South Bulletin 91 (18 jun. 2016)

Propuestas del Centro del Sur para mejorar el acceso a los medicamentos

En este número del South Bulletin se resumen las tres propuestas que el Centro del Sur ha presentado por escrito al Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamentos creado por el Secretario General de las Naciones Unidas, sobre algunas de las medidas clave que se deben emprender a fin de mejorar el acceso a los medicamentos para las poblaciones de los países en desarrollo, a saber:

  • Reivindicar la primacía del derecho a la salud sobre el comercio y las normas sobre propiedad intelectual
  • Elaborar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la I+D de productos médicos bajo los auspicios de las Naciones Unidas
  • Abordar las limitaciones del Párrafo 6: Sistema del Acuerdo sobre los ADPIC

Articulos del South Bulletin 91 disponibles en español:

Reflexiones del Centro del Sur sobre las medias necesarias para mejorar el acceso a los medicamentos

El Centro del Sur ha presentado por escrito al Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamentos creado por Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, tres propuestas sobre algunas de las medidas clave que se deben emprender a fin de mejorar el acceso a los medicamentos para las poblaciones de los países en desarrollo. A continuación se resumen las tres propuestas.


Por el Programa de Desarrollo, Innovación y Propiedad Intelectual (DIIP) del Centro del Sur

Un Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamentos convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas estudia actualmente una serie de propuestas para abordar la incoherencia de las políticas entre los derechos de propiedad intelectual, los derechos humanos, las normas comerciales y el acceso a los medicamentos.

El Grupo de Alto Nivel ha recibido 177 propuestas formuladas por partes interesadas muy diversas, entre las que se incluyen grupos de pacientes, responsables de la elaboración de políticas, organizaciones intergubernamentales y compañías farmacéuticas. Además, ha realizado dos audiencias y diálogos públicos internacionales.

El informe final elaborado por el Grupo se entregará al Secretario General de las Naciones Unidas en junio de 2016. A su vez, el Secretario General presentará el informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que tome nuevas medidas.

El Centro del Sur ha presentado tres propuestas en respuesta a la solicitud de contribuciones que formuló el Grupo de Alto Nivel. Dichas propuestas se basan en la premisa de que el derecho a la salud para todas las personas debe prevalecer sobre las normas comerciales y de propiedad intelectual. Además, se encuentran disponibles públicamente (en inglés) en la página web del Grupo de alto nivel   http://www.unsgaccessmeds.org/list-of-contribution/, con los números 67, 112 y 113 como South Centre A, B y C, respectivamente.

  1. Reivindicar la primacía del derecho a la salud sobre el comercio y las normas sobre propiedad intelectual

Una manera eficaz de abordar la incoherencia de las políticas entre el derecho a la salud y las normas comerciales y de propiedad intelectual consiste principalmente en reivindicar la primacía del derecho a la salud para todos sobre las normas comerciales y de propiedad intelectual. La consecución de un buen estado de salud y bienestar es un objetivo, mientras que el comercio o la propiedad intelectual son recursos.  Por tanto, la salud debería primar sobre el comercio o la propiedad intelectual. El Centro del Sur presentó una serie de recomendaciones en este sentido al Grupo de Alto Nivel para su aprobación.

En primer lugar, los países en desarrollo deberían adaptar sus regímenes de propiedad intelectual a sus propias necesidades y capacidades nacionales técnicas, económicas y sociales. Con este fin, dichos países deberían incorporar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) en sus legislaciones nacionales de patentes para facilitar el acceso a los productos médicos. La implementación de estas flexibilidades es un medio para equilibrar los derechos de patentes y el derecho a la salud, estimular la competencia, proteger a los consumidores, y facilitar el acceso a productos médicos genéricos que sean accesibles y asequibles para los Gobiernos y los consumidores.

En segundo lugar, un elemento de flexibilidad clave es que los países gozan de libertad para determinar por sí mismos el concepto de invención, los criterios para valorar la patentabilidad y la materia patentable, los derechos que se confieren a los titulares de patentes y las excepciones autorizadas a la patentabilidad, de acuerdo con las normas mínimas establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los países deberían adoptar una definición rigurosa de los criterios de patentabilidad. Además, debería fomentarse la revisión de la legislación nacional de patentes para permitir la utilización de otros elementos de flexibilidad de forma eficaz. Entre estas flexibilidades figuran  las licencias obligatorias y licencias de uso por el gobierno; las importaciones paralelas; las excepciones con fines de investigación; la limitación del alcance de la protección de datos de prueba, y el desarrollo de unos sistemas consistentes para el examen de patentes con procedimientos de oposición previos y posteriores a la concesión de patentes.

En tercer lugar, se debería fomentar el rechazo a las solicitudes de patentes farmacéuticas por parte de las oficinas de patentes, puesto que no pueden considerarse como invenciones los siguientes elementos: nuevas formas de dosificación de medicamentos conocidos; nuevas sales, éteres, ésteres y otras formas de productos farmacéuticos existentes; el descubrimiento de polimorfos de compuestos existentes; enantiómeros o métodos terapéuticos, de diagnóstico o quirúrgicos de tratamiento; y reivindicaciones de nuevos usos de productos conocidos.

En cuarto lugar, los países deberían tomar medidas para controlar las prácticas anticompetitivas y el abuso de los derechos de propiedad intelectual en sus jurisdicciones.  Las normas comerciales multilaterales permiten un alto grado de flexibilidad en la elaboración y la aplicación de la legislación y las políticas sobre competitividad. Al tomar en consideración diferentes planteamientos sobre competencia potencial, las soluciones disponibles para abordar el comportamiento anticompetitivo podrían ofrecer un mayor número de medidas correctoras que otras flexibilidades relacionadas con la salud pública que se asocian única y exclusivamente con las patentes.

En quinto lugar, los países desarrollados deberían dejar de utilizar las medidas comerciales unilaterales, los tratados de libre comercio (TLC) y los tratados de inversión como un medio para presionar a los países con el fin de que asuman compromisos más estrictos que las normas previstas por el Acuerdo sobre los ADPIC. El reciente aumento de TLC bilaterales y multilaterales amenaza el sistema de salud pública y el acceso a los medicamentos asequibles. Durante las negociaciones de los TLC se aprecian grandes asimetrías comerciales y de poder entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Además, se ejerce mucha presión comercial sobre los países en desarrollo para sobrepasar la protección que proporciona el Acuerdo sobre los ADPIC y menoscabar el sistema de flexibilidades del Acuerdo. Estas medidas y tratados más estrictos que las normas previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC son inadecuados.

Además, el relator especial sobre el derecho a la salud de las Naciones Unidas ha señalado que  las disposiciones que son más estrictas que las normas previstas por el Acuerdo sobre los ADPIC en los TLC difieren en cada acuerdo, pero por lo general su propósito es extender la duración de una patente, introducir la exclusividad de datos, añadir disposiciones sobre la vinculación entre las patentes y el registro y la aprobación de medicamentos, y crear nuevos mecanismos de aplicación de los derechos de propiedad intelectual.  Debería promoverse la reforma de las organizaciones regionales de propiedad intelectual en África como por ejemplo la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) con el fin de que estas adopten las flexibilidades disponibles en el Acuerdo sobre los ADPIC, como el período de transición para los países menos adelantados (PMA) y la aplicación de criterios estrictos de patentabilidad. Las operaciones actuales de la ARIPO no facilitan el uso pleno de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, erigen obstáculos en materia de patentes para la importación y producción local de medicamentos asequibles.

En sexto lugar, los PMA deberían hacer uso efectivo (y se les debe proporcionar asistencia para ello) del período de transición actual que les ofrece la posibilidad de no proteger las patentes farmacéuticas ni los datos de prueba o conceder derechos exclusivos de comercialización; además se recomienda que la exención actual sea permanente hasta el momento en que un país sea excluido de la lista de PMA. En la actualidad, los PMA no tienen la obligación de aplicar o proteger las patentes o los datos de prueba para los productos farmacéuticos; facilitar un mecanismo para la presentación de solicitudes de patentes para productos farmacéuticos (buzón de correos); ni otorgar derechos exclusivos de comercialización a dichas solicitudes hasta el 1 de enero de 2033 o la expiración de un período de transición posterior concedido por el Consejo de los ADPIC de la OMC. Los PMA deberían utilizar el margen de maniobra en materia de políticas que les brinda este período de transición y tomar medidas inmediatas para modificar sus respectivas legislaciones nacionales con el fin de prever tales exclusiones.

