cuestiones se abordaron en mayo en Ginebra (Suiza) durante la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Articulos del South Bulletin 92 disponibles en español.

Alerta sobre las principales amenazas sanitarias para el mundo

La 69. ª Asamblea Mundial de la Salud abordó las crisis inminentes de salud para las que el mundo no está preparado y adoptó resoluciones para tomar medidas al respecto.


Por Martin Khor

La situación sanitaria mundial se enfrenta a una serie de desafíos críticos y deben emprenderse con urgencia medidas para evitar que se nos salga de las manos.

Esta es la impresión que ha dejado la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebrada en Ginebra del 23 al 28 de mayo de 2016.

La Asamblea Mundial de la Salud es el acontecimiento mundial más importante en el ámbito de la salud pública.  Este año, participaron en la Asamblea 3.500 delegados de 194 países entre los que se encontraban los ministros de salud de la mayoría de estos países.   Esta reunión de una semana de duración mostró el panorama de los problemas de salud más importantes y las acciones emprendidas o propuestas para abordarlos.

En su discurso inaugural, Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó una visión general de los logros y los desafíos en materia de salud mundial.

Primero, la directora general presentó las buenas noticias: 19.000 niños menos mueren cada día, la mortalidad materna ha descendido en un 44 %, el 85 % de los casos de tuberculosis se ha tratado con éxito, y se ha producido el aumento más rápido en la historia de un tratamiento para salvar vidas, con más de 15 millones de personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que ahora reciben terapia en comparación con las 690.000 personas que recibían tratamiento en 2000.

Según Margaret Chan, la ayuda para la salud ahora es más eficaz  y  la salud se percibe como una inversión para  promover sociedades estables y justas en lugar de como un drenaje de recursos.

Chan indicó asimismo cómo la salud ha pasado de ser un problema local a convertirse en un problema mundial, con la contaminación del aire convertida en una amenaza transfronteriza para la salud que contribuye al calentamiento global, y los patógenos farmacorresistentes propagándose internacionalmente a través de las personas y el comercio de alimentos.

La directora general de la OMS afirmó que los recientes brotes de ébola y zika muestran cómo las emergencias de salud mundial pueden extenderse rápidamente y habló del espectacular surgimiento y resurgimiento de enfermedades infecciosas que el mundo no está preparado para afrontar.

Chan señaló que el panorama de la salud mundial se conforma bajo la influencia de tres desastres de efecto retardado: el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos, y el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las principales causas de mortalidad en todo el mundo.

Según Chan, estos son desastres provocados por el hombre, generados por políticas que sitúan los intereses económicos por encima de las preocupaciones en materia de salud y medio ambiente. Los combustibles fósiles sostienen las economías, las medicinas para el tratamiento de enfermedades crónicas son más rentables que un tratamiento corto con antibióticos y los alimentos procesados alcanzan unas mayores cuotas de mercado que las verduras y frutas frescas, señaló.

La directora general sostuvo que si no se controlan, con el tiempo estos desastres de efecto retardado alcanzarán el punto de inflexión a partir del cual el daño será irreversible.  En lo que respecta a la resistencia a los antimicrobianos, sostiene que «estamos al borde de una era posterior a los antibióticos, en la que enfermedades por infecciones comunes volverán a ser mortíferas».

Con respecto a la manera de avanzar, Chan definió la cobertura sanitaria universal como la meta que apuntala a todas las demás metas en materia de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este tipo de cobertura es la máxima expresión de justicia que deja a nadie rezagado y que puede satisfacer las expectativas de las personas sobre una asistencia sanitaria integral, afirmó.

El discurso de la directora general sirvió de marco para los diferentes debates y resoluciones que surgieron a continuación.

En la Asamblea se acordó que la OMS creara un nuevo Programa de Emergencias Sanitarias para permitir a la organización aborde de una forma más eficaz los brotes de enfermedades y las emergencias humanitarias desde un punto de vista operativo.  El objetivo del programa consiste en dotar a la OMS de la capacidad para proporcionar un apoyo rápido, previsible e integral a los países y comunidades y abarca actividades de preparación, respuesta y recuperación para hacer frente a las emergencias y sus consecuencias provocadas por cualquier tipo de amenaza para la salud humana como el brote de una enfermedad y los desastres o conflictos, ya sean naturales o causados por el hombre.

En lo que respecta a la resistencia a los antimicrobianos, muchos países han informado sobre las medidas que han tomado a la luz del Plan Mundial de Acción que se adoptó en la anterior Asamblea Mundial de la Salud de 2015. Varios países en desarrollo han solicitado financiación y tecnología como por ejemplo, equipos de laboratorio, con el fin de identificar cepas resistentes de patógenos y así cumplir el plazo para la elaboración de planes de acción nacionales para 2017.

La OMS elaboró un documento nuevo sobre las opciones para crear un marco mundial de desarrollo y rectoría a fin de respaldar el desarrollo, el control y el uso adecuado de los nuevos medicamentos antimicrobianos y de los instrumentos de diagnóstico. En el mismo documento se informa sobre las medidas que se tomaron el año pasado.

Aunque la Secretaría ha hecho muchos progresos, la implantación de las medidas en el terreno todavía toma mucho tiempo. Por ejemplo, en la región de Asia y el Pacífico solo seis países han finalizado sus planes nacionales y otros cinco aún los están desarrollando.

Al final del debate, Keiji Fukuda, Representante Especial para la Resistencia a los Antimicrobianos en la Oficina de la Directora General de la OMS OMS, afirmó que el próximo año las actividades de la OMS se centrarán en tres elementos: conseguir avances en el Plan de Acción Mundial, desarrollar el marco mundial de rectoría, y fomentar la participación de los líderes políticos para abordar el problema mediante una reunión con los jefes de Estado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre.

