South Bulletin 74 (5 de julio de 2013)

Los Estados de América Latina forman una coalición para afrontar los problemas relacionados con los acuerdos de inversión.

Los dirigentes de varios países latinoamericanos han formado una nueva coalición para coordinar sus acciones en respuesta al creciente número de demandas interpuestas por empresas transnacionales contra los Estados.

La idea de esta reunión surgió de la preocupación que suscitaban en los países los casos de demandas interpuestas por empresas transnacionales contra los Estados con base en TBI y tratados de libre comercio (TLC) que les permitían a estas empresas reclamar compensaciones por la pérdida de futuros beneficios debida, por ejemplo, a nuevas reglamentaciones gubernamentales o a la cancelación o enmienda de un contrato.

Artículos del South Bulletin 74 disponibles en español:

Los Estados de América Latina forman una coalición para afrontar los problemas relacionados con los acuerdos de inversión.

La amenaza de millonarias pérdidas económicas a las que están expuestos algunos Estados latinoamericanos por demandas interpuestas en virtud de tratados bilaterales de inversión (TBI), ha incitado a varios gobiernos a formar una coalición para hacer frente a los problemas relacionados con las empresas transnacionales y los TBI.


Por Martin Khor

Los dirigentes de varios países latinoamericanos han formado una nueva coalición para coordinar sus acciones en respuesta al creciente número de demandas interpuestas por empresas transnacionales contra los Estados.

En una Conferencia Ministerial que tuvo lugar en Guayaquil (Ecuador) los gobiernos de 12 países decidieron poner en marcha varias medidas conjuntas para defenderse de estas demandas, que podrían acarrear a los Estados la pérdida de millones o incluso miles de millones de dólares de los Estados Unidos en indemnizaciones.

«Los países pequeños ya no deberían tener que enfrentar las demandas de grandes compañías por sí mismos», afirmó Ricardo Patino, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador durante una conferencia de prensa que tuvo lugar después de la reunión presidida por él. «Ahora, hemos decidido lidiar con los retos planteados por estas empresas transnacionales de manera coordinada».

Siete de los países, representados en su mayoría por sus ministros de relaciones exteriores, comercio o finanzas, adoptaron una declaración en la que acuerdan formar una conferencia de Estados afectados por intereses transnacionales. Estos países son Bolivia (Estado Plurinacional de), Cuba, el Ecuador, Nicaragua, la República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Venezuela (República Bolivariana de).

Los representantes de otros cinco países (la Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras y México) también asistieron a la reunión y transmitirán sus resultados a sus respectivos gobiernos.

Los ministros decidieron constituir un comité ejecutivo, que inicialmente estará dirigido por el Ecuador, para coordinar acciones jurídicas y estratégicas como la transmisión de información sobre disputas judiciales que impliquen a los Estados, la defensa conjunta de acciones jurídicas y la difusión de información al público.

También acordaron constituir y poner en marcha un centro regional para la solución de controversias en materia de inversiones, que garantice reglas justas y equilibradas al momento de dirimir conflictos entre transnacionales y Estados.

El objetivo del Centro es constituir una alternativa a los tribunales internacionales existentes cuyas decisiones son consideradas sesgadas a favor de los intereses de los inversionistas.

Tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) (con sede en el Banco Mundial en Washington) han sido acusados de incurrir en conflictos de intereses. La mayoría de los casos son examinados por los mismos pocos jueces, muchos de los cuales también fungen de abogados de las compañías en otros casos, y algunos son miembros de las juntas de compañías transnacionales.

Los ministros decidieron crear también un «observatorio internacional» con el fin de supervisar y analizar el estado de los litigios en materia de inversiones; analizar y proponer mecanismos para la reforma de los tribunales arbitrales y mecanismos alternativos de intermediación para la resolución justa de los diferendos entre Estados y empresas transnacionales.