En séptimo lugar, debería prohibirse la formulación de reclamaciones en casos en que no existe infracción respecto al Acuerdo sobre los ADPIC. La interposición de reclamaciones en casos en que no existe infracción de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC haría posible impugnar jurídicamente medidas de reglamentación y de políticas públicas que serían compatibles con las obligaciones previstas por el Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, se podrían impugnar medidas de salud pública como la expedición de licencias obligatorias o las restricciones relativas al embalaje de productos nocivos aun cuando dichas medidas sean consistentes con las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC si se permiten las reclamaciones en casos en que no existe infracción. A diferencia de lo que ocurre con las reclamaciones en casos en que no existe infracción en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), en que la determinación de una anulación o el menoscabo de las ventajas esperadas daría lugar a una modificación de la medida arancelaria impugnada, en el caso de los ADPIC darían lugar a una modificación de las obligaciones sustantivas del Acuerdo. De este modo, estas reclamaciones pueden socavar el equilibrio entre derechos y obligaciones e intereses de los titulares de derechos y usuarios en los ADPIC. Además, las reclamaciones en casos en que no existe infracción podrían reducir el alcance de las flexibilidades que estipula el Acuerdo sobre los ADPIC. La experiencia de las reclamaciones en casos en que no existe infracción en el GATT indica que la existencia de estas reclamaciones ha llevado a  los grupos especiales a adoptar una interpretación más estricta de las disposiciones del GATT.  Por ejemplo, a pesar de que el Acuerdo sobre los ADPIC exige la concesión de las patentes en cualquier campo de la tecnología si se cumplen los criterios de patentabilidad, no se definen los conceptos de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial. Se da así cabida a la diversidad en el tratamiento de las solicitudes de patentes en diferentes territorios, lo que permite a los países en desarrollo definir de una forma muy específica lo que es patentable. Si se permiten las reclamaciones en casos en que no existe infracción, es posible que se impugnen las decisiones para rechazar una patente basadas en una definición estricta de los criterios de patentabilidad. Por tanto, estas reclamaciones podrían provocar graves desequilibrios en la balanza de derechos y obligaciones consagrados en  el Acuerdo sobre los ADPIC.

En octavo lugar, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otras organizaciones internacionales deberían proporcionar asistencia técnica sobre la política en materia de propiedad intelectual para fomentar la capacidad de los países en desarrollo de usar las flexibilidades previstas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

En noveno lugar, la OMPI y la OMC deberían evaluar los efectos que las normas tendrían en los derechos humanos antes de realizar cualquier actividad normativa, especialmente si pueden tener repercusiones en la salud pública.

Por último, los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos deberían estar disponibles para todas las personas y no ser objeto de protección mediante patente. Debería fomentarse el acceso abierto y mundial a investigaciones financiadas con fondos públicos para impulsar las investigaciones científicas colaborativas y evitar la repetición innecesaria y costosa de las tareas.

Las compañías farmacéuticas, las asociaciones para el desarrollo de productos, las empresas dedicadas a la biotecnología y otras entidades deberían aumentar la transparencia haciendo públicos los costos reales de la investigación y el desarrollo (I+D) como el costo de la realización de ensayos clínicos y de la divulgación de los resultados de dichos ensayos.

Asimismo, deberían fomentarse nuevas iniciativas y modelos de negocio para estimular la I+D en productos médicos que desvinculen los costos de I+D de los precios. Sin embargo, hay que establecer una serie de principios para garantizar que, en caso de que los recursos públicos se empleen para fomentar esta desvinculación, haya plena transparencia en los costos reales de las actividades; se divulguen las condiciones de I+D y propiedad intelectual en los acuerdos contractuales; y se definan las prioridades de I+D en función de las necesidades en materia de salud pública.

  1. Elaborar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la I+D de productos médicos bajo los auspicios de las Naciones Unidas

En su segunda propuesta, el Centro del Sur recomienda que se emprendan negociaciones para suscribir un acuerdo de las Naciones Unidas sobre la I+D para productos médicos.

El modelo actual de incentivos para la I+D en el ámbito farmacéutico no ha conseguido incentivar la I+D de nuevos medicamentos contra enfermedades que no constituyen mercados significativamente rentables para las empresas privadas. Varios informes y estudios, así como la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual de la OMS que adoptaron varios Estados Miembros (2003-2008) han reconocido este problema.  Por un lado, hay muy poca inversión en I+D para las enfermedades que prevalecen en los países en desarrollo, ya que las grandes compañías farmacéuticas concentran sus esfuerzos en desarrollar productos que satisfagan la demanda de los mercados prósperos. Por otro lado, los productos sujetos a patentes y otras formas de derechos exclusivos suelen venderse a precios que están fuera del alcance de grandes sectores de la población, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.

En abril de 2012, el Grupo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo: Financiación y Coordinación (GCEID) de la OMS recomendó a los Estados Miembros que emprendieran las negociaciones para adoptar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OMS como la mejor forma de establecer un marco adecuado para garantizar el establecimiento de prioridades, la coordinación y el financiamiento sostenible de medicamentos asequibles para los países en desarrollo. El GCEID afirmó que es necesario establecer un instrumento jurídicamente vinculante sobre I+D para garantizar la financiación y coordinación adecuadas para fomentar la I+D, necesaria para combatir las enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo.  El GCEID hizo esta recomendación tras considerar una serie de propuestas que recomendaban la celebración de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre I+D, en particular, una propuesta elaborada por Bangladesh, Barbados, Bolivia y Suriname para los debates de la OMS sobre un acuerdo de I+D biomédica. No obstante, los países Miembros de la OMS todavía no han tomado en consideración la recomendación del GCEID debido a la oposición política que presentan los países desarrollados a la idea de un mecanismo alternativo de I+D.

Se han presentado numerosas iniciativas (Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual y el GCEID) y han tenido lugar varios procesos normativos relacionados con la innovación del sistema mundial de salud tras la petición de un marco de I+D farmacéutica mundial. Además, las asociaciones para el desarrollo de productos están emprendiendo una serie de acciones para incrementar las actividades de I+D a fin de combatir enfermedades desatendidas. Existe un gran riesgo de que el aumento de estos marcos propuestos en materia de I+D provoquen la duplicación, fragmentación y falta de una aplicación consistente de los principios del GCEID en los que deben basarse los mecanismos de la I+D: la accesibilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la equidad.

Se puede negociar un instrumento internacional jurídicamente vinculante o un acuerdo internacional sobre la I+D bajo los auspicios de las Naciones Unidas a fin de aportar un marco adecuado para definir las prioridades médicas en materia de I+D y garantizar la coordinación y el financiamiento sostenible de la I+D para medicamentos que podrían estar disponibles a precios asequibles.

Un instrumento jurídicamente vinculante sobre I+D creado por las Naciones Unidas contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en particular, del objetivo 3 y la meta 3.8 para lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y asequibles para todos. A su vez, fomentará la realización de la meta 3.11 de apoyar las actividades de I+D de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.

La creación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre I+D bajo los auspicios de las Naciones Unidas proporcionaría un marco global para el financiamiento de I+D que desvincule los costos de los precios en los nuevos productos médicos y una mejor coordinación con el fin de evitar la fragmentación de los esfuerzos médicos en materia de I+D.

El instrumento mundial sobre la I+D de los productos médicos negociado en las Naciones Unidas podría tener los siguientes objetivos específicos:

  1. i) Fomentar la I+D para todas las enfermedades, condiciones y problemas (en particular, las enfermedades no transmisibles) sin dejar de priorizar aquellas en las que se realizan pocas inversiones en materia de I+D, como las enfermedades desatendidas que afectan de forma desproporcionada a los países en desarrollo.
  2. ii) Establecer prioridades en materia de I+D basadas en la carga mundial de morbilidad.

iii) Proporcionar incentivos alternativos a los sistemas de propiedad intelectual para fomentar la participación de los actores públicos y privados relacionados con la I+D basándose en las necesidades en materia de salud pública y no en las expectativas comerciales.

  1. iv) Desarrollar mecanismos de financiamiento sostenible, como, por ejemplo, financiamiento mancomunado para aumentar los recursos disponibles de I+D.
  2. v) Fomentar la coordinación de I+D y hacer un mejor uso de las capacidades existentes en materia de I+D de los sectores público y privado tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.
  3. vi) Crear capacidad para la I+D en países en desarrollo.

vii) Fomentar la transparencia en los costos de la I+D y el intercambio de datos e información, particularmente en las primeras etapas de las investigaciones y los ensayos clínicos.

viii) Establecer criterios éticos y mecanismos de financiamiento para realizar ensayos clínicos con una divulgación completa de los datos de prueba.

  1. ix) Fomentar la divulgación pública de los resultados de I+D o facilitar su accesibilidad a todas las poblaciones.

Aunque el instrumento internacional jurídicamente vinculante para la I+D en biomedicina persigue objetivos en materia de salud pública, la creación de un mecanismo alternativo para la I+D en medicina tendrá que incluir necesariamente a múltiples organismos gubernamentales además de los ministerios de salud, como los de finanzas, comercio, ciencia y tecnología e industria. Habida cuenta de que este instrumento propuesto abarcaría una gran variedad de organismos gubernamentales y una serie de ODS, se recomienda que las Naciones Unidas sean las encargadas de negociar un marco jurídico internacional o una convención en materia de I+D de productos médicos.