La Asamblea destacó dos problemas relacionados con la nutrición infantil que confirman la necesidad de que los problemas de salud prevalezcan sobre los intereses empresariales. El primero de estos problemas es la obesidad en la infancia y la adolescencia.  En 2014 unos 41 millones de niños menores de cinco años presentaban sobrepeso u obesidad, de los cuales el 48 % vivían en Asia y el 25 %, en África.

La Comisión para acabar con la obesidad infantil de la OMS determinó que la promoción de los alimentos malsanos entre los niños era uno de los principales factores para el aumento de la obesidad infantil.

La Comisión recomendó la promoción de alimentos sanos y la que niños y adolescentes reduzcan el consumo de alimentos malsanos y bebidas azucaradas. Además, propuso gravar las bebidas azucaradas y limitar la promoción de alimentos malsanos.

La Asamblea Mundial de la Salud acogió con beneplácito las seis recomendaciones de la Comisión y pidió a la Secretaría de la OMS que elabore un plan de aplicación para orientar las medidas futuras. Además, recomendó a los Estados miembros que elaboren respuestas nacionales para acabar con la obesidad en la infancia y la adolescencia.

Asimismo, la Asamblea aplaudió las directrices de la OMS orientadas a acabar con el segundo de los problemas que hemos presentado: la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños.   Según estas directrices, para promover el apoyo a la lactancia materna habría que regular el fomento de la «fórmula de seguimiento» y las «leches de crecimiento» destinadas a niños de seis meses a tres años de la misma forma en que se regula la fórmula para lactantes de 0 a 6 meses.

Además, las directrices de la OMS sostienen que los alimentos para lactantes y niños pequeños solo deberían promocionarse en caso de que cumplan con los requisitos de composición, seguridad, calidad y niveles de nutrientes y siempre y cuando estén en consonancia con las directrices nacionales en materia de alimentación.  También recomiendan que el personal sanitario no acepte regalos o muestras gratis de empresas que promocionen esta clase de alimentos y que las empresas no patrocinen reuniones de personal sanitario.

En relación con la cuestión del acceso a medicamentos y vacunas, la Asamblea Mundial de la Salud acordó unas medidas para hacer frente a la escasez mundial de medicamentos y vacunas como el seguimiento de la oferta y la demanda, la mejora de los sistemas de adquisición y el fomento de la accesibilidad a través de la concesión de licencias voluntarias u obligatorias para los fármacos costosos.

En nombre del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la India organizó una interesante actividad paralela que gozó de una buena acogida, sobre las repercusiones de los acuerdos de libre comercio en el acceso a los medicamentos.

Tras las observaciones de los ministros de salud de los países del grupo BRICS, Frederick Abbott, profesor de derecho norteamericano y orador principal, compartió las razones por las que las disposiciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT) son más estrictas que  las normas de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y dificultan el acceso de los miembros del AAT a medicamentos accesibles.

Michel Sidibé, director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), apoyó las declaraciones de Abbott y estimó que los 2.000 millones de dólares anuales que ahora se emplean para tratar a 15 millones de pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) podrían aumentar a 150.000 millones de dólares si no existieran medicamentos genéricos y los pacientes tuviesen que utilizar medicamentos originadores a un costo de 10.000 dólares al año por persona.   El ministro de salud de Sudáfrica coincidió con los otros participantes en que las patentes constituyen una barrera para el acceso a los medicamentos.

La contaminación del aire fue otro de los problemas medioambientales destacados. Cada año se producen ocho millones de defunciones debido a la contaminación del aire; concretamente 4,3 millones a causa de la contaminación en interiores y 3,7 millones a la contaminación del aire exterior.

La Asamblea acogió con satisfacción una nueva hoja de ruta de la OMS para responder a los efectos adversos de la contaminación del aire en la salud. Esta hoja de ruta describe algunas medidas que deben tomarse en el período de 2016 a 2019, como la difusión de conocimientos mundiales en relación con las repercusiones sanitarias de la contaminación del aire y la eficacia de las políticas e intervenciones para hacer frente a la contaminación del aire. También tiene como objetivo reforzar los sistemas de seguimiento y presentación de informes sobre las tendencias sanitarias y los progresos realizados hacia el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionadas con la contaminación del aire, la promoción del liderazgo y la acción coordinada del sector de la salud para aumentar la concienciación sobre la contaminación del aire. Por último, la hoja de ruta pretende fortalecer la capacidad del sector de la salud para responder a los efectos sanitarios adversos de la contaminación del aire mediante capacitación, directrices y planes nacionales de acción.

Las sustancias químicas también tienen que gestionarse de forma adecuada, ya que 1,3 millones de defunciones en todo el mundo se producen a causa de la exposición a sustancias químicas como el plomo y los plaguicidas. La Asamblea Mundial de la Salud se comprometió a garantizar que, para 2020, los productos químicos se utilicen y produzcan en formas que reduzcan al mínimo los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.

Entre otras cosas, se acordó que los países mejoren la cooperación internacional mediante la transferencia de conocimientos especializados, tecnologías y datos científicos e intercambien buenas prácticas de gestión de los productos químicos y los desechos. La OMS desarrollará una hoja de ruta con medidas orientadas a alcanzar el objetivo para 2020 y las metas conexas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una cuestión controvertida que ha llevado dos años de negociaciones es la de la colaboración de la OMS con agentes no estatales.  La Asamblea Mundial de la Salud finalmente adoptó el Marco para la colaboración con agentes no estatales (FENSA) de la OMS, que dota a la OMS de las políticas y los procedimientos para colaborar con organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades del sector privado, fundaciones filantrópicas e instituciones académicas.

Por un lado, existe el objetivo de reforzar la colaboración de la OMS con agentes no estatales.   Por otro lado, la OMS debe evitar conflictos de interés que pudieran surgir de una colaboración estrecha con las corporaciones y sus fundaciones, asociaciones y grupos de presión si estos influyen notablemente y de manera indebida en la organización. A las organizaciones de la sociedad civil y a varios países en desarrollo les preocupa la manera como esta influencia de las empresas debilita ya la autoridad de la OMS en materia de salud pública y temen que el FENSA no ayude a revertir sino más bien a reforzar esta tendencia.