Este observatorio promovería asimismo la creación de mecanismos de coordinación y consulta mutua entre los sistemas judiciales de los Estados latinoamericanos, para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales nacionales relativas a disputas entre Estados y empresas transnacionales. También podría asesorar a los gobiernos en sus negociaciones con las empresas transnacionales, en particular en materia de contratos comerciales y de inversión.

La idea de esta reunión surgió de la preocupación que suscitaban en los países los casos de demandas interpuestas por empresas transnacionales contra los Estados con base en TBI y tratados de libre comercio (TLC) que les permitían a estas empresas reclamar compensaciones por la pérdida de futuros beneficios debida, por ejemplo, a nuevas reglamentaciones gubernamentales o a la cancelación o enmienda de un contrato.

Se han registrado más de 500 casos conocidos de inversionistas contra Estados, de los cuales 60 tuvieron lugar en 2012. Algunos países de la región como la Argentina, el Ecuador, México y Venezuela han debido hacer frente cada uno a 20 o 30 litigios en su contra.

La proliferación de casos en los últimos años también ha afectado a países en desarrollo de otras regiones como la India, Indonesia, Sudáfrica o Viet Nam , así como a numerosos países desarrollados.

La pérdida de confianza en estos tratados y en el sistema de arbitraje ha llevado a los gobiernos a tomar medidas como la suspensión de las negociaciones para nuevos tratados, la renegociación o rescisión de los tratados existentes, y la retirada de la jurisdicción del tribunal del CIADI.

Durante la reunión, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas Espinel, citó dos ejemplos de litigios contra su gobierno iniciados por parte de empresas petroleras en virtud de TBI, y las decisiones de los tribunales que, a su juicio, eran injustas e incluso indignantes.

En uno de los casos el Ecuador fue condenado a pagar una indemnización de 2.300 millones de dólares de los Estados Unidos (incluidos los intereses) a la empresa petrolera estadounidense Oxy, aun cuando los árbitros reconocieron que la compañía había violado los términos de su contrato con el gobierno.

Otros ministros y funcionarios también expusieron los casos de demandas interpuestas por inversionistas extranjeros contra sus países, y propusieron tomar medidas para evitar nuevos litigios o atenuar sus efectos.

En una nota de antecedentes sobre los motivos de la reunión se mencionaba el hecho de que los procedimientos de arbitraje y las demandas millonarias interpuestas por empresas europeas y estadounidenses contra un creciente número de Estados del Sur hayan aumentado considerablemente.

Estos costosos litigios, en la mayoría de los cuales se falló a favor de los inversionistas, no sólo afectan a la situación fiscal de los Estados sino que representan una amenaza considerable para sus jurisdicciones nacionales y su soberanía.

Según se afirma en la nota, este problema tuvo su origen en los años noventa cuando los países en desarrollo firmaron los TBI con la esperanza de atraer la inversión extranjera, pero las consecuencias negativas de estos tratados son ahora evidentes.

La segunda reunión de este nuevo grupo tendrá lugar en julio en Caracas.

Declaración de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales

Al concluir la Conferencia Ministerial celebrada en Guayaquil (Ecuador), siete países latinoamericanos acordaron suscribir la siguiente declaración para crear varias instituciones a fin de hacer frente a los problemas de los Estados afectados por intereses transnacionales.


Considerando que los países en desarrollo contamos con valiosos recursos que deben ser utilizados de forma sostenible para el desarrollo de nuestros pueblos. Que los Estados celebran contratos con empresas extranjeras, en una relación que debería ser de mutuo beneficio para los inversionistas y para nuestros pueblos. Que los recientes acontecimientos en diversos países de la región latinoamericana, relativos a disputas entre Estados y empresas transnacionales, han demostrado que persisten casos de fallos violatorios del derecho internacional y de la soberanía de los Estados, así como de su institucionalidad jurídica, debido al poder económico de ciertas empresas y a las deficiencias de los sistemas internacionales de solución de controversias en materia de inversiones, hechos que deben ser evaluados a profundidad por los Estados en espacios intergubernamentales establecidos para estos efectos.