  1. Abordar las limitaciones del Párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al del Acuerdo sobre los ADPIC

La tercera recomendación del Centro del Sur está relacionada con la capacidad que tienen los países para adquirir productos médicos de bajo precio.

Según el párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de 2002, el Consejo General de la OMC adoptó una decisión el 30 de agosto de 2003 que permitía a los miembros de la OMC con capacidades de fabricación farmacéutica insuficientes o inexistentes importar medicamentos genéricos al amparo de una licencia obligatoria, como una exención del requisito general contemplado en el apartado h)  del Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC de que solo se podrán otorgar licencias obligatorias para su uso por parte de fabricantes nacionales. En 2005, el Consejo General de la OMC adoptó un protocolo por el que se enmendaba el Acuerdo sobre los ADPIC, que incorporaba este mecanismo como una enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 31bis). La Secretaría de la OMC insta a los Estados Miembros a ratificar la Decisión del 30 de agosto de poner en vigor el Artículo 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC.

Aunque el sistema del párrafo 6 se ha considerado como una «solución» a los problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo y los PMA en lo que respecta al acceso a medicamentos asequibles, en realidad no ha contribuido a solucionar tales problemas. Tan solo un número limitado de países han adoptado la legislación para dar efecto a la Decisión del 31 de agosto como países exportadores. Además, se ha hecho un uso muy limitado de este sistema. Solo un país importador (Rwanda) ha utilizado el mecanismo para importar medicamentos vitales más baratos de la empresa canadiense de medicamentos genéricos Apotex para 21.000 pacientes con el virus VIH o la enfermedad del sida. Esto se debe en gran parte al hecho de que el sistema es sumamente engorroso y complicado. El sistema del Párrafo 6 impone a los países que hacen uso del sistema unas obligaciones más onerosas que las de los países que pueden emitir licencias obligatorias para abastecer el mercado interno.

La experiencia con el uso del sistema también indica la existencia de obstáculos en relación con la Decisión que dificultan que los países importen medicamentos genéricos al amparo de licencias obligatorias y que los fabricantes de medicamentos genéricos los exporten en virtud de dichas licencias.  En el caso de Rwanda y el Canadá, el único caso en que se hizo uso del sistema del párrafo 6, tomó casi 27 meses para cumplir con todos los requisitos. Por ello, el sistema es menos eficaz de lo que debería. Por tanto, es importante que los miembros de la OMC examinen con atención las razones que se esconden tras el limitado uso del sistema y aborden las deficiencias del mismo antes de hacerlo permanente como artículo 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC (que actualmente está en proceso de aprobación por parte de los miembros de la OMC).

Entre los problemas principales del uso del sistema del párrafo 6 figuran los siguientes:
las empresas de genéricos deben emprender negociaciones para las licencias voluntarias con el titular de la patente antes de solicitar una licencia obligatoria. Dichas negociaciones podrían ser largas y complicadas, además de crear un retraso considerable y desalentar a los fabricantes de genéricos de participar en el proceso.

La aplicación de la Decisión supone seguir un procedimiento complejo. Primero, el comprador potencial tiene que estimar la necesidad de adquirir un medicamento, encontrar a un productor de genéricos que esté dispuesto a participar en el proceso y completar el pedido de dicho medicamento. Luego el fabricante tiene que intentar negociar una licencia voluntaria con el titular de la patente.  Si las negociaciones fracasan, se debe proceder entonces a la solicitud de una licencia obligatoria en el país del productor de genéricos. Por último, si una patente existe en el país de exportación, el productor de genéricos también debe solicitar y obtener una licencia obligatoria en ese país. Cada uno de estos pasos toma tiempo, comprende unos gastos financieros significativos y no garantiza el éxito del proceso.

Los países que importan medicamentos a través de este sistema también deben notificar por escrito al Consejo de los ADPIC incluyendo los nombres específicos y las cantidades esperadas del producto que necesitan.  A menos que el país importador esté clasificado como PMA, también debe especificar si el producto está bajo protección de patente y proporcionar información que demuestre que no posee la suficiente capacidad de producción en el sector farmacéutico para desarrollar el medicamento que se solicita.

El sistema también impone una serie de condiciones para la comercialización de los productos fabricados en virtud de licencias obligatorias. Se debe especificar de forma clara que estos productos se producen de acuerdo con el sistema utilizando un etiquetado específico. Además, deben estar empaquetados de una manera especial para facilitar su distinción de los productos de marca en función de su forma o color. El fabricante de genéricos debe publicar información específica sobre la cantidad del producto, su destino y sus características distintivas. Estas medidas para evitar la desviación del comercio están orientadas a garantizar que el producto solo se exportará al destino indicado en la licencia obligatoria.

El sistema del párrafo 6 impone un proceso de toma de decisiones específico para cada medicamento, país y caso.  De hecho, la solicitud para la licencia obligatoria debe estipular el destino y la cantidad de medicamentos que se van a adquirir y exportar bajo esa licencia.  Por lo tanto, se debe determinar con antelación los medicamentos que se necesitan. Si se incluye a más pacientes, solo se pueden adquirir más medicamentos empezando el proceso de nuevo.  Si se acaban las existencias debido a los obstáculos que presenta el procedimiento, el tratamiento podría verse interrumpido. Como consecuencia, los pacientes podrían desarrollar una mayor resistencia a los fármacos (como en el caso del virus del VIH o la enfermedad del sida), generando así la necesidad de un tratamiento más costoso. En cambio, si se sobrestima la necesidad de medicamentos, no se permite la reexportación de los medicamentos exportados bajo el sistema a otro país en desarrollo o PMA en una situación similar a no ser que exista un acuerdo comercial regional entre ambos países y la mayoría de sus miembros sean PMA.

El titular de la patente tiene la capacidad de socavar significativamente el sistema.  Por ejemplo, en cualquier momento puede decidir ofrecer las medicinas a un menor costo o de forma gratuita, frustrando así cualquier esfuerzo por utilizar el sistema en ese caso concreto. De este modo se crea una gran incertidumbre y se genera un riesgo adicional que además, tiene efectos disuasorios sobre los proveedores potenciales. Estas limitaciones que presenta el sistema del párrafo 6 deberían disuadir a los miembros de la OMC de ratificar el protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC a través de la incorporación del sistema contemplado en el Artículo 31bis de dicho Acuerdo. En su lugar, los países deberían realizar una revisión y evaluación exhaustivas del sistema del párrafo 6.

 

El Grupo de Alto Nivel sobre el Acceso a los Medicamentos

El Grupo de Alto Nivel está copresidido por Ruth Dreifuss, expresidenta de la Confederación Suiza y expresidenta de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la OMS (CIPIH), y Festus Gontebanye Mogaye, expresidente de Botswana. Los otros miembros del Grupo de Alto Nivel son Andrew Witty, director ejecutivo de la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline; Sakiko Fukuda-Parr; Awn Al-Khasawneh, ex primer ministro de Jordania; Celso Amorim del Brasil; Winnie Byanyima, director ejecutivo de Oxfam Internacional; Shiba Phurailatpam, director de la Red Asiática y del Pacífico de Personas que Viven con el VIH/SIDA (APN+); Precious Matsoso de Sudáfrica; Yusuf Hamied, presidente de la compañía india farmacéutica de genéricos Cipla; Michael Kirby, exjuez de la Corte Suprema de Australia; Ruth Okediji; Jorge Bermúdez, vicepresidente de Fiocruz; Kingna Gocz; Maria C. Freire (UNITAID); y Stephen Lewis.

También asistirán y asesorarán al Grupo de Alto Nivel un grupo de expertos asesores con conocimientos especializados y experiencia en derechos humanos, comercio, innovación y salud pública, y personal técnico superior de la OMS, ONUSIDA, el PNUD y otras organizaciones intergubernamentales.

 

 

Gen ultrarresistente a los fármacos provoca nueva alarma sanitaria

El descubrimiento de un gen resistente a un antibiótico empleado como último recurso y que puede extenderse con facilidad entre las bacterias ha suscitado preocupaciones sobre el principio del fin del uso de antibióticos si no se toman medidas de inmediato.


Por Martin Khor

La resistencia a los antibióticos es un proceso mediante el cual los antibióticos se vuelven ineficaces porque dejan de afectar a las bacterias. Este tema se ha hecho un hueco en la agenda mundial debido al creciente conocimiento de la inmensa amenaza que supone para la salud y la supervivencia de las personas.

Sin embargo, todavía no se han tomado las medidas necesarias para afrontar esta crisis. Los ministros de salud que se reunieron en mayo en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra (Suiza) tuvieron la oportunidad de supervisar en qué medida se ha ejecutado el Plan Mundial de Acción adoptado en 2015.

La Asamblea tuvo lugar en el contexto de las preocupantes noticias del descubrimiento por parte de unos científicos del gen de resistencia MCR-1, que produce la resistencia a la colistina, un potente antibiótico que se utiliza como último recurso para tratar infecciones cuando otros medicamentos no funcionan.