Los ODS son un tema de actualidad y la Asamblea acordó los pasos para alcanzar las metas relacionadas con la salud.

En la Asamblea se abordaron las cuestiones para priorizar la cobertura sanitaria universal; trabajar con actores externos al sector de la salud para hacer frente a las causas sociales, económicas y medioambientales de los problemas de salud como la resistencia a los antimicrobianos; aumentar los esfuerzos para combatir el mal estado de salud de madres y niños y las enfermedades infecciosas en países en desarrollo; y centrarse en la equidad dentro de los países y entre ellos sin que nadie quede rezagado.

Se ha solicitado a la OMS que tome las medidas para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para alcanzar los ODS y para trabajar con los países y reforzar su capacidad de supervisar el progreso hacia el logro de  las metas.

La Asamblea Mundial de la Salud también adoptó muchas otras resoluciones relacionadas con el Reglamento Sanitario Internacional; el control del tabaco; las muertes y heridas producidas por accidentes de tráfico; el VIH, la hepatitis y las enfermedades de transmisión sexual; el micetoma; los servicios de salud integrados; el personal de salud; el plan de acción mundial sobre la violencia; la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente; y el envejecimiento saludable.

 

Martin Khor, director ejecutivo de Centro del Sur. Contacto: director@southcentre.int

 

El Consejo de Derechos Humanos aprueba resoluciones históricas sobre el acceso a los medicamentos

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso dos importantes resoluciones en las que reafirma que el acceso a los medicamentos y el fomento de la creación de capacidad en el ámbito de la salud pública son elementos fundamentales para el pleno ejercicio del derecho a la salud. Los miembros convinieron celebrar mesas redondas durante los próximos períodos de sesiones.

En marzo de 2017 el Consejo de Derechos Humanos tratará en una mesa redonda durante su 34º período de sesiones la cuestión del acceso a los medicamentos. En el 35º período de sesiones, que tendrá lugar en junio de 2017, se debatirá la cuestión del fomento de la capacidad en el ámbito de la salud pública.


Por Viviana Muñoz-Téllez y Adriano José Timossi

La aprobación por consenso de dos resoluciones durante el 32º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que tuvo lugar entre junio y julio en Ginebra (Suiza) constituye un hito en materia de salud y derechos humanos.

La resolución 32/L.23 titulada «El acceso a los medicamentos en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental» fue presentada por el Brasil, China, Egipto, Haití, la India, Indonesia, el Paraguay, el Perú, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica y Tailandia. La resolución contó con el apoyo de 72 copatrocinadores.

Uno de los resultados más significativos de la resolución es la decisión del Consejo de celebrar durante su 34º período de sesiones una mesa redonda para intercambiar opiniones sobre las buenas prácticas y las principales dificultades respecto al acceso a los medicamentos como uno de los elementos fundamentales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, teniendo en cuenta todos los informes pertinentes, y que el debate debe ser totalmente accesible para las personas con discapacidad.

La mesa redonda constituirá asimismo una oportunidad de examinar los resultados del trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamento creado por el secretario general de Naciones Unidas, que serán presentados en los próximos meses. Al aprobar por consenso esta resolución, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos han convenido promover el acceso a los medicamentos como un elemento fundamental para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud.

Durante los últimos diez años el Consejo de Derechos Humanos ha tenido en cuenta el problema del acceso a los medicamentos en sus resoluciones e informes mediante diferentes iniciativas. La última resolución (23/14 en 2013) fue aprobada por 31 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones. La aprobación de esta resolución por consenso revive el buen espíritu de trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre esta cuestión, y contribuye así a fomentar las actividades relacionadas con el acceso a los medicamentos.

También es un momento oportuno para volver a tratar el tema en el Consejo, teniendo en cuenta los progresos recientes en otros foros y la necesidad de continuar las discusiones y los debates sobre las mejores prácticas para hacer valer la primacía de los derechos humanos, como el derecho a la salud, sobre el comercio, los derechos de propiedad intelectual y otros acuerdos e intereses económicos. Igualmente importante es que en la resolución se reafirma la capacidad de los países de aprovechar las flexibilidades previstas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) para promover el acceso a los medicamentos, al reconocer que las patentes pueden ser usadas para fijar precios altos para los medicamentos.

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Objetivo 3 de desarrollo sostenible en el ámbito de la salud, así como el foro social de 2015 dedicado al «acceso a los medicamentos en el contexto del derecho a la salud», también han dado ímpetu al fomento del acceso a los medicamentos. Además de estos acontecimientos recientes, cabe destacar la contribución de las resoluciones anteriores aprobadas por el Consejo y el trabajo actual del Relator Especial sobre el derecho a la salud y el Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamento creado recientemente por el secretario general de las Naciones Unidas.

En la resolución se reafirma la importancia del acceso a medicamentos seguros, asequibles, eficaces y de calidad para todas las personas como uno de los derechos humanos fundamentales y se recalca que le mejora de ese acceso podría salvar millones de vidas cada año. También se hace un llamamiento a los Estados miembros y a otras partes interesadas para que creen condiciones propicias en los planos nacional, regional e internacional a fin de garantizar el disfrute pleno y efectivo del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Se recuerda asimismo en esta resolución que la Declaración Ministerial de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC confirma que el Acuerdo no impide ni debe impedir que los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adopten medidas para proteger la salud pública. También se exhorta a los Estados a promover el acceso de todas las personas a los medicamentos, entre otras cosas mediante el pleno aprovechamiento de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que ofrecen flexibilidad a ese efecto, reconociendo la importancia de la protección de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos, así como la preocupación que suscitan los efectos de esa protección en los precios.