Que existen diversos procesos en marcha de negociaciones bilaterales con empresas transnacionales que demandan de la asistencia solidaria entre los Estados de la región para llevar estos procesos a resultados que redunden en beneficio de los pueblos del Sur. ACUERDAN:

1. Expresar su solidaridad con aquellos países latinoamericanos que hayan estado, o estén en la actualidad, inmersos en litigios con compañías transnacionales en foros internacionales de arbitraje.

2. Apoyar la constitución y puesta en marcha de instancias regionales para la solución de controversias en materia de inversiones, que garanticen reglas justas y equilibradas al momento de dirimir conflictos entre transnacionales y Estados. Alentar a UNASUR en la aprobación del mecanismo regional actualmente en negociación y promover la inclusión de otros Estados latinoamericanos en dicho mecanismo.

3. Crear un Observatorio Internacional financiado con aportaciones de los Estados que, entre otros objetivos, 1) dé cuenta periódicamente del estado de los litigios internacionales en materia de inversiones, en instancias tanto regionales como globales; 2) identifique procedimientos para monitorear la acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones; 3) estudie, analice y proponga mecanismos para la reforma de dichas instancias arbitrales; 4) estudie, analice y apoye la creación de mecanismos alternativos de intermediación para la resolución justa, razonable y definitiva de los diferendos entre Estados y transnacionales; 5) se constituya en un foro de encuentro entre los distintos expertos en litigios internacionales en materia de inversiones que trabajan junto a los países del Sur; 6) promueva la creación de mecanismos de coordinación y consulta mutua entre los sistemas judiciales de los Estados latinoamericanos, para asegurar la vigencia de las decisiones judiciales nacionales relativas a disputas entre Estados y empresas transnacionales; 7) elabore un compendio de legislación, políticas y acuerdos comerciales y de inversión, relativo a los procesos de negociación entre Estados y transnacionales, para facilitar la adopción de estrategias conjuntas por parte de los Estados; 8) estudie, analice y proporcione a los Estados elementos técnicos, jurídicos y políticos para asegurar la plasmación efectiva de sus intereses en los contratos comerciales y de inversiones con empresas transnacionales; 9) establezca mecanismos de interlocución con movimientos sociales.

Se acuerda que la República del Ecuador, la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, de forma conjunta, presenten una propuesta de creación de dicho organismo en un plazo no superior a tres meses.

4. Proponer la aplicación de estos acuerdos en espacios de coordinación global de países del Sur, como el Grupo de los 77 más China, para buscar acuerdos globales en el seno de espacios multilaterales como la Organización de las NacionesUnidas, organismos de comercio mundial y financieros internacionales, con el objeto de visibilizar las ganancias y las ventajas de las empresas transnacionales en los países en desarrollo, el aporte que brindan al desarrollo y, a la vez, los posibles abusos en sus relaciones con los Estados.

5. Constituir el Comité Ejecutivo de la Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales, cuya función será la de diseñar y ejecutar acciones de apoyo mutuo en los ámbitos político y jurídico, entre otras, 1) transmitir información urgente y puntual sobre disputas judiciales que impliquen a alguno de los Estados firmantes, en la forma de alertas tempranas; 2) coordinar la defensa conjunta de acciones jurídicas, a través de equipos legales internacionales de expertos y abogados profesionales; 3) establecer canales de interlocución permanentes con los movimientos sociales; 4) diseñar estrategias de comunicación, como contrapeso a las campañas globales emprendidas por las compañías transnacionales, para la difusión de los aspectos legales, técnicos y políticos de los casos planteados, así como las motivaciones de los Estados. Inicialmente, se encarga al Ecuador la coordinación de este Comité.

Este Comité debe reunirse en un plazo no superior acuatro semanas, en la ciudad de Caracas, Venezuela.


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