Pero aún es más preocupante el hecho de que el gen se transfiera fácilmente de una cepa de bacterias a otras. Esto suscita el temor de que con el tiempo muchas infecciones se vuelvan intratables y que rápidamente se haga realidad la pesadilla de una era sin antibióticos. Malasia es uno de los primeros países donde los científicos han encontrado el gen MCR-1. Así, existe una razón todavía más urgente para que nuestros responsables de la elaboración de las políticas afronten este problema y en particular, que consideren la prohibición de la colistina para la alimentación del ganado.

El gen se descubrió en el marco de un estudio realizado en China. El pasado noviembre, Yi-Yun Liu y sus colegas publicaron un artículo en la revista The Lancet Infectious Diseases, en el que revelaban que habían descubierto la presencia del gen de resistencia MCR-1 en 166 de 804 cerdos en el matadero sometido a las pruebas, en 78 de las 523 muestras de pollo y cerdo comercializadas y en 16 de 1.322 personas hospitalizadas.

El estudio concluye que existe una cadena en la propagación de la resistencia que comienza en el uso de la colistina en la alimentación del ganado, y termina en la resistencia a la colistina en los animales sacrificados, que se propaga en los alimentos de los humanos y en los mismos humanos.

The Guardian citó a uno de los autores, el profesor Jian-Hua Liu de la Universidad Agrícola del Sur de China, quien afirma que estos resultados son sumamente preocupantes, pues ponen de manifiesto la presencia del primer gen resistente a las polimixinas que se transmite fácilmente entre bacterias comunes como la Escherichia coli (E. coli) y la Klebsiella pneumonia (K. pneumonia) lo que indica, según Liu, que el paso de la ultrarresistencia a los fármacos hacia la panresistencia es inevitable. La ultrarresistencia se presenta cuando una bacteria es resistente a varios fármacos, mientras que la panresistencia indica que una bacteria es resistente a todos los fármacos.

La colistina forma parte de la categoría de antibióticos conocidos como polimixinas. En el pasado, estos se habían utilizado muy poco debido a que se conocían sus efectos tóxicos, pero recientemente se han empezado a utilizar como último recurso cuando otros antibióticos no funcionaban debido a la resistencia de las bacterias a los mismos.

«Todos los factores clave están reunidos para que un mundo sin antibióticos sea realidad», afirmó el profesor Timothy Walsh, de la Universidad de Cardiff, otro de los coautores del estudio, en la página web de BBC News.

Walsh afirmó asimismo que si el MCR-1 se propaga a nivel mundial, lo cual es una cuestión de tiempo, y el gen se alinea con otros genes resistentes a los antibióticos, algo inevitable, será muy probable que este sea el principio de una era sin antibióticos. En ese momento, si un paciente se encuentra gravemente enfermo por la E. coli, por ejemplo, prácticamente no habrá nada que se pueda hacer por él, añadió.

Se sospecha que uno de los principales motivos de la aparición y propagación del gen consiste en el uso descontrolado de colistina para alimentar al ganado con el fin de favorecer su crecimiento. Una gran parte del uso mundial de 12.000 toneladas de colistina al año en alimentación para el ganado se desarrolla en China, según la investigación realizada por Liu y sus colegas.

En el documento se menciona que, además de en China, el gen MCR-1 también se ha encontrado en Malasia y Dinamarca. Se afirma asimismo que científicos de Malasia descubrieron secuencias de ADN bacteriano en diciembre de 2014 con genes parecidos al MCR-1. Además, los autores indican que la posibilidad de que la E. coli junto con el gen MCR-1 se hayan propagado a otros países de Asia Sudoriental es «sumamente preocupante».

Tras la publicación de la investigación, nuevos datos y documentos han demostrado que el gen MCR-1 se ha encontrado en muestras bacterianas en muchos otros países como Argelia, el Brasil, el Canadá, Egipto, España, Gales, Inglaterra, Italia, Laos, los Países Bajos, Portugal y Tailandia.

Sin duda, lo más escalofriante acerca del MCR-1 es la facilidad con la que puede propagar la resistencia en otras especies de bacteria a través de un proceso conocido como transferencia horizontal de genes.

Hace unos años, existía un temor similar acerca del NDM-1, un gen con la capacidad de saltar de una bacteria a otras especies, consiguiendo que las bacterias sean altamente resistentes a todos los fármacos conocidos salvo dos, entre los que se incluye la colistina.

Si la el MCR-1 resistente a la colistina se combinase con el NDM-1, las bacterias con el gen combinado serían resistentes a prácticamente todos los fármacos.

En 2010, solo se habían identificado dos tipos de las bacterias que albergaban el gen NDM-1: la E. coli y la K. pneumonia. En unos pocos años, el NDM-1 se había descubierto en más de 20 especies diferentes de bacterias.

Los descubrimientos del NDM-1 y ahora del MCR-1 hacen aún más apremiante la necesidad de combatir la resistencia a los antibióticos.

En 2012, Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que todos los antibióticos que se han desarrollado corren el riesgo de perder su eficacia y afirmó que una sin antibióticos será el fin de la medicina moderna tal como la conocemos. Afecciones tan comunes como la amigdalitis o una lastimadura en la rodilla de un niño pueden volver a ser mortíferas, declaró.

La Asamblea Mundial de la Salud era la oportunidad para evaluar la situación del Plan de Acción Mundial en lo referente a la resistencia a los antimicrobianos.

Es necesario tomar medidas inmediatas para acabar con el uso de colistina en la producción ganadera. La prestigiosa revista Lancet publicó un comentario en febrero en el que se afirma que debe hacerse un llamamiento a los altos cargos del Gobierno para que restrinjan el uso de polimixinas, y en particular de la colistina, en la agricultura. Si no, habrá cada vez más pacientes a los que habrá que explicarles que no hay nada que pueda hacerse para curar su infección.

También se debería prohibir o restringir severamente el uso agrícola de otros antibióticos que se emplean en el ser humano, especialmente si se utilizan para favorecer el crecimiento del ganado. El Plan de Acción Mundial tiene cinco objetivos: mejorar la concienciación; reforzar la vigilancia y la investigación, empezar por reducir las infecciones; utilizar sensatamente estos medicamentos y asegurar una inversión sostenible, especialmente en investigación y desarrollo (I+D) para formular productos de sustitución y mejores medios de diagnóstico y vacunas.

Martin Khor, director ejecutivo del Centro del Sur. Contacto: director@southcentre.int

Este artículo se publicó por primera vez en The Star of Malaysia el 9 de mayo de 2016.

 

Momento crucial para el libre comercio en los Estados Unidos

En este momento crucial para el libre comercio en los Estados Unidos los países en desarrollo deben replantearse su propia situación comercial para responder a sus propios intereses en materia de desarrollo.


Por Martin Khor

El libre comercio parece atravesar un momento difícil en los Estados Unidos, lo que tiene grandes repercusiones para el resto del mundo.

La oposición al libre comercio o a los acuerdos comerciales ha cobrado una gran importancia en el debate entre los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.

Donald Trump ha criticado las importaciones baratas —en especial las provenientes de China— y ha amenazado con aumentar los aranceles. Por su parte, Hillary Clinton ha criticado el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que defendió en su día, y Bernie Sanders consiguió ganar en muchos estados antes de que se celebrasen las primarias de Nueva York gracias en parte a su oposición a los tratados de libre comercio (TLC).

El hecho de que el comercio se haya convertido en un tema tan candente en las campañas demuestra un profundo rechazo del público en generalal libre comercio.

Entre 1999 y 2011, el sector manufacturero en los Estados Unidos perdió casi seis millones de puestos de trabajo.
Los salarios han permanecido estancados mientras los ingresos del 1 % de los estadounidenses más ricos se han disparado. Con razón o sin ella, muchos estadounidenses culpan de estos problemas a la política comercial de los Estados Unidos y a los TLC.

Economistas como Joseph Stiglitz, sindicatos y organizaciones no gubernamentales (ONG) han puesto de relieve los inconvenientes de estos acuerdos comerciales, aunque casi todos los economistas y periodistas de la tendencia mayoritaria han pregonado los beneficios del libre comercio.

Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales han publicado recientemente un gran número de artículos sobre la pérdida del apoyo de la población al libre comercio en los Estados Unidos:

· Según Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro, hay una rebelión en marcha contra la integración mundial en Occidente y la principal razón es la sensación de que es un proyecto realizado por y para la élite sin tomar en consideración los intereses de la gente corriente.

·  The Economist, en un número en cuya portada reza «America turns against free trade», lamentaba cómo la mayoría de los políticos de partidos mayoritarios están avivando los discursos en contra del libre comercio. Aunque el artículo sostiene que el libre comercio todavía merece todo nuestro apoyo, cita estudios que muestran que las pérdidas provenientes del libre comercio están más concentradas y son más duraderas de lo que se creía.