La embajadora Regina Maria Cordeiro Dunlop de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas en Ginebra, presentó el proyecto de resolución a nombre del grupo de Estados impulsores y recordó que para millones de personas en todo el mundo el disfrute pleno del derecho humano a la salud sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos una tercera parte de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos, afirmó. La embajadora señaló asimismo que no deben escatimarse esfuerzos para hacer efectivo este derecho para todas las personas y que la salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el disfrute de muchos otros derechos humanos y necesario para vivir una vida digna.

La embajadora Cordeiro Dunlop también explicó que la resolución tiene por objeto reafirmar el acceso a los medicamentos como un elemento fundamental para el ejercicio del derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y destacó el apoyo y el compromiso de todas las delegaciones durante las consultas informales y las contribuciones constructivas que ayudaron a allanar el camino hacia un entendimiento común sobre el acceso a los medicamentos como un elemento fundamental del derecho a la salud.

El embajador Ajit Kumar, Representante Permanente de la India ante las Naciones Unidas en Ginebra, también presentó una declaración como miembro del grupo de Estados impulsores de la resolución sobre el acceso a los medicamentos y señaló que los problemas del acceso a los medicamentos ya no solo afectan a los países en desarrollo ni a las llamadas enfermedades desatendidas. También afectan a las personas de los países desarrollados, exprimen los presupuestos sanitarios de todos los Gobiernos y repercuten en el tratamiento de enfermedades comunes como la hepatitis o el cáncer, dijo.

El embajador Kumar indicó asimismo que el marco mundial actual no favorece la repartición equitativa de los frutos de la innovación médica, en particular para quienes más lo necesitan, y los modelos de innovación que prosperan en el sistema actual no han logrado satisfacer las necesidades de los países en desarrollo en materia de investigación y desarrollo (I+D) en el ámbito de la salud. Una muestra patente de ello, indicó, es la falta de nuevos medicamentos y vacunas para enfermedades infecciosas conocidas desde hace tiempo como la tuberculosis y el paludismo, que siguen siendo importantes problemas de salud pública.

También mencionó que el Consejo de Derechos Humanos ha hecho varias contribuciones trascendentales reconociendo que el acceso a los medicamentos es un componente fundamental del derecho a la salud. El embajador señaló que varias resoluciones del Consejo han reafirmado el derecho de los Estados miembros a dar primacía a la salud pública sobre cuestiones comerciales y de propiedad intelectual tal como se consagra en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. Pese a esto, los obstáculos para el aprovechamiento pleno de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC no han hecho más que aumentar, añadió. El embajador afirmó igualmente que la tendencia a imponer normas más estrictas que las normas previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC amenaza aún más el pleno ejercicio del derecho a la salud de millones de personas al erigir mayores obstáculos para el acceso a los medicamentos.

También manifestó que es necesario que el aspecto de los derechos humanos del acceso a los medicamentos vuelva a ocupar un lugar central en los esfuerzos por crear condiciones propicias en los planos nacional, regional e internacional para garantizar el disfrute pleno del derecho a la salud y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Añadió que el proyecto de resolución actual se basa en anteriores resoluciones del Consejo en la materia.

El embajador Kumar observó que en la resolución el Consejo aprecia la decisión del secretario general de crear un Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamentos con el mandato de formular propuestas para subsanar la incoherencia de las políticas en el ámbito de la salud pública, el comercio, los derechos legítimos de los inventores y los derechos humanos en el contexto del acceso a los medicamentos y la innovación, y destacó la participación activa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el grupo consultivo de expertos que presta apoyo al Grupo de Alto Nivel. Así pues, el señor Kumar manifestó que sería oportuno que el Consejo tenga en cuenta los progresos recientes y mantenga un debate constructivo sobre cómo los Estados miembros y otras partes interesadas pueden superar algunas de las barreras para el acceso a los medicamentos y logren la tan necesaria coherencia de las políticas de derechos humanos, propiedad intelectual, comercio e inversión reafirmando la importancia de los derechos humanos al examinar la cuestión del acceso a los medicamentos.

También fue aprobado por consenso otra resolución (32/L.24) titulada «Promoción del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental mediante la mejora del fomento de la capacidad en el ámbito de la salud pública». El proyecto de resolución, presentado por China con el respaldo de numerosos copatrocinadores, reconoce la necesidad de fomentar la capacidad de la salud pública.

En la resolución se reafirma que fortalecer los sistemas de salud pública es esencial para el desarrollo de todos los Estados miembros y que el desarrollo económico y social se ve beneficiado por las medidas que mejoran el fomento de la capacidad de la salud pública, que incluyen la formación, contratación y retención de suficiente personal de salud pública, así como los sistemas de prevención de las enfermedades infecciosas y de inmunización contra ellas.

En la resolución también se reconoce la importancia de aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la formación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, sobre todo en los países menos adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral.

En esta resolución el Consejo dispone la convocación de una mesa redonda con la participación de Estados, organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, miembros del mundo académico y expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG), con el objetivo de intercambiar experiencias y prácticas en lo que respecta a la realización del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental mejorando el fomento de la capacidad de la salud pública.  También se solicita al Alto Comisionado que prepare un informe resumido sobre la mesa redonda y lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 36 º período de sesiones.

En ambas resoluciones se acoge con beneplácito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluido su objetivo 3, que pone de relieve la importancia de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, y se recuerda ese respecto la aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud, el 28 de mayo de 2016, de su resolución WHA69.15 titulada «La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». Los Estados miembros también acogieron con beneplácito los esfuerzos de la OMS, en cooperación con los Estados miembros, para mejorar la creación de capacidad de la salud pública mundial y lograr las metas especificadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.

La aprobación por consenso de ambas resoluciones se da en un buen momento ya que actualmente tienen lugar las celebraciones del 30º aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en la que se reconocen tanto el derecho a la salud como el acceso a los medicamentos y la salud pública como elementos fundamentales para el ejercicio del derecho a desarrollo.