·  Philip Stevens, columnista del Financial Times, cita en su artículo «US politics is closing the door on free trade» a los analistas políticos de Washington que afirman que no hay ninguna posibilidad de que el próximo presidente sea del partido que sea, o el próximo Congreso defiendan el TPP. La reacción negativa en contra del libre comercio es fuerte, ya que la clase media no ha visto los frutos de los beneficios que prometían traer consigo los anteriores tratados comerciales.

·  En su artículo «The Case for Free Trade is Weaker Than You Think» publicado en un blog del Wall Street Journal, Greg Ip llega a la conclusión de que impedir las importaciones mejoraría la situación de un país donde los trabajadores pierden sus puestos de trabajo debido a las importaciones y los bancos centrales no pueden impulsar lo suficiente el gasto nacional como para que vuelvan a encontrar empleo.

Los economistas más conservadores sostienen que el libre comercio es beneficioso porque los consumidores tienen a su disposición bienes más baratos. Aunque reconocen que las empresas que no pueden competir con las importaciones se ven en la necesidad de cerrar o de reducir el número de trabajadores en plantilla, dan por sentado que las exportaciones generarán nuevas empresas en las que los trabajadores despedidos obtendrán un empleo, de modo que en general habrá más productividad y no habrá pérdidas de empleo netas.

Sin embargo, los artículos mencionados también citan algunas de lo snuevos estudios que muestran que este ajuste positivo puede llevar más tiempo del esperado o que incluso podría no producirse.

Así, la liberalización del comercio puede provocar pérdidas netas en ciertas circunstancias. Los beneficios que genera tener bienes más baratos y más exportaciones podrían quedar prácticamente anulados por el cierre de las empresas locales, los recortes de empleo y los salarios estancados.

Este cambio de posición en contra del libre comercio en los Estados Unidos tiene implicaciones graves.

El TPP puede verse amenazado, ya que se requiere la aprobación del Congreso y es poco probable que se consiga ahora durante el mandato de Barack Obama. Tampoco es seguro que reciba el suficiente apoyo con un nuevo presidente y otro Congreso.

Si los Estados Unidos no ratifican el TPP, todo el acuerdo podría verse afectado, pues los otros países no ven la finalidad de formar parte sin ese país.

El escepticismo sobre los beneficios del libre comercio se ha extendido al plano multilateral. En la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Estados Unidos ahora están rechazando los intentos de completar la Ronda de Doha.

Es probable que aumente el proteccionismo en los Estados Unidos. Trump ha amenazado con imponer sin miramiento elevados aranceles a los bienes importados de China. Aunque no se llegue a emplear este drástico método, los Estados Unidos pueden utilizar cada vez más métodos no tan directos como las medidas antidumping, y a su vez los países afectados tomarán represalias que provocarán un círculo vicioso.

Este cambio de actitud no deja de ser paradójico.

Durante decenios, Occidente ha sometido a los países en desarrollo —incluidos los más pobres— a una gran presión para liberalizar su comercio.

Unos pocos países, en su mayoría asiáticos, efectuaron una liberalización rigurosa y se beneficiaron de la exportación de bienes industriales que les permitían costear el aumento de sus importaciones.

Sin embargo, las industrias y el sector agrícola de los países con poca capacidad, especialmente en África, se desmoronaron cuando las importaciones reemplazaron a los productos locales.

Muchos economistas y grupos del ámbito del desarrollo acertaron al prevenir a los países más pobres de la repentina liberalización de las importaciones, y aludieron a la falacia de la teoría de que el libre comercio siempre es bueno. Aun así, el daño ya estaba hecho.

Paradójicamente, ahora son los grupos de poder de los Estados Unidos los que tienen que hacer frente a la oposición de sus ciudadadanos a la lógica del libre comercio.

Cabe destacar que en realidad los países desarrollados no han ejercido el libre comercio. Su costoso sector agrícola se mantiene a flote gracias a subvenciones extremadamente elevadas que permiten a estos países  cerrarle el paso a las importaciones y, aún peor, vender sus productos agrícolas subvencionados al resto del mundo a precios artificilamente bajos.

Eliminar estas subvenciones o reducirlas drásticamente era la prioridad número uno del Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC. No obstante, ante la insistencia por parte de los países desarrollados de que la Ronda de Doha está en un punto muerto, esta posibilidad queda descartada.

En los TLC bilaterales y plurilaterales como el TPP, los Estados Unidos y Europa también han excluido los asuntos relacionados con las subvenciones agrícolas.

Así, los países desarrollados han conseguido mantener las normas comerciales que les permiten continuar con sus prácticas proteccionistas.

En definitiva, si los propios Estados Unidos están comenzando a albergar dudas sobre los beneficios del libre comercio, los países menos poderosos deberían hacer una evaluación más realista de la liberalización del comercio.

En este momento crucial para la política comercial y de libre comercio en los Estados Unidos y el resto de Occidente, los países en desarrollo tienen que replantearse su situación comercial y elaborar sus propias políticas comerciales para responder a sus intereses en materia de desarrollo.

Martin Khor, director ejecutivo del Centro del Sur.

 

 

La grave situación de la economía mundial exige la adopción de medidas audaces

Este artículo se basa en una presentación de Yılmaz Akyüz, economista jefe del Centro del Sur, durante una conferencia organizada por el Centro del Sur y difundida en línea por The Real News network.


Por Yılmaz Akyüz

Aunque los Estados Unidos fueron responsables de la crisis, han salido mejor librados que ningún otro país avanzado y que muchos países en desarrollo. Durante la crisis cobró fuerza la idea de que la hegemonía de los Estados Unidos llegaba a su fin y que los días del dólar como la principal moneda de reserva estaban contados.

Al mirar hacia atrás, vemos que los Estados Unidos salieron mucho más fortalecidos de esta crisis. No solo frente a otros países desarrollados como los países de la Unión Europea (UE) y otros países europeos o el Japón, sino también frente a países en desarrollo como China, desde el punto de vista económico. La crisis en Europa confirma la importancia indiscutible del dólar hoy en día como moneda de reserva.

Sin embargo, la economía de los Estados Unidos también es frágil. Las expansiones económicas suelen ir seguidas de contracciones. Los ciclos de auge y caída forman parte del funcionamiento del sistema capitalista. Desde el inicio de la crisis los Estados Unidos acumularon 24 trimestres de expansión. Al respecto muchos piensan simplemente que, como suele ocurrir, tras una expansión como esta la recuperación o el crecimiento de los Estados Unidos probablemente llegarían a un fin.

Pero, ¿aparte de eso? Es muy difícil que el Gobierno de los Estados Unidos ponga fin a las políticas que puso en marcha para hacer frente a la crisis. Por una parte, no sabe cómo abandonar la política de expansión monetaria y se muestra muy renuente a aumentar las tasas de interés. Pero por otra parte, si debe hacer frente a una desaceleración o contracción de la economía o a una nueva situación de inestabilidad, no tiene municiones para responder, porque ya hizo uso de ellas para responder a la última crisis y las sigue usando con excepción de la compra de bonos.

Si bien durante los últimos 10 o 12 años ninguna economía emergente ha afrontado una crisis de la deuda grave, el riesgo es mucho mayor ahora. Hoy en día el mundo está atrapado en una trampa de la deuda. ¿Por qué? Porque la resolución de las crisis en Europa y en los Estados Unidos, que eran crisis de la deuda, exigía una reducción de la deuda y lo que se ha visto es que las políticas aplicadas para resolver la crisis han provocado la acumulación de deuda adicional.

En los Estados Unidos la proporción entre la deuda pública más la deuda privada y el producto interno bruto (PIB) aumentó de un 200 % a un 280 % mientras que en el Japón aumento a un 500 %, en la zona del euro y en China se duplicó y hoy en día en los países en desarrollo representa cerca de un 200 % del PIB.

La situación actual guarda una sorprendente similitud con lo ocurrido en las décadas de los años setenta y ochenta. En la década de 1970 los países en desarrollo experimentaron un auge de los precios de los productos básicos junto con créditos internacionales masivos por parte de los bancos que reciclaban petrodólares (excedentes petroleros). Este auge doble de los precios de los productos básicos y de las corrientes de capital hacia los países en desarrollo en la década de 1970 terminó cuando el Gobierno de los Estados Unidos aumentó las tasas de interés en 1979 y 1980, lo que dio lugar a una crisis de la deuda en América Latina. La situación actual es muy parecida. El auge doble de los precios de los productos básicos y de las corrientes de capital ha llegado a su fin incluso aunque el Gobierno de los Estados Unidos no ha cambiado significativamente su política monetaria. La pregunta es si el resultado será el mismo que en los años setenta.

La economías de los países en desarrollo son muy vulnerables a una caída de los precios de los productos básicos y a una reversión de las corrientes de capital. No obstante, la vulnerabilidad a la caída de los precios de los productos básicos varía en función de los países en desarrollo porque no todos los precios de los diferentes tipos de productos básicos cayeron en la misma proporción. Algunos países en desarrollo se benefician de la disminución de los precios de los productos básicos, pero ninguno se beneficiaría de un endurecimiento de la situación finaciera externa. Ya no se puede contar con las reservas. El nivel adecuado de las reservas suele considerarse respecto de su volumen relativo a la deuda externa a corto plazo, pero ahora son mucho los extranjeros en los mercados de bonos, acciones y depósitos, por lo que su salida de estos mercados puede causar grandes conmociones.

Los responsables de la política monetaria se enfrentan a un gran dilema. Para estimular la demanda y el crecimiento hay que reducir las tasas de interés, pero la reducción de las tasas de interés puede desencadenar salidas de capital. Hay que escoger entre el crecimiento o la estabilidad. En caso de una crisis de liquidez no habrá reservas suficientes para costear las importaciones, mantenerse al día en los pagos de la deuda y mantener la cuenta de capital abierta.¿Qué hacer entonces? ¿Aplicar las mismas políticas de siempre? ¿Solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI)? ¿Mantener la cuenta de capital abierta? ¿Permitir que se agote el capital, seguir recurriendo a las reservas, solicitar préstamos al FMI y tomar medidas de austeridad?

En mi opinión, el FMI genera mucha desconfianza en los países en desarrollo. Estoy seguro de que harán lo posible por evitar recurrir al FMI en caso de una crisis grave de liquidez. No me refiero a una crisis de solvencia o a la suspensión de pagos, me refiero a una simple crisis de liquidez cuando no se cuenta con divisas suficientes para satisfacer las necesidades de la cuenta corriente y los pagos de la deuda. ¿Qué hacer entonces?

Evidentemente, la respuesta heterodoxa es utilizar las reservas para sostener la economía y las importaciones y no para sostener las salidas  de capital. ¿Estamos preparados para imponer controles sobre las salidas de capital? ¿Estamos preparados para imponer moratorias temporales de la deuda? ¿Estamos preparados para imponerles medidas de austeridad a los acreedores y a los inversores y no al pueblo? Estas son las cuestiones fundamentales.

En conclusión, aunque podamos evitar una verdadera crisis financiera, se prevé un crecimiento lento y errático y una mayor inestabilidad de la economía mundial. ¿Por qué? Por los excesos financieros de los últimos ocho o nueve años. Además, el problema radica en que no se pueden reestructurar fácilmente los balances generales. Es necesario aplicar una combinación de medidas más eficaz que las que se han aplicado hasta el momento.

Al respecto, sugiero lo siguiente: en primer lugar, dejar de depender de la política de expansión monetaria, que solo favorece la especulación en las economías avanzadas, dejar a un lado la ortodoxia presupuestaria; crear empleos y generar demanda. En segundo lugar, ejercer un mejor control sobre las corrientes internacionales de capital no solo en los países receptores sino también en los países de origen,  que son los que más afectan la estabilidad y son parte esencial de los problemas que enfrentamos ahora. En tercer lugar, crear un mecanismo para el suministro suficiente de liquidez internacional, así como mecanismos eficaces y equitativos para solucionar el problema de la deuda.

Estas cuestiones deben ser analizadas y debatidas ampliamente, en particular, en la coyuntura actual. Desafortunadamente, las instituciones de Bretton Woods no son el mejor lugar ni para analizar los aspectos de mayor vulnerabilidad ni para resolver los problemas. El FMI pasó por alto una de las crisis más graves del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, la crisis de las hipotecas de alto riesgo. La Secretaría del FMI no ha sido muy eficiente en alertar a tiempo a los países sobre la situación económica mundial. Esta no es solo una cuestión de conocimientos técnicos, también es una cuestión política ya que proporcionar alertas tempranas de este tipo, es decir, hacer una previsión efectiva de las dificultades en el mundo, requiere un examen crítico de las políticas de los países que ejercen una influencia significativa en la economía mundial. Por lo tanto, exigiría criticar las políticas económicas de los Estados Unidos y de Europa y la Secretaría del FMI no puede hacer eso. Cuando en 2008 y 2009 publicamos nuestros anális cuestionando el mito del auge del Sur, el FMI sostenía que el Sur se estaba convirtiendo en la locomotora de la economía mundial y solo en 2013 cambió su postura.

En segundo lugar, el FMI no es muy audaz en materia de innovación. No es audaz en lo que refiere a la reforma de la arquitectura financiera internacional. ¿Por qué? Porque el FMI forma parte de esa arquitectura y para ello habría que reformar esta misma institución… Así que creo que dichas cuestiones deberían ser analizadas y debatidas entre los países en desarrollo, así como en foros como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que tiene un historial más destacado en cuanto a la anticipación de estas dificultades y a la presentación de propuestas que a la postre formarían parte de la corriente de pensamiento mayoritaria.

 

Yılmaz Akyüz, economista jefe del Centro del Sur.

Este artículo fue publicado inicialmente (en inglés) por Inter Press Service 

 

 

Auge de controversias entre inversores y Estados en los sectores extractivos

El creciente uso del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE) por parte de los inversores extranjeros contra varios Estados africanos limita o impide la adopción de políticas favorables al desarrollo y expone a estos países al pago de indemnizaciones.


Por Kinda Mohamadieh y Daniel Uribe

Los países africanos vienen participando activamente en la negociación de acuerdos internacionales de inversión (AII). Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), para finales de 2013, los países africanos habían suscrito 793 tratados bilaterales de inversión (TBI); es decir, un 27 % del total de los TBI firmados en todo el mundo.

La UNCTAD indica además que actualmente numerosos países africanos están negociando nuevos acuerdos. Por ejemplo: la Unión Aduanera del África Meridional (UAAM) negocia actualmente acuerdos con la India, y países como Burundi, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Uganda de la Comunidad de África Oriental (CAO) han entablado negociaciones con los Estados Unidos.

Los países africanos se ven también involucrados con mayor frecuencia en casos de solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE), entre otros, en relación con reclamaciones de inversores que cuestionan las medidas de reglamentación adoptadas por los países receptores en muchos ámbitos, como los servicios públicos y las relaciones interraciales. Los países de África Subsahariana representan un 16 % de todos los casos registrados por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).  En 2014, los casos contra África Subsahariana constituyeron un 20 % del número total de nuevos casos presentados ante el CIADI durante ese mismo año.

Al mismo tiempo, los Estados africanos han desarrollado una «visión estratégica de la minería en África», con el objetivo de crear marcos de política y reglamentarios que permitan maximizar el desarrollo de la región con el uso de los recursos naturales como catalizador del desarrollo industrial para diversificar la economía. África es uno de los principales productores de productos básicos procedentes de la minería; sin embargo, la mayoría de los minerales son exportados en bruto (minerales, concentrados o metales).

De ahí que el objetivo de la «visión estratégica de la minería en África» sea la promoción de mecanismos de valor añadido en la región para que esta pueda beneficiarse plenamente del potencial de la minería. El planteamiento reflejado en la «visión estratégica de la minería en África» es similar a las políticas que han considerado adoptar muchos otros países en desarrollo para aumentar su participación en los sectores estratégicos y obtener mayores beneficios de su riqueza en recursos naturales que contribuyan al logro de sus objetivos de desarrollo e industrialización. Por ejemplo, países de América Latina como el Ecuador, Bolivia y Venezuela han tomado medidas concretas para recuperar el margen de maniobra del Estado en materia de políticas destinadas a la planeación, el desarrollo y la reglamentación de sectores estratégicos como la minería, el agua, la energía y las telecomunicaciones y a su participación activa en estos sectores, a fin de garantizar la utilización de los recursos naturales para fomentar un desarrollo sostenible económico, ambiental y social del Estado.

Desde 2006, varios países africanos, entre otros Ghana, la República Democrática del Congo, Zambia, Liberia, Zimbabwe, Guinea, Côte d’Ivoire, Malawi, Sierra Leona, Burkina Faso, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Madagascar, han tomado medidas relacionadas con cambios reglamentarios o institucionales, en particular, enmiendas legislativas y negociación de contratos con empresas mineras o han manifestado su intención de tomar alguna de estas o ambas medidas. Numerosos países debaten actualmente los diferentes planteamientos en torno a la noción de contenido nacional o local en el marco de la visión estratégica de la minería en África.

En el caso de los países africanos, como ocurre con otros países en desarrollo, la ampliación de los AII podría conllevar riesgos significativos para el margen de maniobra y las herramientas en materia de políticas necesarias para la industrialización y el desarrollo. Asimismo, la pérdida de margen de maniobra pone en riesgo la posible utilización de políticas sectoriales como por ejemplo, de políticas en la industria extractiva y la visión estratégica de la minería en África que permitan apoyar y promover los objetivos de industrialización de África.

Gran parte de la polémica y la controversia que suscita el régimen internacional de protección de las inversiones gira en torno a sus implicaciones en el margen de maniobra que requieren los países en desarrollo para adoptar políticas para fomentar su desarrollo. El creciente número de casos de SCIE demuestra cómo las normas establecidas en virtud de AII y la amplia interpretación de estas normas por parte de los árbitros en casos de inversión privada injieren en la capacidad de los Gobiernos de reglamentar en beneficio del interés público.