 

Viviana Muñoz-Téllez, coordinadora, Programa de Desarrollo, Innovación y Propiedad Intelectual (DIIP) del Centro del Sur y Adriano José Timossi, administrador superior, Programa de Gobernanza Mundial para el Desarrollo (GGDP) del Centro del Sur

 

Reflexiones sobre los elementos del programa futuro de la OMPI relativo a las patentes y a la salud

El Centro del Sur organizó una reunión paralela en el marco de la vigesimocuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la OMPI. El panel discutió diferentes elementos en materia de patentes y salud pública que podrían formar parte del programa de trabajo futuro de la OMPI. A continuación presentamos un informe de la reunión.


Por Viviana Muñoz Téllez

Con ocasión de la vigesimocuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Centro del Sur organizó una reunión paralela que tuvo lugar el 29 de junio de 2016 en la sede de la OMPI en Ginebra (Suiza).  El panel reflexionó sobre diferentes elementos que podrían incluirse en el programa de trabajo futuro de la OMPI en materia de patentes y salud pública. El SCP es un foro idóneo para debatir temas relacionados con el sistema internacional de patentes y su vínculo con el cumplimiento del objetivo de política pública de garantizar el acceso a los medicamentos para todas las personas. El panel examinó la manera de lograr este objetivo de política, de conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (Declaración de Doha).

La presidenta del panel, Viviana Muñoz Téllez, coordinadora del Programa de Desarrollo, Innovación y Propiedad Intelectual (DIIP) del Centro del Sur, comenzó el debate afirmando que el SCP de la OMPI se encuentra actualmente definiendo su plan de trabajo futuro y que un plan de trabajo equilibrado debería incluir la cuestión de la salud pública y las patentes. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMPI tiene por mandato contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre los que se encuentra el ODS 3 que atañe a la salud. La compleja interrelación entre cuestiones de salud pública, propiedad intelectual, innovación y fomento de capacidad industrial local, comercio y derechos humanos es objeto de discusión en numerosos foros internacionales y los ODS constituyen un marco para lograr una mayor coherencia entre las políticas. La secretaría de la OMPI ha emprendido iniciativas sobre propiedad intelectual y salud pública como proyectos de cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC); publicación de documentos y organización de seminarios. Aún así, hace falta una mayor orientación por parte de los Estados miembros. Los Estados miembros deben impulsar las iniciativas de la OMPI en el ámbito de la salud pública y requieren de un espacio para la discusión y la creación de un entendimiento común, en particular en torno al acceso a los medicamentos. El SCP es un foro idóneo para tratar la interrelación entre el sistema de patentes y la salud pública.

La OMPI puede elaborar investigaciones y análisis más factuales y con base empírica, así como instrumentos que aporten información para la formulación de políticas nacionales, debates internacionales y actividades de asistencia técnica. El trabajo de la OMPI debería incluir trabajos empíricos sobre el efecto de las patentes y de otras formas de propiedad intelectual en las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y en el precio de los nuevos productos médicos. También debería abordar sus efectos en la innovación incremental y en la producción y disponibilidad de productos médicos genéricos a bajo costo y el papel de las flexibilidades dentro del sistema de patentes en la promoción del acceso a productos médicos asequibles. La propuesta del Grupo Africano en el SCP va en la buena dirección.

La primera secretaria de la Misión Permanente de Nigeria ante las Naciones Unidas en Ginebra, Chichi Umesi,  señaló que Nigeria es el actual coordinador del Grupo Africano en la OMPI.  Durante la decimosexta sesión del SCP en 2011, el Grupo Africano y el Grupo de la Agenda para el Desarrollo presentaron una propuesta con el fin de mejorar la capacidad de los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) de adaptar sus regímenes de patentes y hacer pleno uso de las flexibilidades previstas en el sistema internacional de patentes para abordar las prioridades de política pública relacionadas con la salud. El Grupo Africano presentó una propuesta actualizada (documento SCP/24/4) en la vigesimocuarta sesión del SCP en junio de 2016 que tiene en cuenta el problema persistente del acceso a los medicamentos. La falta de acceso y los elevados precios de los medicamentos afectan tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo y a los PMA.

En la propuesta revisada se tiene en cuenta la evolución de la situación desde 2011 como por ejemplo, la concesión del Consejo de los ADPIC de la OMC de una prórroga del período de transición para los PMA que supone que estos países no están obligados a conceder patentes de productos farmacéuticos al menos hasta 2033. Lo anterior constituye un importante reconocimiento de que la aplicación de la protección mediante patente de los productos farmacéuticos en los PMA va en detrimento de la salud pública al convertirse en un obstáculo para garantizar el acceso a los medicamentos asequibles.

El programa de trabajo propuesto pretende mejorar las capacidades de los Estados miembros y en particular, de los países en desarrollo y los PMA, para adaptar sus regímenes de patentes a fin de hacer pleno uso de las flexibilidades disponibles en el marco del sistema internacional de patentes y promover las prioridades de política pública relacionadas con el acceso a la asistencia sanitaria. El Grupo Africano solicita apoyo para incorporar las cuestiones de las patentes y la salud en el plan de trabajo futuro del SCP y en las actividades específicas propuestas en el documento SCP/24/4.

Hu Yuan Qiong, asesora jurídica y en materia de políticas de la campaña para el acceso a los medicamentos de Médecins Sans Frontières (MSF), explicó que MSF ve el acceso a los medicamentos desde dos perspectivas: el acceso a los medicamentos existentes y el desarrollo de nuevos medicamentos y el acceso a estos. La representante de MSF explicó que los aspectos principales del acceso y la innovación son la asequibilidad, la disponibilidad y la idoneidad. Dijo además que existen numerosos obstáculos para el acceso y la innovación como por ejemplo, los que suponen las patentes en la nueva Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS, la perpetuación de patentes (evergreening) y las disposiciones más estrictas que las del Acuerdo sobre los ADPIC que son perjudiciales para salud pública; las restricciones a las medidas relativas a la concesión voluntaria de las licencias, presiones políticas sobre las leyes y políticas nacionales, y un modelo de incentivos a la I+D de nuevos medicamentos que ya no funciona.