La mayoría de los casos del mecanismo de SCIE registrados en el CIADI se dan en el sector del petróleo, el gas y la minería. Un 26 % de todos los casos del mecanismo de SCIE registrados en el CIADI hasta 2014 se concentró en el sector del petróleo, el gas y la minería, lo que representa un 35 % solo para el año 2014. En cambio, en el año 2000 solo tres casos pendientes en el CIADI estaban relacionados con el petróleo, el gas y la minería. Los inversores han presentado acciones judiciales en relación con la revocación de licencias (p.ej., en las áreas de la minería, las telecomunicaciones y el turismo); con presuntas violaciones de los contratos de inversión, presuntas irregularidades en las licitaciones públicas, modificaciones a los marcos reglamentarios nacionales (gas, energía nuclear, comercialización del oro y reglamentaciones monetarias); el retiro de subvenciones anteriormente otorgadas, medidas tributarias y otras intervenciones en materia de reglamentación.

De igual manera, los inversores recurren cada vez más a los mecanismos de SCIE en las industrias extractivas de varios países africanos impugnando las medidas de reforma de los Gobiernos como la política contra la especulación en la industria petrolera y las medias fiscales. Por ejemplo, la empresa canadiense Vanoil, Ltd., amenazó con entablar un proceso judicial contra Kenya al no lograr obtener la prórroga de dos contratos de participación en la producción para la exploración de petróleo en tierra en este país. Asimismo, la African Petroleum Gambia Limited presentó una denuncia contra Gambia (sobre la base de un contrato) impugnando la revocación de licencias de hidrocarburo para la exploración petrolera. Total E&P Uganda BV, filial holandesa de la empresa francesa Total S.A., presentó una reclamación en relación con el derecho de timbre impuesto por la Autoridad Fiscal de Uganda a la adquisición de participaciones de la empresa Tullow Oil basada en Londres.

El problema del régimen de protección de las inversiones es multidimensional y tiene sus raíces en las siguientes deficiencias: por una parte, un desequilibrio en las disposiciones de los acuerdos de inversión (a saber, definiciones amplias de  inversión e inversor, la libre transferencia de capitales, derechos de establecimiento, cláusulas de trato nacional y trato de la nación más favorecida (NMF), trato justo y equitativo; protección contra la expropiación directa e indirecta y prohibiciones de las prescripciones en materia de resultados) centradas en los derechos de los inversores que pasan por alto las responsabilidades de los inversores y muchas veces omiten el reconocimiento expreso de la necesidad de salvaguardar la autoridad de los Estados receptores en materia de reglamentación. Por otra parte, la vaguedad de las disposiciones de los acuerdos que da lugar a una interpretación amplia por parte de los árbitros y a un aumento de sesgos sistémicos a favor de los inversores en la solución de controversias en virtud del derecho de los tratados de inversión.

Estas tendencias casi siempre son incompatibles con el propósito inicial de los Estados que negociaron el tratado. El mecanismo de SCIE está dirigido por una red de árbitros, en su mayoría abogados privados, cuyas especializaciones tienen origen a menudo en el derecho comercial. Los árbitros han hecho valer su jurisdicción respecto de una amplia gama de cuestiones, entre ellas medidas de reglamentación sobre las que los tribunales constitucionales emitieron sentencia de conformidad con el derecho nacional.

La manera como ha funcionado hasta el momento el mecanismo de SCIE suscita gran preocupación con relación a la gobernanza democrática y la rendición de cuentas. La falta de transparencia y de información pública disponible sobre los procedimientos del mecanismo de SCIE limita el margen de participación pública y la rendición de cuentas.

Hoy en día solo se conocen 608 casos del SCIE. Sin embargo, dado que la mayoría de los AII autorizan la confidencialidad absoluta, es posible que el número real sea mayor. En este contexto, los inversores recurren cada vez más a alegaciones o a amenazas de presentar reclamaciones contra un Estado determinado.

Numerosos países, tanto desarrollados como en desarrollo, han reconsiderado su visión de los tratados de inversión y en particular, están intentando encontrar maneras de reducir su responsabilidad jurídica en el marco de los TBI en especial habida cuenta de la oleada de casos del SCIE con base en estos tratados.

Según la UNCTAD, al menos 40 países y 4 organizaciones de integración regional han revisado o revisan actualmente sus modelos de AII y al menos 60 países han desarrollado o desarrollan actualmente nuevos modelos de AII desde 2012. Para la UNCTAD la cuestión no es si se debe reformar o no el régimen de AII, sino el contenido, la manera y el alcance de la reforma.

Los países en desarrollo que pretenden reformar su planteamiento de los tratados de protección de inversiones han revisado sus actuales AII y las implicaciones de estos acuerdos. Algunos han fijado una moratoria para la firma y la ratificación de nuevos acuerdos durante el período de revisión. Otros países como Sudáfrica, Indonesia, el Ecuador o el Estado Plurinacional de Bolivia han optado por retirarse de algunos o de todos los tratados. Sudáfrica decidió remplazar los TBI con una nueva ley nacional sobre la promoción y la protección de las inversiones que define las normas de protección de las inversiones en consonancia con la Constitución de Sudáfrica. Indonesia optó por desarrollar un nuevo modelo de TBI, al igual que la India. En el Ecuador los contratos de inversión vuelven a constituir el principal instrumento jurídico que define la relación con los inversores y en particular, determina obligaciones claras para el inversor, como prescripciones en materia de resultados. Algunos Estados buscan alternativas en el ámbito regional mediante la elaboración de normas modelo que tomen en cuenta los problemas en materia de desarrollo.

 

 

Kinda Mohamadieh, investigadora y Daniel Uribe, investigador visitante del Centro del Sur.

Este artículo fue publicado inicialmente (en inglés) por Inter Press Service el 28 de marzo de 2016 

 Este artículo está basado en el Documento de investigación 65 del Centro del Sur disponible en: https://www.southcentre.int/research-paper-65-february-2016

 

 

Análisis de la situación actual del Fondo Verde para el Clima

El Fondo Verde para el Clima fue creado por la Conferencia de las Partes de la CMNUCC como la primera institución financiera para la movilización y el desembolso de fondos destinados a la adopción de medidas para hacer frente al cambio climático en los países en desarrollo. A continuación presentamos un informe de actualización sobre los progresos del Fondo centrándonos en la reunión de la Junta Directiva en marzo de 2016.


Por Mariama Williams

Políticas, asociaciones y proyectos fueron los tres términos clave de la 12a reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (FVC) que tuvo lugar en Songdo (República de Corea) del 8 al 10 de marzo de 2016. El FVC, creado por las 194 Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es el primer mecanismo de financiación que supone un cambio significativo en el panorama de la financiación de la lucha contra el cambio climático. Uno de los  principales factores que favorecieron su creación fue el propósito de los países del Grupo de los 77 y China de garantizar que los países en desarrollo tengan acceso directo a los fondos necesarios para adoptar en el terreno medidas propias, transformativas e innovadoras de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.

La Junta del FVC toma sus decisiones por consenso entre los miembros de la Junta provenientes de 12 países en desarrollo y 12 países desarrollados, con un miembro suplente para cada uno de estos países. En general los miembros de la Junta cumplen un mandato de tres años. Sin embargo, podrán rotar de conformidad con los acuerdos internos de las regiones de las Naciones Unidas o de los grupos de  esas regiones que los eligieron. Actualmente los países en desarrollo miembros de la Junta del FVC son: Bangladesh (países menos adelantados (PMA); país suplente: Malawi); Belice (Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC); país suplente: Uruguay); China (Asia y el Pacífico; país suplente: Maldivas); República Democrática del Congo (África; país suplente: Sudán); Cuba (GRULAC; país suplente: Antigua y Barbuda); Egipto (África; país suplente: Senegal); México (GRULAC; país suplente: Chile); India (Asia y el Pacífico; país suplente: Malasia); Arabia Saudita (Asia y el Pacífico; país suplente: Pakistán); Samoa (Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), país suplente: Seychelles) y Sudáfrica (África, copresidente de la Junta en representación de los países en desarrollo, país suplente: República Unida de Tanzanía).  Georgia (que no forma parte de las regiones ni de los grupos de esas regiones) ocupa el puesto 12 de los países en desarrollo miembros de la Junta (país suplente: Burkina Faso).

Gracias a las promesas de un monto de financiación de 10 200 millones de dólares para el período que finaliza en 2018, el FVC es considerado el mayor fondo de lucha contra el cambio climático.  Sin embargo, la financiación actual, conseguida en el proceso inicial de movilización de recursos, es considerablemente menor al monto previsto por el Grupo de los 77  y China y la sociedad civil mundial.  El Fondo fue concebido para distribuir para 2020 gran parte de los 100 000 millones de dólares movilizados anualmente de la financiación de la lucha contra el cambio climático prometida por los países desarrollados desde la Conferencia de Cancún sobre el Clima de 2010. También ha sido definido como el mecanismo de financiación para el flujo de fondos destinados a la aplicación del Acuerdo de París de 2015. Del monto movilizado hasta el momento, del cual se han facilitado aproximadamente 5 000 o 6 000 millones, la Junta del FVC ha fijado el objetivo de aprobar en 2016 una financiación de 2 500 millones de dólares para los organismos de países en desarrollo y el sector privado para financiar proyectos y programas.

Durante su onceava reunión, celebrada en Livingston (Zambia) en noviembre de 2015, la Junta del FVC comenzó el proceso de aprobación de proyectos. Los 13 proyectos para África, Asia y América Latina fueron todos aprobados. En esta reunión la Junta del FVC acordó asimismo sus cinco prioridades en materia de inversión, a saber: transformar la generación de energía y el acceso a la misma; crear ciudades climáticamente inteligentes; fomentar una agricultura resiliente al clima y con bajas emisiones; aumentar progresivamente la financiación para la protección de los bosques y la lucha contra el cambio climático y mejorar la resiliencia de los PEID.

Durante esta 12a reunión, la Junta se centró en el desarrollo de un plan estratégico, algo que piden desde hace mucho tiempo los países en desarrollo. La Junta también definió y precisó sus políticas, siguió desarrollando sus proyectos en tramitación y consolidó sus acuerdos de colaboración con las entidades asociadas, de donde provendrá la mayor parte de los recursos para los países en desarrollo.

Transmisión de las reuniones en vídeo por internet

Una de las decisiones de política de la Junta fue la adopción de su primer plan estratégico y de su plan de trabajo. También acordó la transmisión en vivo por internet de sus próximas reuniones (a partir de 2017) a fin de que las partes interesadas puedan seguir el proceso de toma de decisiones en tiempo real.

La transmisión en vivo por internet de la reunión de la Junta ha sido motivo de discordia. Los miembros de la Junta representantes de países en desarrollo, en especial de PEID y PMA, vienen insistiendo en ello desde al menos 2012 con el argumento de que dada la cantidad limitada de fondos para unos pocos asesores que tienen a su disposición, están en condiciones bastante desfavorables con respecto a los miembros de los países desarrollados, que suelen contar con un ejército de asesores. Sin embargo, este argumento fue poco convincente para algunos de su los miembros de la Junta provenientes de países desarrollados. Por lo tanto, las transmisiones en vivo por internet de las reuniones de la Junta solo estaban a disposición del público tres semanas después de la conclusión de cualquier reunión de la Junta.

Los miembros de la Junta representantes de los países en desarrollo pedían la transmisión en vivo por internet por motivos de transparencia y eficiencia (sus colegas en las capitales podrían ver los debates y brindar apoyo sobre cuestiones técnicas en tiempo real). Los observadores de organizaciones de la sociedad civil (OSC) han defendido la transmisión en vivo de las reuniones y destacan que es una práctica óptima común entre muchas entidades de financiación de la lucha contra el cambio climático y entidades afines de la CMNUCC. No obstante, hasta esta reunión, países desarrollados como los Estados Unidos y Australia se habían opuesto firmemente a la transmisión en vivo por internet.

Proyectos financiados actualmente

Hasta la fecha, la Junta del FVC ha aprobado la financiación de proyectos por un total de 1 500 millones de dólares. La Junta aprobó un monto de 1,5 millones de dólares para Rwanda que constituyeron la primera subvención importante de la Junta en el marco del servicio de preparación de proyectos del FVC, un instrumento innovador de apoyo para las entidades acreditadas de los países en desarrollo para impulsar proyectos de alta calidad.  Entre los proyectos en tramitación del FVC figuran actualmente 22 proyectos públicos y privados para los que se solicita financiación del Fondo por un monto de más de 5 000 millones de dólares.

La Junta también tomó medidas para acelerar el desembolso de 11,2 millones de dólares de acuerdos de subvención que ya han sido firmados con 13 países en el marco del programa de apoyo a la preparación del FVC.

Se suponía que la secretaría del FVC, con sede en Songdo (República de Corea), debía ejecutar un programa de preparación por unos 30 millones de dólares (por un máximo de 1 millón por país y por año natural).  El programa de preparación debía apoyar en una fase temprana las actividades de preparación a fin de fomentar la participación de los países y el acceso a los recursos. Se prevé que al menos un 50 % de la financiación para la preparación de los países será destinado a apoyar a los países africanos, los PMA y PEID.

Esta ayuda habría contribuido sin duda a la presencia de un mayor número de entidades acreditadas de países en desarrollo, así como a consolidar una lista de proyectos en tramitación de países desarrollados. Sin embargo, aunque se han aprobado propuestas por 11 millones de dólares, aún no ha tenido lugar un desembolso de fondos significativo. Hasta la fecha de la reunión, como lo informó la secretaría, solo se habían desembolsado unos 300 000 dólares a cuatro países: Malí, las Islas Cook, Etiopía y Rwanda.

La lentitud de la ejecución de los proyectos de preparación y del desembolso de fondos es un problema grave para muchos miembros de la Junta provenientes de países en desarrollo. Esto es especialmente válido teniendo en cuenta la trayectoria actual del FVC en la presentación de proyectos que tiene lugar por medio de las mismas instituciones de siempre, a saber, los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y organismos de la ONU.

A muchos países en desarrollo y OSC les preocupa lo que consideran ser una trayectoria habitual del Fondo contraria a la descripción del FVC como un fondo innovador y de transformación dedicado a garantizar que los países en desarrollo tengan acceso simplificado y oportuno a los fondos que necesitan para emprender actividades de lucha contra el cambio climático y cumplir sus obligaciones en el marco de la CMNUCC, en particular, para la ejecución del Acuerdo de París y las decisiones conexas de la reunión sobre el clima de París.

Entidades asociadas

Se ha aprobado la asociación de 33 entidades con el FVC y la ejecución de sus proyectos y programas. Mientras que la aprobación de 20 de estas entidades tuvo lugar en 2015, durante la 12a reunión la Junta acreditó 13 nuevas entidades: cuatro entidades nacionales públicas, una entidad regional pública que solicita la acreditación en modalidad de acceso directo; dos entidades del sector privado y seis entidades públicas internacionales. Los países en desarrollo con entidades acreditadas son, a saber: Argentina, Etiopía, Marruecos y Sudáfrica.

Las OSC y algunos países en desarrollo han manifestado su preocupación en relación con la selección de las entidades acreditadas habituales y sus implicaciones para el acceso directo y el aumento del acceso directo. Les preocupa que el predominio de entidades como los organismos de Naciones Unidas y los BMD impida el progreso de las propias entidades nacionales acreditadas de los países en desarrollo. La lentitud en la ejecución del programa de prevención y un proceso que les dio a los BMD y a los organismos de Naciones Unidas, previamente acreditados ante fondos existentes como los Fondos de inversión en el clima (FIC) y el Fondo de Adaptación, acreditación rápida privilegiada, podrían poner en peligro el acceso directo.

Algunos países en desarrollo y las OSC en particular, están preocupados por la acreditación de bancos comerciales internacionales como el Deutsche Bank (2015) y el HSBC (2016), así como el European Investment Bank, Credit Agricole CIB, the International Finance Corporation (IFC) y entidades bilaterales como Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) Development Bank, que puede tener consecuencias negativas para la concesión de subvenciones y para el acceso de grupos comunitarios y de microempresas y pequeñas empresas.

Por consiguiente, es importante que los países en desarrollo tomen medidas para promover sus propias instituciones nacionales como entidades acreditadas ante el FVC a fin de garantizar la participación de los países. Igualmente importante es la creación de autoridades nacionales designadas (AND) de enlace con las entidades internacionales y con el Fondo.

Además de las áreas principales de políticas, asociaciones y proyectos, la Junta del FVC también adoptó decisiones sobre varias cuestiones de procedimiento, entre otras:

  • Aumentar el personal de la secretaría de 56 funcionarios permanentes hoy en día a 100 para finales de 2016 y 140 para finales de 2017.  Numerosos miembros de la Junta provenientes de países en desarrollo y observadores de la sociedad civil ante el Fondo esperan que un número significativo de estos funcionarios provengan de países en desarrollo.
  • Poner en práctica una política de divulgación de la información con miras a fomentar la transparencia y, en particular, prever la transmisión en vivo por internet de las futuras reuniones de la Junta del FVC antes mencionada y examinar su utilidad en 2017.

Además, el FVC comenzará pronto el proceso de selección de un nuevo director ejecutivo en vista de que la actual directora ejecutiva –y primer director ejecutivo del Fondo- Héla Cheikhrouhou de Túnez, no pedirá la renovación de su mandato de tres años, que finaliza en septiembre de 2016. Los países en desarrollo deberían comenzar a considerar los posibles candidatos cualificados de sus países y regiones.

Mariama Williams, administradora superior, Programa de Gobernanza Mundial para el Desarrollo (GGDP) del Centro del Sur.

 

 

 


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