También señaló que las investigaciones de MSF demuestran que el aumento de la competencia influye en la disminución de los precios, como se ha visto en el caso de la combinación de medicamentos de primera línea para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). El precio de los tratamientos más recientes con medicamentos de tercera línea es 14 veces mayor que el tratamiento con medicamentos de primera línea recomendado, debido al retraso de la entrada de la competencia de medicamentos genéricos causado por las patentes, dijo la representante de MSF.  MSF recomienda que los estudios de la OMPI sean factuales y tengan una base empírica. MSF ha presentado un informe detallado sobre un estudio reciente de la OMPI basado en patentes relativo a la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS de 2013. El informe de MSF concluye que el estudio de la OMPI no tuvo en cuenta la tendencia de la carga de morbilidad y en la ampliación de la lista de medicamentos esenciales, utilizó una metodología cuestionable, contenía datos equivocados y poco útiles para la toma de decisiones en materia de salud pública y presentaba conclusiones engañosas.

Thiru Balasubramaniam, representante de Knowledge Ecology International en Ginebra, afirmó que la función del sistema de patentes es servir el interés público. Dijo asimismo que los países desarrollados cuentan con varios mecanismos en sus legislaciones nacionales de patentes para limitar el ejercicio de los derechos de patente que están en conformidad con sus obligaciones internacionales y que se aplican regularmente, lo que pone de manifiesto la preocupación por el elevado costo de los medicamentos así como los efectos anticompetitivos de los monopolios de patentes. Hay numerosos ejemplos que permiten ilustrar cómo se utilizan estos mecanismos en los países desarrollados: el uso de licencias obligatorias como recurso para las prácticas anticompetitivas en los Estados Unidos y en Europa; la posible utilización de licencias obligatorias para importar medicamentos genéricos más baratos y limitaciones al pronunciamiento de decisiones por motivos de interés público, entre otros.  El SCP debería tener esto en cuenta, dijo por último el representante.

K. M. Gopakumar, asesor jurídico e investigador superior de la Third World Network (TWN), observó que los países en desarrollo y los PMA hacen frente a múltiples problemas en relación con el acceso a los medicamentos. Entre estos se encuentran los obstáculos reglamentarios que plantean los sistemas de patentes para su capacidad de adoptar medidas y políticas con el fin de garantizar el acceso a los medicamentos, añadió. Si bien los PMA no están obligados a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC y los países en desarrollo pueden hacer uso de las flexibilidades previstas por el Acuerdo para tener margen de maniobra en materia de políticas en el derecho de patentes, los obstáculos de carácter político y práctico para que no recurran a estas flexibilidades son reales, como la presión constante de los países desarrollados en los acuerdos de libre comercio o en mecanismos bilaterales, como la lista de la sección especial 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos. La OMPI no ha logrado crear un programa de trabajo efectivo sobre el uso de las flexibilidades y las herramientas para ayudar a los países a este respecto, afirmó K. M. Gopakumar, y esto se debe a la renuencia de los países desarrollados. Por último, señaló que el SCP debería establecer un programa de trabajo concreto sobre patentes y salud pública que promueva el uso de las flexibilidades disponibles en el sistema de patentes y ampliar las herramientas disponibles para que los responsables de la formulación de políticas puedan recurrir a estas flexibilidades.

 

Viviana Muñoz-Tellez, coordinadora del Programa de Desarrollo, Innovación y Propiedad Intelectual (DIIP) del Centro del Sur 

 

El Centro del Sur y el G-15 refuerzan su cooperación

Las secretarías del Centro del Sur y del Grupo de los 15 (G-15) firmaron un memorando de entendimiento en Ginebra (Suiza) el 16 de junio de 2016.


La firma de un memorando de entendimiento entre las secretarías del Centro del Sur y el Grupo Cumbre de Consulta y Cooperación Sur-Sur o Grupo de los 15 (G-15), tiene por objeto promover la labor de ambas instituciones con miras a fortalecer la capacidad de los países en desarrollo de coordinar mejor sus intereses y puntos de vista en los foros nacionales, regionales y multilaterales.

El acuerdo de cooperación comprende áreas y medidas básicas como la asistencia mutua en las actividades de fomento de la capacidad, la organización conjunta de talleres, simposios y sesiones de capacitación sobre cuestiones temáticas, la elaboración de publicaciones conjuntas y la suma de esfuerzos para aumentar las oportunidades de cooperación Sur-Sur.

Tras la ceremonia de firma del memorando de entendimiento, Ravinatha Aryasinha, embajador y representante permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas en Ginebra, manifestó en calidad de presidente de los representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno del G-15, que el memorando de entendimiento formaliza la cooperación existente entre las dos instituciones y recordó los resultados positivos de las sesiones de información organizadas conjuntamente sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que tuvieron lugar recientemente y a la que asistieron numerosos representantes de las delegaciones en Ginebra y de expertos de las organizaciones internacionales. Cabe esperar que el memorando de entendimiento traiga consigo un aumento de las actividades que redundará en beneficio tanto de los Estados miembros de ambas organizaciones como del Sur en general, afirmó el embajador.

Martin Khor, director ejecutivo del Centro del Sur, rememoró la historia similar de ambas organizaciones y cómo han avanzado por caminos paralelos desde su creación. Afirmó asimismo que el memorando de entendimiento constituye un paso adelante para ambas secretarías en el fomento de la cooperación Sur-Sur. Por último, manifestó que los delegados de los países en desarrollo necesitan apoyarse en trabajos de investigación, reunirse para definir sus posiciones en los asuntos internacionales e intercambiar experiencias en el ámbito internacional en relación con sus políticas de desarrollo.

 

La importancia de definir un programa de acción de los países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia tributaria

Los países en desarrollo deberían tener voz en las discusiones y decisiones mundiales sobre cuestiones fiscales de las que suelen quedar excluidos.  El Centro del Sur organizó una reunión para los responsables de la formulación de políticas fiscales y expertos de países en desarrollo a fin de examinar las cuestiones que revisten un interés particular para estos países y que deberían ser la base de un programa de acción mundial en materia tributaria. A continuación presentamos un informe sobre la reunión.


Por Manuel F. Montes

Los días 4 y 5 de febrero de 2016, 15 expertos y responsables de la formulación de políticas fiscales analizaron en una reunión organizada por el Centro del Sur en Ginebra (Suiza) los elementos que deberían integrar un programa de acción de los países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia tributaria.

Varios factores han puesto en evidencia recientemente la necesidad de crear un espacio para promover un programa de acción de los países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia de tributación.  La conclusión de la reunión fue que ha llegado la hora de crear este espacio.

Durante la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada a mediados de julio de 2015 en Addis Abeba los países desarrollados bloquearon una propuesta para crear un órgano fiscal intergubernamental de Naciones Unidas que remplace al comité de expertos puramente consultivo que opera actualmente en las Naciones Unidas. Así, solo queda la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como organismo para fijar normas y reglas de cooperación en materia de tributación a nivel internacional. Al no ser miembros de la OCDE, los países en desarrollo no participan en la elaboración del programa de acción  y no tienen el mismo peso que los miembros en la toma de decisiones.

Los resultados del proyecto titulado «erosión de la base imponible y traslado de beneficios» del Grupo de los 20 (G20) y la OCDE presentados en octubre de 2015 no respondieron a las cuestiones más urgentes de cooperación internacional en materia de tributación para los países en desarrollo como los métodos de reparto de utilidades entre la fiscalidad basada en la fuente y la fiscalidad basada en la residencia, la tributación de los servicios técnicos (servicios administrativos, servicios de gestión y soporte técnico) y el tratamiento de las empresas en las industrias extractivas, que son fundamentales para los países en desarrollo.

En la reunión que tuvo lugar en el Centro del Sur se examinaron estas y otras cuestiones esenciales para los países en desarrollo.

Un programa de acción de los países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia de tributación contribuiría a: 1) ayudar a las autoridades de los países a mejorar en el área de la investigación, a fomentar su capacidad nacional y a diseñar políticas fiscales eficaces propias; 2) fortalecer y coordinar mejor la participación de los países en desarrollo en las negociaciones en procesos internacionales en materia de tributación como los de la OCDE y el G20, en reuniones de la ONU sobre cooperación en materia de tributación y actividades regionales de cooperación en el marco de foros que operan en América Latina y en África pero no en Asia; 3) crear mecanismos internacionales de cooperación en materia de tributación entre las autoridades de los países en desarrollo que den lugar a normas acordadas y a medidas conjuntas.

Lo anterior, que no está en conflicto con los compromisos asumidos en la OCDE, en las Naciones Unidas o en otros foros internacionales, ayudaría a aumentar la influencia y las contribuciones de los países en desarrollo en otros procesos. El refuerzo de la cooperación Sur-Sur permitiría determinar qué tipo de políticas fiscales son más acordes a las necesidades de los países en desarrollo y resultan más eficaces en los contextos de estos países.  Para que la cooperación Sur-Sur sea significativa, es importante que tenga lugar en un proceso constante, por ejemplo, en reuniones fijas anuales y no como es el caso actualmente, de manera ad hoc.

José Antonio Ocampo, profesor de economía en la Universidad de Columbia y exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, abrió el debate destacando la destructiva competencia fiscal entre los países en desarrollo que buscan atraer la inversión extranjera entre otras cosas, mediante costosos incentivos fiscales para los inversores extranjeros. Según el exministro, un objetivo de cooperación Sur-Sur puede ser reforzar la cooperación y la coordinación (especialmente en la esfera regional) y aplicar otros medios para atraer la inversión extranjera. Con relación a las acusaciones por parte de los países de la OCDE de que las jurisdicciones de algunos países en desarrollo aplican el secreto fiscal, lo que debilita sus sistemas fiscales, Ocampo señaló que los más grandes y perjudiciales paraísos fiscales se encuentran en territorios al amparo de países desarrollados (como los territorios en la órbita del Reino Unido) y constituyen componentes indispensables de los centros financieros que albergan los países desarrollados.

Logan Wort, secretario ejecutivo del Foro Africano de Administración Tributaria (FAAT) con sede en Pretoria, hizo énfasis en que antes de preocuparse por el efecto positivo o negativo de la cooperación y los tratados en materia de tributación, es indispensable fortalecer las legislaciones fiscales internas.

Anita Kapur, ex presidenta del Comité Central de Impuestos Directos del Departamento de Ingresos del Ministerio de Hacienda de la India y Flavio Araújo, coordinador general de Relaciones Internacionales de la Secretaría Federal de Ingresos Públicos del Brasil), analizaron la labor de los administradores fiscales de los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). También intercambiaron planteamientos innovadores adoptados en sus respectivos países que, aunque podrían ser más eficaces para los países en desarrollo, no han sido reconocidos ni considerados compatibles con los planteamientos de la OCDE. Por ejemplo, el Brasil aplica diferentes impuestos de retención sobre las transacciones con una lista oficial que mantiene sobre los paraísos fiscales, con base en ciertos requisitos legales. Por su parte, la OCDE no ha logrado mantener ciertos países en su lista de «paraísos fiscales no cooperativos».

Los países del grupo BRICS también son exportadores de capitales, a diferencia de muchos otros países en desarrollo. Los países del grupo BRICS podrían ayudar aplicando el principio de «no hacer daño» a los intereses comunes de los países en desarrollo a fin de obtener mayores ingresos de la fiscalidad basada en la fuente.

Ignatius Kawala Mvula, director auxiliar de la Autoridad Fiscal de Zambia y miembro del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas, habló sobre los derechos impositivos sobre los servicios, como servicios administrativos, de gestión y servicios técnicos, prestados tanto por las filiales como por las sedes principales.  El Comité de las Naciones Unidas sobre cuestiones de tributación ha dado un gran paso adelante con una propuesta de tratamiento diferente al planteamiento de la OCDE basado en el principio de una entidad separada y está a punto de promulgar un conjunto de recomendaciones de sus expertos. La incorporación de un nuevo artículo (el Artículo 14) en la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo marcaría un hito.

Eric Mensah, inspector jefe de impuestos de la Autoridad Fiscal de Zambia, habló sobre cómo desde que llegó a su fin el auge de los precios de los productos básicos los países en desarrollo, en particular los países africanos, han comenzado a intentar cambiar sus políticas para garantizar que sus países obtengan una parte justa de los beneficios de un auge de los precios de los productos básicos. Estos países también pretenden coordinar mejor sus políticas fiscales y de inversión de manera que los posibles inversores en el sector minero no pongan a los países a competir entre sí para obtener un trato favorable, afirmó.

Erika Siu, consultora independiente, habló de la fijación de precios de transferencia y de la imposición a las empresas multinacionales como una sola empresa. Afirmó que a los países en desarrollo puede traerles beneficios materiales recurrir a la imposición de las rentas con base en la fuente y no en la residencia. Las disciplinas relativas a las prácticas de fijación de precios de transferencia del sector privado son de interés capital para los países en desarrollo por los efectos de dichas prácticas sobre la base imponible en la fuente.  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que los países en desarrollo dejan de percibir 100 000 millones de dólares anuales de ingresos debido a la fijación errónea de precios de transferencia. Por su parte, la OCDE estima que para todos los países dejan de percibirse entre 100 y 240 000 millones por año.

Annette Oguttu, profesora de derecho en la Universidad de Sudáfrica, centró su discurso en las corrientes financieras ilícitas. Señaló que aumentar la transparencia, la cooperación internacional y el intercambio de información sobre los inversores son pasos importantes. Los países africanos intentan actualmente acordar unas normas de cooperación para hacer frente a estas corrientes y proteger sus ingresos públicos, indicó.

Dereje Alemayehu, coordinador de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, habló sobre competencia y cooperación en materia de tributación tras la adopción del proyecto «erosión de la base imponible y traslado de beneficios» y dijo que suponer que las medidas de este proyecto, si bien son numerosas y detalladas, responden a la lista de prioridades de los países en desarrollo, es un error. Aunque dicho proyecto se concluyó apresuradamente y es incompleto e insatisfactorio en muchos aspectos, actualmente se le está pidiendo su aplicación a la comunidad mundial.  Las diversas presiones y maniobras de parte de los Estados miembros de la OCDE, en especial de los países más influyentes como los Estados Unidos, para dejar la adopción de decisiones sobre cooperación en materia tributaria en el ámbito de competencia de la OCDE van en contra de los intereses de los países en desarrollo que ya de por sí están en desventaja en este foro.

Alvin Mosioma, fundador de Tax Justice Network Africa, se refirió a los próximos pasos y a las prioridades en materia de promoción e investigación y determinó que entre las áreas prioritarias que se deben abordar se encuentran las siguientes: 1) la competencia tributaria y los incentivos fiscales; 2) la ineficacia de las normas vigentes sobre fijación de precios de transferencia; 3) los vacíos, la influencia internacional y la legitimidad del proyecto sobre la «erosión de la base imponible y traslado de beneficios»; 4) el desconocimiento en los niveles más altos de la formulación de políticas de las autoridades de los países en desarrollo sobre los vínculos entre las políticas y la cooperación fiscal con los objetivos generales de desarrollo; 5) la definición de las políticas fiscales eficaces y efectivas que son aplicables a los países en desarrollo; 6) la elaboración y la adaptación de propuestas más congruentes con las necesidades y prioridades de los países en desarrollo.

Parece haber consenso en que el aumento y la reglamentación de la cooperación en materia de tributación entre los países en desarrollo es un proyecto viable.

El debate al interior del grupo BRICS indica que la cooperación Sur-Sur es posible y productiva y que puede extenderse entre los países en desarrollo. Es importante reconocer las dimensiones políticas de la cooperación en materia de tributación, en particular, entre los países en desarrollo.

Todo programa de acción establecido entre y para países en desarrollo incorporará no solo cuestiones de interés común sino también cuestiones que susciten debates incómodos como la competencia tributaria. Todo foro de países en desarrollo debe tratar ambas clases de cuestiones y hacer frente a los problemas generados por las políticas de los mismos países en desarrollo.  Por ello es importante crear un espacio fiable en donde los representantes de los países en desarrollo puedan discutir estas cuestiones con franqueza.

Un foro de países en desarrollo debe ser útil para los administradores y responsables de la formulación de políticas fiscales. Durante la reunión se indicaron varios ejemplos de políticas y prácticas fiscales que podrían ser interesantes para los administradores y expertos en políticas fiscales. Un foro de países en desarrollo debería servir para aprovechar los conocimientos especializados de estos países, por lo que documentar estas prácticas y que haya un intercambio entre los representantes de los países en desarrollo mediante publicaciones e informes sobre políticas sería de gran valor.

Una conclusión general fue el pleno apoyo de los participantes a nuevas actividades de seguimiento con miras a crear un foro de países en desarrollo sobre cooperación internacional en materia de tributación que tenga lugar regularmente. Dicho foro podría servir de lugar de encuentro para aumentar la coordinación entre los países en desarrollo en lo que respecta a su participación en actividades internacionales que tienen lugar en el marco de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE. Un foro anual podría brindar el espacio para intercambiar experiencias y analizar regularmente las prácticas efectivas más adecuadas para superar los obstáculos a los que se enfrentan los países en desarrollo aunque estas prácticas no sean reconocidas por las autoridades fiscales de los países desarrollados.

 

Manuel F. Montes, asesor superior en materia de finanzas y desarrollo del Centro del Sur.

 


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